Solucionar el conflicto entre los taxistas, pide el Congreso al gobernador

*Que deje de mostrarse “insensible e inasequible”, dicen los diputados

Rosalba Ramírez García

AChilpancingo

La Comisión de Transportes del Congreso llamó al gobernador Rogelio Ortega Martínez a solucionar el conflicto entre transportistas, que el lunes provocó un enfrentamiento entre integrantes de las organizaciones y la quema de vehículos en el zócalo de Chilpancingo.
Los diputados urgieron al gobierno estatal a que deje de mostrarse “insensible e inasequible” y a que tome medidas para atender el “brote de violencia” y evitar que el problema prolifere a nivel estatal.
Ayer en tribuna, en nombre de la Comisión de Transporte integrada por Cristino Evencio Romero Sotelo, Elí Camacho Goicochea y Emiliano Díaz Román, el primero dio lectura a un posicionamiento por los hechos violentos ocurridos la mañana y tarde del lunes en el centro de la capital.
El presidente de la comisión dijo que de manera extraoficial saben que en Chilpancingo “circulan día a día más de 200 unidades piratas, por lo que una medida de solución al conflicto existente, es que las autoridades de transporte en el estado y municipales, lleven a cabo un estudio responsable de reordenamiento del servicio público”.
Eso para permitir la ampliación, distribución y reforzamiento de nuevas rutas, ya que hay rutas en las que sólo hay 2 o 3 unidades, son las que prestan el servicio, lo cual resulta insuficiente para los usuarios.
Recordó que la policía estatal, “encargada de brindar protección y seguridad a la ciudadanía”, está en paro en demanda de garantías de seguridad, mejoras en sus condiciones de trabajo, así como de la destitución del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, a quien acusan de reprimirlos, de ser déspota y de desvío de recursos en la dependencia.
En el documento leído en tribuna la Comisión de Transporte solicitó a Rogelio Ortega que instruya al secretario General de Gobierno a que en su calidad de presidente del Consejo Técnico de Transporte y Vialidad, “de manera inmediata” realice las acciones necesarias “para dar una pronta solución a este conflicto, enarbolando la bandera de la paz y la armonía”.
A finales de julio del 2013, la Comisión de Transporte exhortó al entonces secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, a que detuviera la expedición y reexpedición de permisos temporales al transporte público en tanto no se informara al Poder Legislativo de los estudios socioeconómicos en los que se basaron las expediciones o reexpediciones actuales de permisos temporales. Ese exhorto se realizó a petición de transportistas organizados de las siete regiones del estado, para que aquellos que cumplieran con los requisitos de ley pudieran ser elevados a rango de concesión de transporte público a partir de las irregularidades denunciadas por los trabajadores del volante.
Romero Sotelo informó en tribuna que en este año el gobierno del estado informó a la comisión “de un avance y conclusión de depuraciones públicas en 58 de los 81 municipios”, en los que encontraron “saturación generalizada en este gremio”.
Sin embargo, dijo que “en un esfuerzo por hacer justicia a la antigüedad de cientos de choferes y dignificar el trabajo del volante”, el gobierno del estado entregó nuevas concesiones a quienes cumplieron con los requisitos de procedibilidad que establece la Ley de Transporte
La Comisión de Transporte explicó que el número de concesiones entregadas resultaron insuficientes, por lo que se generó descontento e inconformidad, que llevó al incumplimiento de acuerdos y “el quebranto de la ley”.
Los diputados integrantes de la comisión afirmaron que ese es el motivo del enfrentamiento entre integrantes de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) y de la Confederación de Organizaciones y Sitios de Transportistas del Estado de Guerrero (COSTEG), porque ambas piden la entrega de nuevas concesiones de servicio público.
Pero “ante la negativa y falta de diálogo y acuerdos con el gobierno estatal” introdujeron vehículos del transporte público sin permiso y sin número económico, sin que se tenga certeza jurídica de quién es el propietario de cada unidad, las condiciones mecánicas con las que se presta el servicio, y “lo más grave, son unidades de servicio público que no cuentan con el seguro correspondiente en caso de accidentes, lo cual se traduce en un peligro para los miles de usuarios”.

Otros trámites

Ayer en la sesión ordinaria que se realizó después de las tres de la tarde, se aprobaron en el Congreso dos dictámenes de valoración previa que declaran improcedentes dos solicitudes de juicio político promovido en contra del presidente con licencia de Taxco y actual diputado federal electo, Salomón Majul González, y el síndico del mismo municipio Oscar Díaz Aranda, que pidió la ciudadana Felícitas Sáenz Colín y el segundo por Fausto Bustos López.
También se aprobó la ley de cambio climático del estado que tiene 114 artículos distribuidos en 7 títulos y 9 artículos transitorios; su creación fue argumentada para “enfrentar los efectos adversos del cambio climático”.
La ley contempla la creación del Instituto de Cambio Climático del Estado de Guerrero (ICCEG), como un organismo público descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado a la Semaren, y se plantea como uno de sus objetivos el coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica y tecnológica.
También el establecimiento de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Estado de Guerrero, que tendrá carácter permanente y que formulará y coordinará las “políticas transversales de la administración pública en materia de cambio climático”, así como un Fondo de Cambio Climático.
También se aprobó un exhortó al gobernador Rogelio Ortega Martínez para que a través de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado (Capaseg), fortalezca las acciones encaminadas a una nueva cultura del cuidado del agua, fomentando el ahorro y el uso racional y eficiente, así como su preservación y reutilización.
Antes de que finalizara la sesión el diputado del PRI José Enrique Serrano Ayala intervino para pedir un minuto de silencio por la muerte de dos priistas: el alcalde electo de Tlapa Javier Morales Prieto que murió el 9 de julio pasado y el músico y cantautor guerrerense José Manuel Figueroa, conocido artísticamente como Joan Sebastian.