Solicita ONG y una viuda de El Charco a la Sedena los expedientes de la investigación

*Asimismo, demanda al gobierno mexicano que responda en tiempo y forma, “y no solicite ampliación” al plazo fijado por la CIDH de tres meses para rendir un informe

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad y una de las viudas de la masacre de El Charco, Eustolia Castro Ramírez, solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que entregue los expedientes relacionados con la investigación de esa masacre, como lo pidió el 20 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que tomó conocimiento del caso para la reapertura de la investigación.
En un escrito enviado mediante la Red, la viuda pide a la Sedena que entregue al obispo José Raúl Vera López y al equipo coordinador de la Red Solidaria, por internet, la versión pública de la averiguación previa IXRM/14/98, de la Procuraduría General de Justicia Militar en la IX Zona Militar, relacionada con los hechos del 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres.
También solicitan la versión pública del oficio DH/24507, del 22 de septiembre de 2000, remitido por la Procuraduría de Justicia Militar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que se adjuntó el documento en materia de táctica militar aplicada a la Masacre de El Charco, dice el escrito.
Particularmente, Eustolia Castro Ramírez expresa en el texto, del que se responsabiliza, que ante el olvido e impunidad con que el gobierno mexicano ha actuado en esta masacre, “hemos levantado la voz mediante nuestros representantes que son el obispo José Raúl Vera López y el equipo coordinador de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que el pasado 20 de mayo emplaza al gobierno mexicano a rendir un informe sobre estos hechos en un lapso máximo de tres meses”.
Y con base en la intervención de la CIDH, demanda al gobierno mexicano que dé su respuesta en tiempo y forma, “y no solicite ampliación del término”.
Eustolia Castro Ramírez y la Red se quejan de que, a 17 años de la Masacre, han quedado en la impunidad los graves abusos del Ejército mexicano.
Recuerdan que en esos acontecimientos, las fuerzas armadas privaron de la vida a 11 personas, aprehendieron a una treintena y perpetraron diversos delitos para alterar la escena y retirar del lugar donde ocurrieron los hechos diversos objetos que constituían evidencia, lo que entorpeció las investigaciones posteriores.
“La justificación de los mandos del Ejército fue que los elementos actuaron en legítima defensa ante la presencia de un grupo subversivo armado que comenzó la agresión”.
Dicen que, hasta ahora se han mantenido en el olvido graves violaciones a los derechos humanos, como el hecho de que los detenidos fueron puestos de manera inmediata por integrantes del Ejército a disposición del Ministerio Público Militar, trasladándolos de la comunidad de El Charco al 48 Batallón de Infantería, y posteriormente a la Novena Región Militar, donde los interrogaron.
Agregan que también quedaron en la impunidad las ejecuciones de 10 indígenas y un estudiante de la UNAM, las torturas físicas y psicológicas, y la incomunicación y el hostigamiento denunciados por los sobrevivientes detenidos.
“Nuestros compañeros indígenas y el estudiante universitario que fueron ejecutados extrajudicialmente por el Ejército, no formaban parte de un grupo rebelde, pero aún si hubieran sido, se habían rendido y estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales que se han mantenido en la impunidad durante estos 17 años”, dice el documento.
Señalan que han sido responsabilizados de estos hechos el general Alfredo Oropeza Garnica, entonces comandante de la 27 Zona Militar, y el comandante al mando de la Novena Zona Militar Luis Humberto López Portillo Leal, “quién también fue señalado públicamente en el año 2004, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, como responsable de haber ordenado la ejecución de cuando menos 5 de sus combatientes y que sus órdenes eran las de no tomar prisioneros y matar a todos sin importar si estaban armados o no, en el levantamiento armado del EZLN en enero de 1994”.
En otra parte del escrito, piden que en el contexto de la entrega (de la administración estatal), “por parte de un gobierno interino insensible a los derechos humanos y a las víctimas”, el próximo gobernador Héctor Astudillo Flores, “manifieste públicamente su postura ante las víctimas de la masacre de El Charco”.