Se reúnen activistas y la esposa de Molina con Astudillo; piden que respete la ley 701

*Sobre el encuentro el viernes, la luchadora social Roberta Campos aclara que se organizó de un momento a otro, por la mediación del director de Radio UAG, Víctor Wences Martínez

Lourdes Chávez

Tixtla

Luchadoras sociales y la esposa del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina Gonzalez, Ausencia Honorato, se reunieron con el gobernador electo Héctor Astudillo Flores, para pedir lo que han solicitado sin resultados a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial: respeto a la ley 701, y en consecuencia, libertad a los presos políticos.
Del encuentro el viernes en un restaurante de la capital, la luchadora Roberta Campos aclaró que se dispuso de un momento a otro, a través del director de Radio UAG, Víctor Wences Martínez.
Indicó que varias activistas llegaron a la radio pública a pedir un espacio, para llamar al próximo gobernador al respeto a la ley de Guerrero, que da sustento a la Policía Comunitaria de la CRAC.
Explicó que el periodista les dijo de buena fe, porqué no se lo dicen personalmente, él iba precisamente a un encuentro con Astudillo.
Durante la reunión, recordó que el gobernador electo les preguntó cómo se enteraron del lugar en que se encontraba. Le explicaron incluso que hubo una llamada para confirmar si él estaba de acuerdo.
Le entregaron el documento que ya llevaron la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), para que el presidente lo hiciera extensivo al Tribunal Superior de Justicia y al fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz; así como al presidente de la Comisión del Gobierno del Congreso del Estado, Bernardo Ortega Jiménez.
Consideró que el caso en la Codehum sigue archivado, y Ortega Jiménez ni siquiera reconoce la ley 701, para él la que impera es la Ley federal de armas de fuegos y explosivos.
Recordó que en la última reunión le explicaron el caso de Samuel Ramírez Gálvez, preso por un delito grave, sin derecho a fianza por la portación de un arma de uso exclusivo, una vieja escopeta 30-30.
Le explicaron que el arma es propiedad de la comunidad de Zitlaltepec, que se la dio al joven de 19 años para apoyarse en sus funciones como policía comunitario.
La luchadora social cuestionó: “¿entonces para qué hacen leyes, si no las van a respetar?”. La ley 701 se creó poco antes de concluir el sexenio anterior.
En el escrito denuncian la detención ilegal de 10 integrantes de la CRAC, de la casa de justicia de El Paraíso, entre ellos la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, presa en la cárcel de Tepepan en el Distrito Federal, luego de un año con ocho meses en un penal de máxima seguridad.
Insisten en la revisión minuciosa de la ley de derechos y cultura indígena, para confirmar que las detenciones de los luchadores responden “a la consigna de mantenerlos encerrados, por caprichos políticos, por la criminalización de la lucha social, inventando delitos, obstruyendo el desarrollo de los pueblos y coartando el derecho a la seguridad y a la justicia”.
Vuelven a reseñar todos los instrumentos legales, incluso internacionales, que dan legalidad a la organización comunitaria. En la primera se observa la firma de Astudillo, fechada el 23 de julio.
Su respuesta, de acuerdo Roberta Campos, fue que si al inicio de su administración los presos de la CRAC no han sido liberados, personal de su gabinete se comunicará con sus familiares.