Exigen autoridades agrarias cancelar la reserva de la biósfera y la minería en la Costa Chica y la Montaña

Estas iniciativas sólo dejan enfermedad, pobreza, división y delincuencia organizada, denuncian. Han solicitado el registro de actas de asamblea de varios núcleos agrarios en las que los comuneros piden también la cancelación de la reserva, pero el RAN se niega a certificarlas, denuncian

Lourdes Chávez

Chilpacingo

El Consejo de Autoridades Agrarias (CAA) de 13 municipios de la Costa Chica y La Montaña exigió la cancelación de todas las concesiones mineras en su territorio, así como la anulación de la Reserva de la Biósfera de La Montaña de Guerrero que se creó en mayo de 2011.
En una conferencia de prensa en la ciudad de México que se difundió en internet, las autoridades agrarias aseguraron que estas iniciativas sólo dejan enfermedad, pobreza y división, y la llegada de la delincuencia organizada detrás de las mineras.
En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtieron que éste es el segundo llamado a los gobiernos estatal y federal que hacen “en paz” –el primero fue en abril de 2014–, y no descartaron movilizaciones si no respetan los derechos de los pueblos originarios.
Denunciaron que las mineras que tienen concesiones en Guerrero ya enviaron a su personal en camionetas membretadas con los logos de las empresas, lo que indica que la exploración y explotación de minerales va “muy en serio”, sin importar la opinión de los pueblos, el daño a sus tierras y la contaminación del agua.
Sobre la Reserva de la Biósfera de La Montaña de Guerrero, informaron que entre 18 y 20 núcleos agrarios han solicitado el registro de actas de asamblea en las que los comuneros aprobaron negar la entrada de las mineras a sus territorios y la cancelación de la reserva, pero el Registro Agrario Nacional (RAN) se niega a certificarlas, para negar la legalidad de la autodeterminación de los pueblos.
Indicaron que a los bienes comunales de Santa Cruz El Rincón, el RAN les rechazó en tres ocasiones el acta de asamblea, sólo certificó tres actas que incluyen estos acuerdos, de Zapotitlán Tablas, Zitalatepec y Ajuchitán del Progreso, pero rechazó las siguientes por errores de “forma y fondo”, indicaron las autoridades.
Denunciaron que la Reserva de la Biósfera de La Montaña de Guerrero sólo implica prohibiciones, sin beneficio para los comuneros, en cambio permite la entrada de especialistas a la zona protegida para hacer estudios que ellos desconocen, y si ocurre un incendió los vecinos deben pagar multas, pero les quitan los medios de sustento.
Señalaron que en esa tierras hay parcelas de café, de ganado, “entre nosotros no estamos contentos… de dónde vamos a comer, si no hay otros empleos ni otros ingresos si no es el campo”.
Aseguraron que en el proyecto fueron engañados por el coordinador regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Taurino Hernández: “dijo en la comunidad que sólo durante tres años (sería el periodo de aprobación para la reserva ) y (terminado el plazo), si quieren (podrán) renovar  su acta para seguir recibiendo otro apoyo económico”, pero no fue así.
Ahora saben que la reserva de la biosfera está aprobada por 30 años, y las concesiones mineras hasta por 50 años en sus tierras.
Aclararon que este mensaje se consensuó en asambleas y foros de consulta: “hoy (ayer) nos comisionan a los que estamos presentes para traer este segundo manifiesto como anticipo, si (…) no nos atienden como debe de ser, allá, en La Montaña y Costa Chica, la gente está dispuesta a realizar acciones como lo hacen otros sectores, porque decimos que merecemos respeto, somos pueblos originarios con dignidad también, con riquezas, con bosques, porque nuestros ancestros nos enseñaron a cuidar. Somos celosos de nuestros bienes”. Aseguraron que no van a permitir que ajenos destruyan su riqueza.
Como prueba de las desventajas de los proyectos, señalaron el caso de Paraje Montero, donde ya se firmó un convenio con una minera, “dicen, vamos a dar empleo a la gente, pero dan 15 (empleos) y de las plazas más bajas, con salarios de menos de 150 pesos, ¿eso es dar empleo?, el dinero, ¿cuánto van a dejar? Ahí tenemos bien sabido que van a dejar cianuro y la división, porque también saben confrontar a los pueblos. Ahora vivimos en paz, tranquilos, sanos y no queremos violencia en el futuro”.
Subrayaron que el primer manifiesto de los pueblos se presentó en abril de 2014 en Los Pinos, y en las cámaras de Senadores y de Diputados, “porque nuestro derecho estipula en el convenio 169 de la OIT, la ley 701 que rige nuestro estado de Guerrero, asimismo en tratados de Naciones Unidas, creemos que es pertinente defender nuestro derecho”.
Otro referente del daño a las tierras con la minería es el río Mixteco, de Santa Cruz El Rincón, ya que “lo echaron a perder” con la construcción de la carretera, se murieron los árboles grandes, cambió su cauce por el azolve de los materiales, cambió su cauce sobre las parcelas, “imagínense (lo que va a ocurrir) si (la minería) derriba los cerros, ¿qué va a pasar…?”.

Declaración del territorio libre de la minería

En la conferencia, las autoridades agrarias presentaron el escrito que entregaron al comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, con el que solicitaron al gobierno federal y el gobierno estatal que cesen “sus insistentes proyectos de hostigamiento y despojo de la tierra y el territorio de los pueblos originarios que vivimos en Guerrero”.
Exigieron a la Procuraduría Agraria que de inmediato, “registre las actas de asamblea de todos los núcleos agrarios que nos oponemos a la minería y a la reserva de la biosfera, porque hasta la fecha se han negado a realizarlo y con ello violan nuestros derechos”.
El área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan explicó que las actas de asambleas no constituyen una mera declaratoria, sino que registran “una decisión comunitaria frente a un inminente acto de autoridad que modificará las condiciones de uso y aprovechamiento de los núcleo agrarios, toda vez que, con la actividad extractiva minera y la decretación de una reserva de la biosfera… sí se modifica sustancialmente el régimen concerniente a su uso y aprovechamiento, afectando de manera grave los derechos de los comuneros y ejidatarios a la protección de su territorio, sus tierras y bienes naturales, así como el derecho a su explotación en la forma y modalidad de propiedad y tenencia de la tierra que libremente decidan”.