Despliegan un hermético cerco policial y militar para contener las protestas en la visita presidencial

*Unos mil policías federales frenaron el paso al Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y al Consejo de Damnificados de La Montaña

Carmen González Benicio

Tlapa

Alrededor de mil policías federales fueron desplegados para brindar seguridad al presidente Enrique Peña Nieto en su visita a la inauguración de la Ciudad Mujer, al este de Tlapa, entre las instalaciones del 93 Batallón de Infantería y el cuartel regional de la Policía Estatal.
Desde temprana hora elementos de la Policía Federal realizaron rondines por las calles aledañas al lugar, que se encuentra alejado de la mancha urbana y un helicóptero sobrevolaba la ciudad, sobre todo en el área cercana a la Ciudad Mujer.
Entre las 11 de la mañana y las 12 del día los elementos de seguridad empezaron a concentrarse en diversos puntos, donde colocaron cercas metálicas y filtros, y hasta cerraron completamente el paso a las personas que viven en asentamientos como la colonia Monte Sinaí.
Como a las 11 del día unas 10 patrullas de la Policía Federal se distribuyeron sobre el libramiento, a la altura de la salida del barrio de San Diego, desde donde descendieron elementos que se apostaron y cerraron el puente vehicular; se habló de que en este punto estuvieron unos 200 policías que no permitieron el acceso a ningún vehículo, ya que este camino comunica con Ciudad Mujer.
A la altura de la entrada de la comunidad de Atlamajac se mantuvieron unos 300 elementos policiacos para frenar el avance de las manifestaciones, porque ya se encontraban integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y se acercaban los integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña.
En ese punto se puso el primer filtro con vallas metálicas y elementos de seguridad vestidos con uniforme negro, y atrás estaban decenas de antimotines.
Rumbo al lugar, sobre el punto conocido como El Cristo, el paso fue cerrado por las vallas metálicas y decenas de policías antimotines; aquí al fondo se encontraban más de 12 autobuses estacionados en que viajaron los agentes federales a esta ciudad para la actividad, así como integrantes del Estado Mayor Presidencial.
Desde este punto ya no dejaron que circulara ningún vehículo hacia la ciudad, por lo que algunos se quedaron varados durante más de tres horas, por lo que las personas tuvieron que hacer su recorrido a pie.
Metros adelante, sobre el crucero a la comunidad nahua de Tlatzala, de donde es uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y de donde era el indígena que iba en un autobús en Huamuxtitlán en el 2009 y que mató el Ejército, nuevamente aparecieron las vallas metálicas y otra veintena de policías y militares que preguntaban quiénes eran y a qué iban para luego dejarlos seguir.
El filtro final quedó en los costados de las instalaciones del Centro de Justicia, donde por un lado estaban policías y elementos del Ejército resguardando el lugar, y por el otro estaba el filtro donde dijeron se acreditarían los que iban de los medios de comunicación y secretarios de Estado, porque ahí se encontraba una persona con las etiquetas que correspondían a cada sector.
Aquí se encontraban varios policías y militares, y se contabilizaron cuatro patrullas federales y dos camionetas del Ejército.
En este punto estaba el priista y ex perredista Raúl García Leyva , quien trabaja para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien un día antes fue parte de la logística de la actividad y según algunas mujeres no les permitió pasar ni intervino para que lo hicieran pese a ser funcionarias de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de la Mujer del estado.
En este punto se concentraron varias mujeres indígenas que pedían pasar a ver a Peña Nieto para entregarles solicitudes de apoyo para sus familias, como proyectos productivos o atención a la salud, pero les dijeron que esperaran ahí, que alguien saldría a recibir sus peticiones.
Algunas mujeres usaron el tiempo para conseguir unas hojas o una libreta para redactar el documento que le entregarían al Presidente, aunque a este filtro ya no regresó ningún funcionario y sólo se quedaron los de seguridad.
Más tarde volvió una persona con varas etiquetas en sus manos y se le preguntó si era de prensa y respondió que él sólo estaba ahí para atender a los secretarios de Estado, que tampoco llegaron por ese lado porque desde el punto de Atlamajac ya no dejaban pasar a nadie.
Las mujeres indígenas se quedaron aguardando a que alguien saliera para que las dejaran pasar o al menos entregar su petición.
A este lugar empezaron a llegar varios carros desde el filtro de El Cristo; les dijeron que fueran a dar la vuelta si querían salir, pero no les dijeron que ese paso estaba cerrado por la visita de Enrique Peña y les dijeron que esperaran a que terminara el acto y ellos se retirarían.
Sobre el regreso a la carretera federal Tlapa-Puebla la seguridad seguía y no dejaban pasar a las personas, por lo que algunas buscaron pasar por los terrenos de riego, pero fueron seguidos por los policías al ver que intentaban romper el cerco policial.
Varias familias se inconformaron porque no los dejaba pasar y ahí un niño llevaba una cartulina porque dijo que estaba en un curso, y le dijeron que la tirara o no pasaría por ahí, por lo que la tuvo que dejar; les revisaban las mochilas y les pedían que esperaran, que ya faltaba poco para que terminara el acto.
Este cerco duró como hasta las 2 y media de la tarde, hora en que los manifestantes emprendieron la retirada del punto de Atlamajac, y ante la información de que el acto estaba concluyendo en Ciudad Mujer y Peña Nieto realizaba el recorrido por las instalaciones, los federales se replegaron minutos después y cerca de las tres de la tarde ya empezaban a circular los vehículos.
Algunas combis y camionetas del gobierno iban con pintas en aerosol que decían “Peña asesino” o “Toño vive”.
Por su parte, vecinos de la colonia Tepeyac en llamada telefónica a esta reportera exigieron justicia y castigo a los responsables del asesinato del activista del MPG, Antonio Vivar, el pasado 7 de junio en las instalaciones de su capilla, por lo que pidieron al gobierno federal que se las entregue para su reapertura y pague los daños que ocasionaron los policías federales retenidos en ese lugar y que dispararon contra Vivar Díaz.