Paran labores policías estatales para exigir la remoción del titular de Seguridad Pública y mejoras laborales

Paran labores policías estatales en Chilpancingo e Iguala; exigen la remoción del titular de SP y mejoras laborales

*Piden bonos, uniformes, botas, equipo, seguros y una audiencia con el gobernador para explicarle las condiciones en que laboran, informan. En la capital 30 policías inician el paro y en Iguala se suman 270 que exigen también el despido del coordinador de la zona Norte

Zacarías Cervantes y Alejandro Guerrero

Chilpancingo e Iguala

Policías estatales se instalaron ayer en paro laboral para demandar la remoción del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier del Estado Mayor Pedro Almazán Cervantes, a quien acusan de reprimirlos, hostigarlos y amenazarlos.
La mañana de ayer, pararon labores en Chilpancingo unos 30 policías que desde el 13 de julio fueron acuartelados en las instalaciones del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4). Mientras que en Iguala, por la tarde, se sumaron 270 policías de la zona Norte.
Los paristas piden también mejoras laborales como el pago de bonos, la dotación de uniformes, botas y equipo, así como una audiencia con el gobernador Rogelio Ortega Martínez para explicarle las condiciones en que están laborando.
Los policías en Chilpancingo se manifestaron encapuchados y ocultaron su identidad, por temor a represalias, además de que desde el sábado presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), en donde pidieron anticipadamente medidas cautelares para evitar actos de represión por el movimiento que iniciaron ayer.
Los 30 policías de la capital se declararon en paro laboral desde las 7 de la mañana, y a las 8 salieron a la vía pública, pero dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). A esa hora se declararon en paro laboral por tiempo indefinido.
Uno de los agentes informó que harían protestas similares en el transcurso del día, en las siete regiones del estado. Mientras, en Tlapa policías adscritos a la región de La Montaña entregarían su pliego petitorio al presidente Enrique Peña Nieto, que visitó esa ciudad.
El vocero del movimiento, encapuchado y quien se reservó su identidad por temor a las represalias, informó que los policías piden la remoción del secretario de Seguridad Pública y el cese del hostigamiento de sus superiores, “que todos vienen de la milicia”, dijo.
También demandaron la dotación de material, equipo táctico y uniformes que no les dan desde hace un año a los 2 mil 700 policías; un bono de riesgo de 4 mil pesos mensuales que ya está autorizado para todos los policías; respeto a los días de descanso y periodos vacacionales; promociones y ascensos para todos, “y no sólo para las personas que son allegadas a los jefes”. También piden un bono para vivienda y seguro social amplio, “porque el que tenemos está limitado”.
Además, pidieron una audiencia directa con el gobernador Rogelio Ortega Martínez y el secretario de Gobierno, para ponerlos al tanto de la situación que viven en la Secretaría de Seguridad Pública, “porque ya no tenemos confianza al secretario de Seguridad Pública”, dijo el vocero.
Los policías informaron que ya existe una queja ante la Codehum y también una denuncia penal en contra del secretario Almazan Cervantes por hostigamiento, acoso y extorsión a una de sus compañeras policías, a la que privó de su libertad y amenazó para que le entregara información, “un poco delicada de la dependencia y que ella se negó”.
El vocero de los policías en paro dijo que el secretario le prometió a su compañera un carro nuevo e incorporarla a su gabinete de seguridad, pero que aún así la policía no accedió por el riesgo que implicaba entregarle la información que le pedía.
Dijo que el secretario ordenó que la agente fuera removida del área administrativa, la mandó a las actividades operativas y dio la orden de que ninguna mujer debería realizar labores de gabinete (administrativas) y que todas fueran incorporadas a los operativos. El vocero reprochó que eso va en contra de la equidad de género.
También, a partir del 13 de julio ordenó que unos 30 policías fueran acuartelados en las instalaciones del C-4, ubicado en las instalaciones de la FGE. Los policías castigados son los que ayer comenzaron el paro y convocaron al resto de sus compañeros en otras regiones a sumarse para pedir la remoción del secretario y que mejoren sus condiciones laborales.
Agregó que piden la remoción de todos los mandos militares dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, comenzando por el secretario, porque por su formación militar  creen que “se debe hacer lo que ellos dicen, sin importar si está bien o está mal, como los actos de represión al movimiento social a los que nos mandan, cuando se supone que nosotros somos policías de proximidad social y no estamos formados para la represión”.
Ejemplo con un hecho que ocurrió en abril en Acapulco, cuando les ordenaron el desalojo de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y ellos se negaron. Recordó que entonces tuvo problemas el secretario por haber dado la orden, pero que en vez de que fuera sancionado él, procedió con la remoción del coordinador de seguridad en Acapulco.
Explicó que, entonces los policías sabían que el desalojo no procedía porque se trataba de una clara represión a los ciudadanos. Ese día, recordó, fueron insultados por el secretario, quien les recriminó: “son unos pendejos y cobardes”.
Pero añadió que los policías civiles trabajan sobre “lineamientos legales, somos de proximidad social y no podemos violentar los derechos humanos; sabemos cuándo actuar y cuándo no. Debemos tener la mesura y el conocimiento legal para saber qué hacer en ciertos momentos”, dijo e insistió que, en cambio, las ordenes de los militares son actuar sin importar las circunstancias ni la ley, “porque también así reciben ellos las órdenes”.
El líder agregó que, la represión contra los movimientos sociales es por órdenes de los militares que se encuentran en las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Pública y que los policías obedecen para no sufrir represalias o ser castigados, como están ellos desde el 13 de julio, concentrados en las instalaciones del C-4.
A las 10 y media de la mañana llegó a ese lugar el subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno del estado, Victoriano Sánchez Carvajal, quien les ofreció una mesa de diálogo a la 1 de la tarde en sus oficinas, pero los policías la rechazaron porque dijeron que sólo hablarían con el gobernador y con el secretario de Gobierno.
La protesta fue monitoreada por el observador de la Codehum, Reynaldo Moreno, quien informó que los policías, desde el sábado presentaron una queja por las condiciones en que laboran y el hostigamiento y represión que sufren.
Ayer, la Codehum informó que ante esta situación emitiría una petición de medidas cautelares a favor de los policías para que no los reprimieran por participar en el movimiento.

