Tlachinollan

El poder devastador de la macrodelincuencia

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán es la prueba fehaciente de los altos niveles de corrupción que se mantienen incólumes en nuestro sistema político en el que se ha empotrado la macrodelincuencia como un poder absoluto que impone la ley del más fuerte y del más corrupto.
El envilecimiento de la política no es por generación espontánea, sino por una acción deliberada por parte de quienes ostentan el poder y lo utilizan para fines personales y mafiosos. Por más que se elucubre sobre las formas más acabadas de nuestro sistema democrático, en los hechos la representación política se ha convertido en una guerra tribal en la cual los jefes de cada grupo utilizan todos los medios que están a su alcance para vencer a sus adversarios e imponer su estilo gangsteril de hacer política.
Los túneles construidos por los capos de la delincuencia organizada son los canales por donde se expande la economía criminal y el caño por donde se filtran los flujos de capital que se mezclan y blanquean la diversidad de giros de la economía formal. La macrodelincuencia forma parte de un sistema global que ha dejado de ser marginal y se ha colocado en el centro neurálgico de los capitales especulativos y de los paraísos fiscales. Esta etapa del capitalismo salvaje genera hoyos negros o boquetes del sistema donde confluyen los capitales ilícitos y los negocios de las grandes trasnacionales que dentro de los intensos flujos millonarios multiplica las ganancias de las elites económicas.
En estos momentos de crisis sistémica donde la economía de mercado ha devorado y devastado el patrimonio de los países que han privilegiado un desarrollo más igualitario, florecen los negocios ilícitos y se arraigan las inversiones provenientes de grupos delincuenciales que se empoderan por encima de un Estado débil que se encuentra sometido a las leyes salvajes de la ganancia. El sistema económico dominante es en sí mismo perverso porque vive de la especulación y de la caída en desgracia de los países que han empeñado su futuro a los países ricos. Se mantiene a la alza en las bolsas del primer mundo con el blanqueo de dinero y la incorporación de capitales provenientes del narcotráfico y de la multiplicidad de negocios ilícitos. El bienestar de unos implica necesariamente el malestar y empobrecimiento de las mayorías. El sistema implica sacrificar a millones de pobres en el altar del capital especulativo para que su sangre derramada pueda darle valor al fetiche del capital que es el dinero.
En México hemos caído en las garras de la macrodelincuencia, se ha urdido una red de negocios lícitos que no escapan al control de la economía criminal, que se nutre con inversiones de dinero ilícito. Los grandes emporios se han levantado con la mezcla de dineros mal habidos que han sido lavados con la complicidad de las autoridades siempre con la idea de fortalecer la economía de nuestro país.
La guerra que emprendió Felipe Calderón contra el narcotráfico no fue una guerra contra sus inversiones económicas, porque en ningún momento se intentó desmantelar sus negocios, al contrario el sistema financiero de los grupos criminales se mantiene intacto, al grado que sus giros son sumamente lucrativos. La lucha se ha circunscrito contra los cárteles que no se pliegan a los intereses económicos y políticos de los oligarcas. Se ataca con la racionalidad del sistema que domina, no se busca destruir ni acabar con los negocios que se ha erigido de manera ilícita, porque se trastocarían las demás inversiones, por ello se toleran porque al final de cuentas forman parte de todo el engranaje financiero que requiere el capital para hacer viable la ganancia.
En el país no hay estados que no dependan de los negocios del narcotráfico, ni hay políticos que ejerzan realmente el poder si no cuentan con el respaldo y las inversiones de los grupos delincuenciales. El mismo sistema de seguridad pública ha encontrado en los jefes de los cárteles a los mejores clientes que logran transformarse en los amos y señores de las corporaciones policiacas, que ven que es más lucrativo trabajar para un patrón que paga mejor y les proporciona armas de gran poder destructivo, que mendigarle al gobernante que todo se roba y le asigna salarios miserables. Lo mismo sucede en el sistema de justicia. Cuando la ley es usada de manera facciosa por los políticos es común que quienes se encargan de investigar delitos y de administrar la justicia le entren al juego del mercadeo. Los grupos de la delincuencia saben cuán débiles son nuestras instituciones y sobre todo tan porosas, opacas y truculentas. Saben que no hay rendición de cuentas, ni un sistema de control que monitoree el actuar de quienes procuran y administran justicia. La ley da para todo y puede ponerse al servicio de quien mejor pague. La macrodelincuencia tiene un gran poder que no sólo puede sobornar a un juez o magistrado, es capaz de influir y negociar con las cúpulas del poder judicial, hasta de tener representantes de ese poder que defiendan sus intereses de manera subrepticia.
