No obliga el fallo de la Corte a los estados a cambiar leyes sobre el matrimonio: obispos

*Para la Iglesia, el matrimonio entre un hombre y una mujer tiene “una validez de ley natural”, argumenta el arzobispo Carlos Garfias

Mariana Labastida

Los obispos de Guerrero indicaron que no existe obligación jurídica alguna para las entidades federativas para modificar su legislación, en respuesta a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señaló como anticonstitucional cualquier ley que prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Y en respuesta a reporteros, sobre la validez de las 20 bodas entre parejas del mismo sexo que encabezó el pasado viernes en Acapulco el gobernador Rogelio Ortega, el arzobispo Carlos Garfias puntualizó que serán los expertos en jurisprudencia quienes tendrán que definir si son válidas o no.
“Definitivamente estos matrimonios no son matrimonios, son uniones consensuales, igualitarias, y en su momento podrán tener el respaldo, pero yo creo que esta circunstancia de poderles dar el apoyo a estas uniones, no es una ocasión para menospreciar el matrimonio tradicional como institución social, y en dado caso, desde la Iglesia, como sacramento e institución tiene una validez de ley natural”, manifestó el prelado católico.

En un comunicado firmado por los cuatro obispos, indican que el Estado regula sobre la materia matrimonial, no en virtud de legitimidad jurídica o moral de tal o cual tendencia sexual. Así como que la función de la ley debe de ser reconocer y proteger al matrimonio entre un hombre y una mujer, establecida por mutuo consentimiento hacía un bien común de los cónyuges y de los hijos que tengan como institución social.
En conferencia de prensa, el arzobispo de Acapulco Carlos Garfias compartió el comunicado que emitió el pasado jueves la Provincia Eclesiástica de Acapulco, firmado por los obispos de Guerrero: de Tlapa Dagoberto Sosa Arriaga; de Ciudad Altamirano, Maximo Martínez Miranda; el administrador Apostólico de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala Castro, y por él mismo.
En el documento, dirigido a las comunidades diocesanas, agentes de pastoral y hombres y mujeres de buena voluntad, se exponen las reflexiones hechas por obispos sobre las uniones consensuales, luego de la iniciativa que envió el gobernador Rogelio Ortega Martínez al Congreso local, para redefinir la institución jurídica de matrimonio, para que lo puedan formalizar personas del mismo sexo. Para cumplir con las jurisprudencias 46/2015 y 43/2015, emitidas por la SCJN que declaran inconstitucionales las leyes que definen al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.
Al respecto, los obispos puntualizaron que en la Constitución, como en la Ley de Amparo, se establece que la obligatoriedad de la jurisprudencia es sólo para los tribunales, que no existe “obligación jurídica” de los estados para modificar su legislación en materia de matrimonio.
“Con base en el principio de división de poderes y el sistema federal de nuestro país, corresponde ahora al Poder Legislativo del estado de Guerrero determinar, partiendo de sus costumbres, valores y legislación vigente, analizar la viabilidad de acoger los criterios de jurisprudencia 43/2015 y 46/2015”.
En el texto se indica que el Estado regula sobre la materia matrimonial, no en virtud de la legitimidad jurídica o moral de tal o cual tendencia sexual, sino “en función de los efectos potencialmente procreativos de la unión entre varón y mujer, el bienestar de los niños que pueden nacer como fruto (natural) de dicha relación y la importancia que todo ello tiene para el buen orden de la sociedad”.
Explican que el matrimonio es una institución humana y social “básica”, que “realiza una contribución insustituible para el bien común de la sociedad”, y la Iglesia enseña que tiene “su origen, naturaleza y propósito en Dios mismo”.
“El matrimonio es una alianza que abarca la totalidad de la vida entre un hombre y una mujer, establecida por mutuo consentimiento, ordenada hacia el bien común de los cónyuges y de los hijos que pueden llegar nacer, como fruto de dicha unión, por lo tanto, no queda al arbitrio del hombre alterar su significado y estructura básica. La función de la ley debe ser el reconocerlo y protegerlo como institución social”, se enfatiza.