No hubo una investigación exhaustiva en los ataques en Iguala, los militares deben declarar: CNDH

La PGR debe ampliar y sustentar su investigación que indica que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y calcinados, pide. “La colusión al menos de autoridades políticas y policiales de Iguala y de Cocula con la delincuencia organizada motivaron la desaparición forzada de los normalistas”, afirma el organismo en un informe. Los hechos fueron una barbarie, producto del abandono de la ley y el olvido de la justicia, afirma

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A tres días de que se cumplan 10 meses de la masacre y desaparición de estudiantes en Iguala, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Procuraduría General de República (PGR) ampliar y sustentar su investigación que indica que los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, fueron asesinados y calcinados por una banda de narcotraficantes, como lo dijo en su “verdad histórica”.
Pese a la gravedad de los ataques de policías y sicarios, denunció que las autoridades locales y federales no hicieron una investigación exhaustiva e integral de los hechos donde mataron a balazos a seis personas, 43 fueron desparecidas de manera forzada y 33 resultaron heridas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En el informe Estado de la Investigación del Caso Iguala de la oficina especial creada para la investigación, se indicaron fallas y omisiones en las diligencias y se revelaron datos que no habían sido mencionados abiertamente.
Por ejemplo, la versión de que uno los desaparecidos se encontró con vida en Apango, o el hallazgo de 10 prendas de vestir, al parecer una ensangrentada, cerca de un camión en los que viajaban los normalista, que se adelantó a la caravana después de la toma de autobuses en la terminal de la Estrella de Oro, previo a las agresiones.
Se estimó que un grupo de los 43 pudo ser detenido en ese autobús sobre en la carretera federal rumbo a Chilpancingo. La versión oficial indica que todos fueron llevados del lugar del ataque a balazos, al basurero de Cocula.
La CNDH confirma que “la colusión, al menos, de autoridades políticas y policiales de Iguala y de Cocula con la delincuencia organizada motivaron la desaparición forzada de los normalistas”.
Entre las 32 recomendaciones del informe, la CNDH pide profundizar la información sobre la operación, financiamiento y disputa del territorio de las bandas Los Rojos y Guerreros Unidos, cuya confrontación presumiblemente motivó la agresión a los estudiantes.
Considera necesario revisar el manejo y flujo del dinero en el municipio de Iguala, hasta la estructura institucional de Seguridad Pública involucrada en los hechos para que “”no sólo se circunscriba a altos funcionarios municipales”, es decir al alcalde y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, líderes de Guerreros Unidos.

Iguala visibiliza el desprecio por la vida, complicidad e impunidad

“México no es el mismo después de Iguala”, reza la primera frase del informe de la CNDH donde se califican los hechos del 26 de septiembre como una barbarie, producto del abandono de la ley y el olvido de la justicia.
Ahí el organismo fija su compromiso de trabajar para que “estos horrores” agravados por el hallazgo de cadáveres sepultados en decenas de fosas clandestinas “no se repitan jamás”.
Declara que esta agresión “visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada”.
Llama a la PGR a hacer diligencias básicas: elaborar fichas de identidad de los 43 estudiantes desaparecidos, continuar la búsqueda de los desaparecidos y agotar las líneas de investigación sobre versiones de la posible ubicación.
Menciona tres líneas: una que indica que algunos estudiantes se encuentran en municipios de la sierra del Estado de Guerrero, otra de que en Apango “ya apareció uno con vida” y la última de que “están autosecuestrados”.
Aunque han transcurrido 10 meses, pide la aplicación del protocolo de Minnesota a los restos humanos hallados, para el tratamiento e identificación forense, evitar que se contaminen, se alteren o destruyan y pierdan su valor probatorio para la investigación y para el financiamiento de responsabilidad a los inculpados.
Así como la investigación de georeferencia de la línea del teléfono celular de un estudiante desaparecido del que, supuestamente, se habría enviado un mensaje a un familiar el 27 de septiembre de 2014.
Y para esclarecer las razones que llevaron a los normalistas a Iguala, que clarifiquen ¿Por qué motivo los alumnos de la Normal fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014?, ¿Quién los llevó? y ¿Por qué precisamente a los alumnos de primer grado?