En el ámbito penitenciario es muy claro quiénes tienen el control. Los penales han sido siempre un coto de poder de los grupos delincuenciales y es en este campo donde la línea divisoria es imperceptible, porque no se distingue quién gobierna, si los grupos de la delincuencia o las autoridades del penal. Queda claro que hay un pacto de cogobernabilidad, que permite que los grandes jefes del narcotráfico ejerzan cierto poder e impongan sus propias normas para garantizar el funcionamiento de los centros federales de readaptación social y así evitar que los hechos de sangre o los amotinamientos sean las únicas formas de dirimir los conflictos al interior de las cárceles.
El túnel que en todo momento vemos en la televisión es una recreación de lo que a diario sucede con las acciones de los gobernantes que por una parte muestran un perfil público, preocupados por atender las demandas de la población, pero por la otra, tienen una vida subterránea donde se muestran tal cual son; están vinculados con grupos de la delincuencia, han recibido apoyo y recursos para sus campañas; tienen en su gabinete a personajes que representan los intereses del grupo delincuencial y los recursos financieros son compartidos con los socios delincuenciales para determinar el uso que le darán. Lo que se ve en el fondo del túnel es todo lo que se gasta para que los grupos delincuenciales se mantengan fuertes y vigentes en la sociedad y dentro de las estructuras gubernamentales.
Se pusieron en evidencia todas las flaquezas de un sistema que está corroído hasta la médula, se demostró que en los mismos penales catalogados de alta seguridad se dan las acciones más espectaculares de los jefes de los cárteles de México, quienes por años han mostrado su capacidad de cooptación, su gran habilidad para mantener el control de los penales y que mantienen su fuerza y su poder para ejercer un autogobierno en estos centros de reclusión al grado de poner en jaque a los mismos presidentes de la República como pasó con Vicente Fox y ahora con Enrique Peña Nieto, que en pleno vuelo sintió las turbulencias de la macrodelincuencia.
Con esta realidad que nos sojuzga, los guerrerenses no vemos en el corto plazo la posibilidad de liberarnos de las garras de la macrodelincuencia. Las instituciones están coludidas con el crimen organizado y la misma clase política se ha hecho cómplice de los grupos delincuenciales, al grado que gran parte de nuestra economía está sostenida con capitales provenientes de empresas del crimen. Lo que se ha forjado en las zonas turísticas no ha estado exento de la participación de grupos económicos que invierten con dinero de dudosa procedencia. Ha sido tan indolente la autoridad que ha dejado el campo abierto para que el flujo de dinero llegue a las zonas turísticas sin que importe tanto la licitud de las inversiones y la reputación de los empresarios que llegan para tener ganancias de manera inmediata, aprovechando al mismo tiempo la oportunidad para extender sus redes delincuenciales y su poder pernicioso para corromper más a una clase política cleptómana.
No podemos ignorar la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desparecidos de la Normal, quienes arriesgando su vida nos han hecho ver que esta acción delincuencial perpetrada por policías municipales sólo fue posible por la acción concertada de varias autoridades de los tres niveles de gobierno. Por ello han exigido a la Procuraduría General de la República que investigue a autoridades de mayor rango a nivel estatal como al ex gobernador de Guerrero, y en el ámbito federal que se indague a elementos del Ejército mexicano. La verdad no podrá dilucidarse si se mantiene el patrón de impunidad que por décadas protege a las autoridades que son responsables de graves violaciones a los derechos humanos. La PGR tiene que atender la solicitud del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de entrevistarse con los militares que conocieron los hechos trágicos de Iguala y que de algún modo tuvieron un nivel de participación con los estudiantes que fueron agredidos por los policías de Iguala.
La fuga del Chapo pone al descubierto toda la trama delincuencial que predomina en el sistema penitenciario, en los cuerpos de seguridad, en los sistemas de procuración y administración de justicia y en las fuerzas armadas de nuestro país. No se trata de visiones simplistas o pesimistas, sino de realidades tan devastadoras que han llevado a miles de víctimas a alzar la voz y enfrentar con toda su fuerza a un sistema decrépito y deshumanizado por la ganancia, que ha caído en las garras de la macrodelincuencia, que amenaza con socavar el futuro de las nuevas generaciones que sin tregua alguna luchan por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.