Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Nueve días de indignación, burla y puros discursos

“He recogido puntualmente el sentir que hay en amplios sectores de la sociedad, que esto ha sido un hecho que ha indignado, que marca frustración, que ha marcado enojo en amplios sectores de la sociedad, y la que el presidente de la República, y como ciudadano también tengo, frente a lo que ha ocurrido”, dijo el viernes el presidente Enrique Peña Nieto sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Y continuó: “Pero aquí no vamos a resolver este tema sólo mediante enojos y llenándonos de ira”.
Es significativo y un claro reflejo del alicaído estado de ánimo del presidente, que haya empleado esas palabras en el primer mensaje que ofreció sobre el tema, apenas unas horas después de regresar al país al cabo de una semana de estancia en Francia, y que haya aludido al enojo y la indignación que el hecho produjo en la sociedad contra su gobierno y señaladamente contra él, para tratar de conjurar y poner fin al fenómeno social que despertó la espectacular fuga y que se puso de manifiesto mediante la burla generalizada. Porque dijo enojo e ira pero en realidad el presidente se refirió a la burla social de la que es objeto desde el domingo antepasado.
Habría sido más efectivo Peña Nieto si hubiera evitado las referencias a la ira popular, inevitable frente a hechos y circunstancias como las que rodean la fuga de Guzmán Loera, y pasado a la siguiente idea, que es lo que debió decir sin rodeos: “El gobierno de la República no ha evadido su responsabilidad. Por el contrario, asume plenamente la tarea que implicaba mantener plena vigilancia sobre este delincuente. La única manera de poder revertir este agravio, sin duda, será la recaptura de este delincuente, y asegurar que quienes eventualmente hayan incurrido en algún acto de complicidad, sean castigados con el peso de la ley”.
Como era de esperarse, más adelante delineó las instrucciones que impartió a las áreas de seguridad de su gobierno con el objetivo de conseguir la reaprehensión del Chapo Guzmán y castigar a los responsables de su fuga del penal de máxima seguridad del Altiplano.
Por lo que al presidente respecta, ese discurso dicho en Los Pinos establece el piso del compromiso que Peña Nieto adquiere para reparar el daño que su propio gobierno causó a su gestión. Así como en febrero de 2014 dijo que sería “imperdonable” que el Chapo Guzmán se volviera a fugar, el viernes quedó implícito en sus palabras que ahora sería imperdonable que su gobierno no pudiera recapturarlo. A partir de ese compromiso será evaluado desde ahora, aun si no lo hubiera expresado como lo hizo.
Pero la reciedumbre que quiso mostrar Peña Nieto no parece encontrar correspondencia en las acciones que su gobierno desarrolla para recapturar al capo y hallar y castigar a los responsables de su evasión. A pesar del despliegue de diez mil policías federales que buscan al prófugo, transcurridos ya nueve días desde su fuga no hay ninguna señal de que la recaptura esté cerca, ni de que la investigación abierta por la Procuraduría General de la República tenga la profundidad solicitada por el presidente para descargar todo el peso de la ley contra los responsables.
En sentido contrario a la incapacidad gubernamental para lograr la recaptura del Chapo, todos los días aparecen informes periodísticos que fortalecen la sospecha de que el plan que le abrió el túnel hacia su libertad involucra a altos funcionarios del área de seguridad y no solamente a custodios del penal. Y no solamente a aquellos funcionarios que fueron cesados, sino a otros que no han sido tocados.
Es el caso del ex director de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, un funcionario formado a la sombra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón. Pequeño García fue removido por la fuga del Chapo pero extraña e inexplicablemente asignado a otra dirección de la misma Policía Federal, a la División Científica.
Ahora se sabe que de los siete custodios que cuidaban a Joaquín Guzmán el día de la evasión, y que están detenidos, cinco pertenecían al área encabezada por Ramón Eduardo Pequeño, y dos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Los cinco agentes de la Policía Federal presuntamente fueron cooptados para facilitar información, protección y comodidades a Guzmán Loera durante su estancia en el penal, y en el momento en que se fugó, publicaron ayer coincidentemente los diarios El Universal y La Jornada. ¿Si el gobierno de Peña Nieto sabe todo eso, por qué no ha levantado cargos contra Ramón Eduardo Pequeño? ¿Por qué lo incrimina y lo cesa, pero lo protege y lo reasigna a otra función?
El jueves 16, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, dijo que la fuga fue posible porque funcionarios del gobierno federal ‘‘traicionaron a las instituciones y vamos por todos los involucrados; habrá sanción para quienes faltaron a su responsabilidad, no importa de qué nivel ni quiénes sean’’, pero ese compromiso no se aplica en el caso de Pequeño García, quien por su parte no podría decir que no sabía nada, si era el jefe de la inteligencia de la principal corporación policiaca del país.
Osorio Chong dio a conocer también la noche del jueves que después de que en el penal del Altiplano se emtió la alerta de la fuga, “la llegada de los custodios se da 18 minutos después” a la celda del Chapo. Es decir, los custodios que se tardaron esos 18 minutos en llegar a la celda, eran personal de la Policía Federal, del área de Pequeño García.
‘‘Los objetivos son claros, recapturar a este delincuente y castigar a todos y cada uno de sus cómplices. No será una tarea sencilla, pero sí definitiva para el Estado frente a la delincuencia’’, dijo además el secretario de Gobernación, pero ¿cómo creerle, y cómo creerle al presidente Peña Nieto, si empiezan a notarse en las reacciones del gobierno federal movimientos que parecen destinados a encubrir, no a revelar la verdad de los hechos?

La extradición, la clave

La procuradora Arely Gómez confirmó a legisladores federales que el gobierno de Estados Unidos presentó al gobierno mexicano la solicitud de extradición del Chapo Guzmán el 25 de junio. Dieciséis días antes de la fuga. El capo parece haberlo sabido de inmediato.

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