Probar los dichos en el expediente de la PGR, llama

De la versión que sostiene la PGR, la CNDH pidió que profundice la línea de investigación que habla de la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula y las rutas de desaparición de los estudiantes, que ubica a los normalistas en Pueblo Viejo y el cerro Las Parotas.
Además, que complemente las órdenes de aprehensión pendientes e investigue a 11 inculpados que en el expediente sólo se mencionan por sus apodos, “que aún no han sido investigados ni se conoce su identidad”.
Se reveló que en el expediente mencionan a un hombre “perfectamente identificado”, quien podría aportar información relativa a la vinculación o no de los hechos de la desaparición de los estudiantes con los hechos en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.
Pide establecer su identidad y corroborar la participación de otros probables responsables en los hechos de Iguala, “para no permitir la impunidad”.
Que la Policía Federal amplíe sus testimonios sobre la agresión a los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, “considerando que fueron ellos los primeros en llegar al sitio y en tomar contacto con las víctimas”. En el ataque en su contra, fue asesinado el chofer de la unidad,  un jugador adolescente y una ama de casa que viajaba en un taxi.
El organismo coincide con los padres de familia de los 43 desaparecidos, en que los militares deben declarar en el caso, al menos cuatro, tres que acudieron al lugar de las agresiones.
Aunque se reserva los datos personales, recomienda de manera puntual la comparecencia de un militar sobre los hechos de la tarde-noche, y de otro “sobre las circunstancias tangenciales en que acontecieron”.
Asimismo, llama a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informe quién o quiénes de los desaparecidos pertenecían al Ejército, e incluya los datos a las fichas de identificación.
Para descartar o confirmar la ruta de desaparición, pide que declaren los buzos que estuvieron en la recuperación de cenizas en el río San Juan, y que el servicio meteorológico de la UNAM y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA, informen de las condiciones climatológicas y ambientales del 25 al 28 de septiembre de 2014, particularmente en el basurero de Cocula, ya que se menciona que ese día llovió copiosamente y era imposible quemar los cuerpos hasta las cenizas.
También, que se compare mediante estudios de suelo la tierra extraída de la bolsa recuperada del Río San Juan, con la tierra del basurero de Cocula.

Una playera ensangrentada

Aunque se supone una prueba pericial básica, la CNDH pidió un análisis  de secreciones y pelos de ocho playeras -una que probablemente presenta manchas de sangre-, un suéter y un pañuelo hallados a cinco metros de del autobús de la empresa Estrella de Oro, que fue ubicado bajo el puente conocido como El Chipote, frente al Palacio de Justicia de Iguala, sobre la carretera México-Acapulco en el tramo Iguala-Mezcala.
Ese camión se adelantó a la caravana de cuatro camiones de los seis utilizados por los estudiantes esa noche, y se habla de la posible presencia de alguno de los desaparecidos en ese lugar.
Destaca que el resultado podría establecer si la muestra de sangre pertenece a alguno de los 43 estudiantes desaparecidos “y al propio tiempo en caso negativo, cuando menos aportaría elementos para la determinación de la identidad de la persona que entonces maculó con su sangre la playera”.
Urge a la PGR a que resuelva las circunstancias del deceso “probado científicamente” mediante una prueba de ADN del normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.   Expertos independientes han dejado ver que el fragmento de hueso que se utilizó para su identificación pudo ser plantado, como prueba de la versión oficial.
Señala que los abogados de los familiares indican contradicciones en las declaraciones de los inculpados “por lo menos 20 de los 99, declaran que los compañeros habían sido asesinados y enterrados en Cocula. Dos conjuntos de investigaciones que necesitarían confrontarse porque existen las fosas de Cerro Viejo, Cerro de la Parota y luego Cocula. Se necesita un esclarecimiento pleno, si no es incertidumbre para las víctimas”.

Criminales y policías

De la relación de las bandas criminales con el Estado, la CNDH pide ampliar las líneas de investigación sobre la posible participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal con Guerreros Unidos y Los Rojos, ya que es “fundamental tener claridad sobre la operación de las bandas criminales”.
Demanda acelerar la investigación de los líderes las bandas, encargados de operar financieramente para las organizaciones, sicarios o ejecutores, a quienes desarrollan tareas de vigilancia para la organización conocidos como halcones, empresas utilizadas como fachada para el ocultamiento de recursos ilícitos, de dónde obtiene sus armas que les permiten mantener su hegemonía y defender sus territorios de grupos antagónicos.
Ampliar la investigación de servidores públicos acusados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como a miembros de las organizaciones delictivas en todo el estado, a fin de que “se extienda a la estructura institucional de Seguridad Pública involucrada en los hechos”, y no sólo se circunscriba al alcalde de Iguala y a su esposa.
A la Fiscalía General del Estado la CNDH le pide que aclare el origen de las lesiones en la cara del normalista Julio César Mondragón Fontes, quien presumiblemente fue desollado vivo, pero la dependencia determinó que algún tipo de “fauna” carcomió su rostro, versión desechada por expertos de la UNAM.
Concluye con recomendaciones, al gobierno municipal de Iguala para que restaure de inmediato el sistema de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la federación y con el estado de Guerrero, en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expida los bandos de Policía y Buen Gobierno y los reglamentos de Observancia General.
Que promueva la operación del Comité de Consulta y Participación Ciudadana, cumpla los objetivos y desarrolle las actividades para los que fue creado. No basta su instalación, “es imperativo que empiece a desarrollar sus funciones de inmediato”.