Se suman en Iguala a la protesta

Por la tarde, policías de la zona Norte se sumaron al paro de labores por tiempo indefinido para exigir aumento salarial, bono de riesgo, viáticos, uniformes y armamentos, así como por la destitución del coordinador regional J. Isabel Hernández Calvario y del Secretario de Seguridad Pública en el estado, Pedro Almazán Cervantes por abuso de poder, prepotencia y trato déspota.
Cerca de las 3 de la tarde de ayer, policías estatales de la zona Norte se coordinaron para declararse en paro de labores en solidaridad con el movimiento simultáneo de sus compañeros en otras regiones de la entidad.
Para las 5 de la tarde, 20 policías desarmados colgaron cartulinas con sus demandas en las plumas de entrada y salida del cuartel regional, ubicado en la comunidad de Tuxpan, Iguala, junto al reclusorio.
Desde las 5 de la tarde, los uniformados se declararon en paro de labores indefinido, a partir de ese momento dejaron de prestar servicios e impidieron la entrada y salida de patrullas al cuartel regional.
En declaraciones a reporteros, uno de los policías que no dio su nombre para evitar más hostigamiento y represalias, dijo que la principal demanda es el pago del bono de riesgo de 5 mil pesos al mes, que nunca se les ha dado.
Asimismo, piden aumento salarial y un incremento de 100 pesos diarios para viáticos, para que sea de 300 pesos, entrega de uniformes y equipo táctico que desde hace un año no les dan, y mejorar el armamento “que ya está oxidado y los delincuentes portan mejores armas que nosotros”.
Piden que el seguro de vida por muerte en el trabajo vuelva a ser de un millón 200 mil pesos, ya que lo disminuyeron a 587 mil pesos; promociones y ascensos para todo el personal, cese al hostigamiento y las represalias, y apoyo para vivienda.
Dijo que reclaman también la destitución del Secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes y en la región Norte, del coordinador, J. Isabel Hernández Calvario, a quien señalan de abuso de autoridad, prepotencia y malos manejos de los recursos destinados para viáticos.
Dijo que Hernández Calvario, cada quincena deja de entregar unos 7 mil 900 pesos a cada una de las siete patrullas que no se utilizan, y que es dinero que sí está recibieron de la secretaría.
Informó que, en la zona Norte son cerca de 270 policías distribuidos en los 16 municipios de la región, de los cuales sólo una representación se declaró en paro ya, que otros han sido hostigados y amenazados para no apoyar al movimiento.
Además, dijo, hay otros policías que dan seguridad a funcionarios o dependencias y policías estatales que, a partir de esta semana tomaron el control de la seguridad del reclusorio de Tuxpan, ya que los de guardia y custodia están recibiendo un curso de capacitación y adiestramiento, luego de la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán del penal de El Altiplano.
Dijo que luego de la fuga de El Chapo, los reclusorios en el estado están en “alarma” y son los policías estatales quienes tienen bajo su control la seguridad de los penales.
Hasta la tarde de ayer, los policías estatales desarmados seguían plantados en la entrada principal del cuartel regional de la policía del estado y adentro se encontraba el coordinador Isabel Hernández.
Después de que se declararon en paro, las funciones de los paristas fueron retomadas por otros policías.