En octubre se aplicarán los juicios orales en Chilpancingo y en un año en todo el estado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio se aplicará al cien por ciento en el estado hasta julio del año próximo, pero a partir de octubre próximo se pondrá en marcha en Chilpancingo, informó ayer en conferencia de prensa la secretaria ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia, y vocera en Guerrero y enlace de la delegación estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Anacleta López Vega.
Guerrero es una de las 16 entidades del país en que este sistema se está aplicando parcialmente.
En la conferencia de prensa de ayer, la abogada, quien fue acompañada por el asesor de la Secretaría General de Gobierno, José Ramón González Chávez, informó que en la entidad el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que comenzó a implementarse tras las reformas a la Constitución General de la República del 18 de junio del 2008, se está implementando en la Zona Norte con 16 municipios; en la Costa Grande con 10 municipios y en la Costa Chica con 15 municipios.
Informó que el 5 de agosto comenzará a implementarse en Tlapa, para 17 municipios de la región de la Montaña, y el 8 de octubre comenzará a funcionar en Chilpancingo para los 14 municipios de la zona Centro de la entidad.
Informó, sin embargo que en Guerrero estará funcionando al cien por ciento para julio del próximo año.
El nuevo Sistema de Justicia Penal comenzó a funcionar en Guerrero en octubre del 2014 en Iguala, pero a 10 meses no se han dado a conocer los resultados, cuántos casos se han resuelto y a los que se han dado prioridad.
Consultada ayer al respecto, la funcionaria dijo que no contaba con los datos y ofreció proporcionarlos en una próxima conferencia “para no especular”.
Otro reportero preguntó las causas de que Guerrero sea una de las entidades que presenta un mayor rezago en cuanto a infraestructura para la implementación de este Nuevo Sistema de Justicia Penal, y la funcionaria informó que existen recursos autorizados para aplicarse este año en 38 proyectos aprobados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación (SETEC) para la implementación del Sistema de Justicia Penal, sin embargo no informó a cuánto ascienden estos recursos y qué tipo de obras se realizarán.
Sólo dijo que se incluirá la construcción de las ciudades judiciales de Acapulco, y Tierra Caliente, “y otros inmuebles más para la Fiscalía, y la Secretaría de Seguridad Pública”.
Sin datos precisos de los resultados en los lugares que ya está funcionando y de qué es lo que falta para que funcione al 100 por ciento en la entidad, la funcionaria celebró sin embargo que con la implementación de este nuevo Sistema de Justicia “se terminan 100 años de justicia inquisitoria, porque a partir de ahora se tiene que acreditar la responsabilidad de un delito, con un proceso justo en el que participará el imputado, el defensor, la víctima y el ministerio público”.
Explicó que con ello habrá en Guerrero, una cultura de la defensa de los derechos humanos y de la legalidad.
“Ahora las autoridades tendrán que cambiar su forma de ser y de pensar. Quien acuse, lo hará frente a todos, para que el acusado se pueda defender. El procedimiento ya no durará 2, 3 o 4 años, sino solamente 40 minutos, por eso los encargados de impartir justicia, deberán estar capacitados para garantizar la oralidad”, dijo.
Agregó que otro de los beneficios es la velocidad de los procesos, pues explicó que la primera audiencia no durará más de 40 minutos. Posteriormente habrá una parte intermedia para el descargo de pruebas, por el mismo periodo de tiempo, y en tres días podría emitirse la resolución, “ya no será de meses y hasta cinco años como sucede ahora”, dijo.
Explicó que ahora se va a firmar un convenio entre las partes, y que la víctima podrá oponerse a que lo represente el Ministerio Público, “y el gobierno deberá asignarle un asesor jurídico”.
Añadió que en los casos por delitos menores lo que se priorizará será la conciliación, mediación y la conciliación entre las partes para evitar que la víctima vaya directamente al reclusorio, sino que, a través del convenio, el acusado podrá reparar el daño.
“Por lo pronto al imputado no se le tratará como delincuente, y se garantizará que no haya interpretaciones erróneas, preservando el debido proceso y garantizando los derechos humanos”, dijo.