Ordena el Congreso una auditoría al IEPC por denuncias de altos salarios y gastos excesivos

*La propuesta de hacer una revisión “integral” a las finanzas del organismo electoral fue de la Comisión de Gobierno

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Por las quejas de falta de recursos y por las diversas denuncias públicas de “nepotismo, altos salarios, plazas duplicadas, de nueva creación, gastos excesivos y demás”, los diputados del Congreso del estado ordenaron ayer a la Auditoría General del Estado (AGE) que realice una “auditoria integral” al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Esa auditoría “integral” abarcará los recursos públicos asignados al IEPC durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015.
Una vez que la AGE inicie la auditoría al IEPC, se le instruyó que informe de sus avances y dé a conocer los resultados a la Comisión de Vigilancia y Evaluación, propuso en su adición la diputada priista Alicia Zamora Villalva, que además es presidenta de ese órgano legislativo.
La propuesta de punto de acuerdo fue presentado por la Comisión de Gobierno y leída en tribuna por el vocal y coordinador parlamentario del MC, Oliver Quiroz Vélez.
En su escrito, la Comisión de Gobierno recordó que en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se le asignaron al IEPC recursos por la cantidad de 392 millones 589 mil 100 pesos, cifra que según los consejeros electorales “eran insuficientes para cubrir todas las etapas del proceso electoral local 2014-2015”.
Siguen recordando en el escrito que contra el decreto aprobado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-2695/2014, ordenó que se asignaran los recursos suficientes para el financiamiento público a los partidos políticos en el proceso electoral.
Y que en atención a esa resolución, se autorizó al Ejecutivo del estado realizara las adecuaciones presupuestarias correspondientes para una ampliación presupuestal, por la cantidad de 56 millones 169 mil 404 pesos, correspondiente al financiamiento público a partidos políticos en el proceso electoral.
Asimismo, indica el punto de acuerdo que durante el proceso electoral en el que el IEPC llevó a cabo la preparación y organización de las elecciones, se hicieron del conocimiento general a través de los medios de comunicación “un sinnúmero de declaraciones del Consejo General, de la presidenta y de los consejeros electorales, así como de los representantes de los partidos políticos, que no se le otorgaron los recursos suficientes para desempeñar sus funciones en el proceso electoral 2014-2015”.
Por lo anterior, los diputados de la Comisión de Gobierno exponen en su punto de acuerdo que “también es un hecho conocido que el gobierno del estado y el federal, otorgaron recursos adicionales a través de ampliaciones presupuestales, recursos en especie o apoyos extraordinarios a dicho órgano electoral, sin que a la fecha se conozcan montos reales de las asignaciones presupuestales ya sean extraordinarias, ampliaciones o entrega en especie, según sea el caso”.
Y rematan su argumentación puntualizando que además hubo diversas denuncias publicas de “nepotismo, altos salarios, plazas duplicadas, de nueva creación, gastos excesivos y demás”.
Por ello, indican que es necesario que la Auditoría General del Estado lleve a cabo una revisión y auditoría integral a los recursos asignados durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015 al IEPC, para que “una vez conocido los resultados, esta soberanía apruebe lo conducente”.
Luego el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad y sin discusión.
La Comisión de Gobierno la integran, como presidente, el diputado coordinador del PRD, Bernardo Ortega Jiménez; y como secretario, el coordinador del PRI, Héctor Apreza Patrón; como vocales, Delfina Concepción Oliva Hernández, del PAN; Oliver Quiroz Vélez, del MC; Karen Castrejón Trujillo, del PVEM; Jorge Salazar Marchán, del PT, y Emiliano Díaz Román, del Panal.
Con base en la nómina del IEPC, el 18 de junio pasado se publicó en estas páginas que la presidenta de ese organismo, Marisela Reyes Reyes se asignó un salario de 212 mil 930 pesos mensuales, lo que da un total de 2 millones 555 mil 160 pesos anuales
En otros asuntos, los diputados aprobaron al diputado del PRD, Tomás Hernández Palma, exhortar al Fiscal General del Estado, Miguel Angel Godínez Muñoz, a que se le otorgue el nivel de Agencia del Ministerio Público a la oficina auxiliar ubicada en su pueblo, el municipio de San Marcos, en la región de la Costa Chica.
Los diputados aprobaron además el dictamen por el cual rechazan la petición de los municipios de Arcelia, en Tierra Caliente, y Florencio Villarreal, de la Costa Chica, solicitar préstamos a la banca porque no deja claro en qué los van a ocupar.
Y se turnó a la Comisión de Gobierno un escrito enviado por el representante de Morena ante el IEPC, por el cual pide al Congreso local designar al contralor interno de ese órgano electoral.