Cierran familiares de presos de la CRAC la Codehum; demandan que se revisen las averiguaciones previas

Cierran familiares de presos de la CRAC la Codehum; que se revisen las averiguaciones previas, demandan

*Entran unos 50 manifestantes al edificio en Chilpancingo, lo desalojan y acusan de omisión al presidente del organismo, Ramón Navarrete, porque incumplió un acuerdo de apoyo a los policías comunitarios

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Familiares del promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina Gonzalez, cerraron las oficinas de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para exigir la revisión de todas averiguaciones previas de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) presos.
Urgieron al organismo pedir la libertad del policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Galvez, preso por portación de una escopeta 30-30, propiedad de la comunidad a la que brindaba servicio honorario, quien fue detenido por soldados cuando acudió a una operación de apoyo que solicitó a la CRAC el síndico procurador de Cochoapa El Grande.
Mencionaron que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, suma nueve averiguaciones previas, y Molina Gonzalez seis.
Ramírez Gálvez fue detenido hace un año nueve meses entre 12 policías comunitarios de Zitlatepec, cuatro de ellos llevaban armas de fuego pero sólo Ramírez Gálvez que recién había cumplido 18 años, no alcanzó libertad bajo fianza porque la vieja arma fue clasificada por una juez como de uso exclusivo del Ejército.
Su madre, Beatriz Galvez Macario, indígena na savi denunció junto a los familiares de Molina, que delincuentes capturados con fusiles de asalto, conocidos como cuernos de chivo, salen en libertad de inmediato con el pago de una fianza, mientras su hijo que tiene un nombramiento de policía comunitario y llevaba un arma de la comunidad, sigue en la prisión de Chilpancingo, y los jueces lo tienen consignado como pandillero.
Los manifestantes denunciaron que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno se comprometió el 3 de junio con los familiares de Gonzalo Molina a enviar por escrito a los poderes Ejecutivo y Judicial, y en particular al fiscal general Miguel Ángel Godínez Muñoz, una petición para que reconozcan la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, y otorguen la libertad a los presos de la CRAC.
Ayer al mediodía unas 50 personas con una bocina entraron al edificio y pidieron a los trabajadores que desalojaran el lugar, y acusaron de omisión a Navarrete Magdaleno, porque incumplió el acuerdo en apoyo a los policías comunitarios.
Media hora después dialogaron afuera del edificio con funcionarios que pidieron conocer sus demandas, los nombres, la situación y los juzgados en que están los casos de los presos políticos, porque dijeron que sólo tenían antecedentes del caso de Molina Gonzalez y de Nestora Salgado García.
Eso ocasionó reclamos de los activistas, ante las violaciones a los derechos de los luchadores sociales. No obstante, la señora Beatriz, coordinadora de la Policía Comunitaria de Zitlaltepec, explicó que su hijo se integró como policía comunitario a los 17 años de edad, porque desde los 15 años en su pueblo los jóvenes dan servicio comunitario.
Para atender la demanda de Samuel, la contralora general, Violeta Parra Reynada pidió ver el expediente para darle seguimiento y tenga acceso a un juicio justo, pero aclararon que siendo un proceso judicial no pueden intervenir en la decisión del juez.
Hubo acciones simultáneas en organismos de derechos humanos de Oaxaca, Chiapas, Puebla y el Distrito Federal, en demanda de la libertad de los presos políticos en el país, informó la luchadora social y consejera de la Policía Comunitaria en Tixtla, Roberta Campos.
Adelantó que la toma de ayer fue provisional, pero si el organismos no alza la voz ante las injusticias, el 21 de agosto, fecha de la detención de consejeros, policías y el coordinador de la Policía Comunitaria de El Paraíso en Ayutla hace dos años, así como de Salgado García, la toma del edificio será permanente y lo constituirán en un centro de reeducación comunitaria.
La Codehum pide respeto a
la organización de los pueblos

Más tarde, Navarrete Magdaleno se reunió con los inconformes y emitió el comunicado a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el gobernador Rogelio Ortega Martínez y el fiscal del estado, para que agilicen los procesos penales y las peticiones de pleno respeto a sus derechos humanos.
En cuanto a la autodeterminación de los pueblos, indicó que la Constitución reconoce a las comunidades indígenas y a los mexicanos en general el derecho a organizarse de manera pacífica para hacer valer sus derechos, y en la la lucha de los derechos humanos “establece su derecho un juicio expedito, justo e imparcial”.
Se pronunció en favor de Molina Gonzalez y llamó a las autoridades de Guerrero a que interceda por la vía legal ante la autoridad judicial de la Federación, para que se garanticen los derechos de los detenidos:
Molina Gonzalez, Salgado García, Ramírez Gálvez, y los presos de Ayutla, Bernardino García Francisco, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Angel García García y Arturo Campos Herrera, todos integrantes de la CRAC.