El principal problema del Macrotúnel es que no tiene proyecto ejecutivo: profesionistas

*La obra nunca fue socializada con los vecinos para minimizar las inconformidades, coinciden el coordinador del Consejo de Urbanismo Municipal y el vicepresidente del Consejo Ciudadano

Mariana Labastida

El coordinador del Consejo de Urbanismo Municipal, Francisco Cabrera Betancourt, y el vicepresidente del Consejo Ciudadano, José Ángel Nucico Casarrubias, coincidieron en que el principal problema de la obra del Macrotúnel es que no tiene proyecto ejecutivo y no fue socializada para minimizar las inconformidades de los vecinos.
Ambos, arquitecto e ingeniero respectivamente, expusieron que en conjunto hicieron un escrito que enviaron a las autoridades con las observaciones técnicas que se ven de la obra y los pasos elevados que están a la salida del túnel.
Consultado vía telefónica en relación al riesgo que expusieron las autoridades del estado que existe de que se colapse el túnel ubicado del lado de la carretera Cayaco-Puerto Marqués, si no se extrae el agua que se filtra, el coordinador del Consejo de Urbanismo Municipal dijo que es latente que el terreno se reblandezca por las lluvias y pueda haber deslaves al interior del túnel.
Cabrera Betancourt expuso que hay “males de origen” como el hecho de que no se tenga un proyecto ejecutivo del Macrotúnel, ni haya especificaciones de la construcción, además de que no se prevean las posibles afectaciones y las acciones para mitigar daños.
El arquitecto precisó que no puede tener una opinión de cómo se hace el túnel porque no han tenido acceso, y que no tiene tampoco la opinión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que debe de intervenir por los escurrimientos de agua, y saber qué manejo se les dará si es que son parte de un manto freático.
Informó que los Consejos Consultivo, Urbanismo y Ciudadano lograron tener información de la obra del Macrotúnel porque exigieron una reunión con el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jesús Hernández; el proyectista que se contrató para hacer la propuesta técnica del túnel y el director de Cicaeg, Martín Vega.
“No salieron bien parados porque nos mostraron información que ya hemos visto, como de juego, no de soluciones técnicas. La información es que no tienen información, el problema es que no tienen el proyecto ejecutivo del túnel”, señaló.
Francisco Cabrera recordó que antes de la reunión con las autoridades entregaron un diagnóstico de las deficiencias que veían en la obra y sugerencias para resolver el problema, debido a que dejar inbconclusa la construcción costaría, según dijo el arquitecto, entre 700 millones y mil millones de pesos.
Insistió en que no hay una proyección correcta de los pasos elevados a la salida del túnel en ambos lados del mismo.
Cabrera Betancourt enfatizó que todas las obras de mitigación, reducción de efectos y daños de la misma tuvieron que haber sido considerados por los constructores, y que tampoco se socializó el proyecto para tener la anuencia de los vecinos lo que incrementó las inconformidades. Esto tras los daños que denunciaron los propietarios del fraccionamiento Joyas de Brisamar, y de los que funcionarios del estado les dijeron que no les pagarán y los hicieron responsables de lo que pase si no permiten que se refuerce el talud de tierra sobre el que están las casas.
Por su parte, el vicepresidente del Consejo Ciudadano, José Ángel Nucico Casarrubias, indicó que en toda obra debe de haber un resarcimiento del daño causado durante la realización de la misma.
“Desgraciadamente aquí hicieron las cosas al revés, empezaron a hacer la obra sin proyecto y después quieren hacer la consulta ciudadana posterior. Las propiedades de Joyas de Brisamar están afectadas físicamente y en el entorno social, pero no hay voluntad de hacer las cosas lo mejor posible, apegarse a la norma, las autoridades siguen pensando que lo que están haciendo es una buen negocio pero una mala obra”, alertó.
Nucico Casarrubias reiteró que las autoridades no han dado a conocer el proyecto ejecutivo, que los videos que presentan son “muy ligeros”, y recordó que no tienen licencia de construcción, que han sido tolerados por el municipio.
El ingeniero explicó que la ley no prevé ninguna sanción para quien actúe de la manera en que lo hacen el gobierno del estado y la constructora ICA encargada de la obra del Macrotúnel, y en eso se escudan, “las leyes siempre son en contra de los ciudadanos y las autoridades son juez y parte”.
El miércoles pasado, el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, alertó de los riesgos de colapso del túnel después de que ejidatarios de El Cayaco, que mantienen un plantón desde noviembre exigiendo el pago de tierras al gobierno del estado, no permitieron que entre personal de la Secretaría de Protección Civil a supervisar la misma.
Indicó que se debe de bombear el agua que suponen se está cumulando en el interior, por el escurrimiento que hay en la salida del túnel del lado de Llano Largo.