Pide Bernardo Ortega a familiares de presos datos que la Fiscalía le niega al Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En una reunión, el diputado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, solicitó a los familiares de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detenidos, las fichas técnicas de cada caso para analizarlos de manera individual, porque la Fiscalía General del Estado no se las proporciona al Poder Legislativo.
La consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Roberta Campos, comentó que a solicitud de los diputados les entregarán fichas técnicas de cada uno de los coordinadores de la CRAC detenidos y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Explicó que las realizarán con ayuda de los abogados de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para determinar quiénes pueden ser beneficiados con la ley de amnistía.
La coordinadora de la casa de justicia de Ziltlaltépec en Metlatónoc, Beatriz Gálvez Macario, madre de Samuel Ramírez Gálvez, detenido por portación de una “arma de alto calibre”, estuvo en la reunión donde Ortega Jiménez le dijo que ni con la ley de amnistía lograrían la libertad de su hijo, un policía comunitario.
Comentó que al parecer los diputados tienen la intención de “ayudar” con la aprobación de la ley de amnistía, con la que se pretende conseguir la liberación de presos políticos.
Sin embargo, Bernardo Ortega se justificó ante los familiares por la lentitud en el proceso, porque les dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no les ha entregado la información que solicitaron, en referencia a la información y expedientes para conocer el estado legal de cada uno de los detenidos.
En el caso se su hijo Samuel Ramírez Gálvez, el diputado perredista le dijo que el Congreso local no podía hacer mucho o comprometerse a su liberación, debido a que está preso por portación de arma de uso exclusivo del Ejercito, como todavía se le considera a la carabina 30/30 a pesar de que se trata de una arma vieja de bajo calibre.
Samuel Ramírez, de 17 años de edad, tenía una licencia de portación de arma que le otorgaron cuatro coordinadores regionales de la CRAC, y en el documento está la matricula del arma que es el 21062160, marca Marlín modelo 336 fabricada en Estados Unidos, que es propiedad de la comunidad de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
Ortega Jiménez les recomendó en ese caso acudir al juzgado séptimo para solicitar un careo con el denunciante, que es el síndico de Cochoapa el Grande, lo más pronto posible, porque ese caso está en una etapa de conclusión en la que sólo faltan dos careos para que se cierre la instrucción y dictar una sentencia del orden federal.
También estuvo el padre de Samuel Ramírez, Raúl Ramírez Onofre, la esposa del coordinador de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato Vázquez, y la luchadora social y consejera de la Policía Comunitaria en Tixtla, Roberta Campos.
Roberta Campos insistió en que el fondo es que las autoridades estatales y federales no respetan los derechos de los pueblos originarios y su autonomía para tener sus propias autoridades y sistema de seguridad y justicia consagrados en la ley 701 que aprobó el Congreso local.
Y ejemplificó con el caso del joven detenido que contaba con un permiso de las autoridades comunitarias para portar el arma que pertenece a la comunidad y que las autoridades federales consideran inválido.
A los familiares de los policías comunitarios los acompañó el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, a quien el martes acusaron durante una manifestación en las oficinas del órgano de omisión por no cumplir el acuerdo de acompañarlos en sus demandas como se comprometió el 3 de junio.
Comentó que planteó al presidente de la Comisión de Gobierno que se individualicen algunos casos, “para que no sea una ley de amnistía a ciegas, se puede estar beneficiando a gente que no se deba, que tenga delitos realmente del orden común, que no tenga que ver con estos temas”.
El diputado y el presidente de la Codehum les recomendaron también a los familiares buscar un acercamiento con el fiscal Miguel Ángel Godínez y el gobernador  Rogelio Ortega Martínez, para que la fiscalía proporcione la información requerida por el Congreso.