Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Washington, “increíblemente decepcionado”

El educado y diplomático fraseo utilizado por Roberta Jacobson el miércoles durante su presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense no ocultó sin embargo el gran enojo que la fuga de Joaquín Guzmán Loera provocó en el gobierno de Estados Unidos. “Estamos increíblemente frustrados y decepcionados por el escape de El Chapo”, dijo, y “obviamente apoyaremos al gobierno mexicano para recapturarlo tan rápido como sea posible”.
Jacobson, subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, estaba ahí para ser examinada por los senadores acerca de su nombramiento como próxima embajadora en México, pero las circunstancias convirtieron su comparecencia en un análisis de las implicaciones que la fuga de El Chapo tiene para Estados Unidos.
Desde la perspectiva de Washington, el tema de fondo es la extradición del jefe del cártel de Sinaloa para ser juzgado en aquel país, y sin precisarlo explícitamente, Roberta Jacobson dejó suficientemente establecido que Estados Unidos sí solicitó al gobierno de México la entrega de Guzmán Loera. “Estados Unidos siempre está interesado en la extradición de sospechosos criminales que enfrentan cargos en Estados Unidos, y El Chapo Guzmán enfrenta estos cargos. No puedo entrar en mayores detalles”, dijo la futura embajadora. Añadió que “no puedo decir las razones exactas de los tiempos sobre la posible o real solicitud de extradición de El Chapo Guzmán”. Es decir, sí.
La explicación que se encuentra detrás del enojo de Washington es que se había entablado una carrera entre El Chapo Guzmán y el gobierno estadunidense con motivo de su extradición. Carrera que el capo sinaloense le ganó a Estados Unidos.
De acuerdo con información publicada esta semana y poco antes de que se produjera la fuga, el gobierno de Estados Unidos se disponía a solicitar oficialmente al de México la extradición de Guzmán, y aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo no haber recibido aún esa petición, el temor a ser enviado a una cárcel estadunidense habría sido el mayor incentivo del capo para fugarse. Eran seis las solicitudes que Washington se proponía presentar –en cualquier momento ya– por 35 cargos de lavado de dinero, tráfico de cocaína y mariguana y asociación delictuosa. (“Escapó el Chapo de extradición”, Reforma, 14 de julio de 2015)
Es evidente ahora que impedir su extradición a Estados Unidos era el principal objetivo del Chapo Guzmán, pues a ello estuvo dedicado todo el tiempo que permaneció preso. En enero de este año interpuso dos amparos para evitar su entrega a Estados Unidos, y si no procedieron fue porque Relaciones Exteriores informó al juez que no existía ninguna solicitud del gobierno estadunidense en ese sentido. De todos modos, los amparos servían al Chapo Guzmán para estar informado sobre los pasos oficiales que se daban para su extradición. Es posible que una nota publicada doce días antes de la fuga haya acelerado los planes del capo, pues en ella se dio a conocer que el gobierno estadunidense ahora sí estaba a punto de entregar a México la solicitud oficial de extradición. (“Apuntan en EU contra el Chapo”, Reforma, 29 de junio de 2015)
De ahí la frustración del gobierno de Estados Unidos, que reacciona como si El Chapo se hubiera escapado de sus manos, y de ahí que la DEA participe en su búsqueda con un celo parecido al que aplicó contra Rafael Caro Quintero hace treinta años para vengar el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.
En un artículo periodístico, Enrique Berruga Filloy ofreció ayer una idea de la profundidad que alcanza la “frustración” del gobierno estadunidense por la fuga de El Chapo. “Por el túnel de Almoloya no solamente se fugó el reo más famoso del país; está saliendo también una avalancha de críticas y reclamos que nos tenía reservada Estados Unidos desde que la administración Peña Nieto decidió aplicar la política de ‘ventanilla única’ en la cooperación bilateral contra el crimen organizado”, escribió con mucho conocimiento de causa el ex subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. Añadió: “En un ejercicio al que suelen recurrir las agencias norteamericanas, ‘fuentes anónimas’ están ofreciendo la verdadera percepción que tienen de sus contrapartes mexicanas. De entrada les parece que el mecanismo de ventanilla única simplemente no funciona, ya que resulta más fácil para los grupos delincuenciales corromper o intervenir las comunicaciones de unos cuantos en Gobernación, que no saber si el operativo va a llegarles de parte de la Marina, del Ejército o de alguna otra corporación. Pero más allá de las posibles filtraciones, desde hace algunos años Estados Unidos ha dejado en claro que confía más en algunas instituciones, como es el caso de la Marina, que en otras más vulnerables, para compartir información delicada. Esa posibilidad quedó cancelada por parte del gobierno mexicano, ante lo cual, los norteamericanos optaron por guardarse información que no se sienten confiados en compartir. Más aún. Con motivo de la fuga del Chapo, en Washington ahora se quejan abiertamente que han aportado datos relevantes para desmantelar organizaciones criminales y que las autoridades mexicanas no han actuado. Afirman que no están dispuestos a arriesgar la vida, infiltrando a las bandas criminales, para que después no haya operativos ni consecuencias. Sobra decir que la crítica generalizada gravita sobre la decisión del gobierno de México de negar en su momento la extradición de este personaje, con lo cual –a su juicio– se habría evitado la fuga y, más importante todavía, que desde el reclusorio se siguiera manejando el imperio del cártel criminal”. (Enrique Berruga Filloy, “La furia de Washington”, El Universal, 16 de julio de 2015)
Por todo lo anterior, a la crisis de seguridad que ocasionó la fuga de El Chapo, debe sumarse la intensa presión que ejerce Estados Unidos ahora sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, presión que la futura embajadora Roberta Jacobson apenas disimuló con la frase “estamos increíblemente frustrados y decepcionados”. Burlado y humillado por El Chapo Guzmán, Peña Nieto está cercado en el frente interno por una opinión pública adversa que atribuye la fuga a la corrupción de su gobierno –porque los hechos apuntalan esta percepción–, y en el frente externo por el gobierno estadunidense que sin duda aprovechará las nuevas circunstancias para incrementar su actitud injerencista en México. Oficialmente no parece que haya existido una negativa a la extradición de Guzmán Loera, pero el solo hecho de que Peña Nieto haya sometido el procedimiento al papeleo burocrático resulta en el actual contexto un agravio mayúsculo para la cooperación entre ambos países.
En términos operativos, fue el subdirector de la DEA, Jack Riley, quien dio sustancia ayer a la declaración de la embajadora Roberta Jacobson, pues dijo que con México “hay cooperación y habrá cooperación” para recapturar al Chapo Guzmán. “Así fue como lo agarramos la primera vez, creo que esto tendrá un final similar”, advirtió. De manera que, para mayor descrédito del gobierno de Peña Nieto, la recaptura de Guzmán Loera fue asumida por Estados Unidos como un asunto propio, lo que no traerá nada bueno al país, si se recuerda el caso Camarena. ¿Qué hará Peña Nieto?

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