Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

* Ayotzinapa igual que hace diez meses

Si los discursos fueran la medida para juzgar el desempeño de un gobierno, no habría en el mundo mejores gobiernos que los de México. El presidente Enrique Peña Nieto pidió el sábado pasado al PRI renovar su misión ética y social a favor de los menos favorecidos e impulsar “acciones concretas en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción”, pues dijo que “las autoridades emanadas del PRI deben ser ejemplo de una nueva mística de integridad en el servicio público”.
Si se aplican las palabras presidenciales a un solo caso real –al caso Ayotzinapa– cuyo tratamiento demanda ahora mismo sentido ético y social y una mística de integridad en el servicio público, se apreciará que el presidente habla por hablar, pues su gobierno y él mismo han hecho en este episodio exactamente lo contrario de lo que pregonan.
Ayer se cumplieron diez meses del ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y en la investigación y castigo de los hechos no ha habido por parte del gobierno de Peña Nieto ni ética ni solidaridad con los menos favorecidos, es decir, con las víctimas y las familias de las víctimas, ni nada que signifique “integridad en el servicio público”.
No es el único caso que ilustra el abismo que se abre entre el discurso y la realidad del gobierno de Peña Nieto, pero sí es el más hiriente y ofensivo hacia la sociedad. El viernes, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, dijo que el gobierno federal quiere encontrar “la verdad” de los hechos “y que los responsables sean castigados”. Pero si alguien ha entorpecido la búsqueda de esa “verdad” es el gobierno federal, que la ha sustituido por una falsa “verdad histórica” cuya finalidad ha sido fingir ante el mundo que la justicia mexicana funciona, mientras por otra parte se niega a desahogar diligencias trascendentes para la investigación, como el interrogatorio a los militares que la noche del 26 de septiembre salieron a las calles de Iguala.
Muestra la escasa seriedad del gobierno en el caso Iguala el hecho de que Osorio Chong haya tocado el tema de una manera circunstancial, tangencial –en sólo un par de líneas incluidas en un comunicado que se ocupa de otras materias–, para dar respuesta al documento que ese viernes hizo público la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual el organismo expone la precariedad de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República.
Bajo el título “Estado de la investigación del caso Iguala”, la CNDH agrupa en ese documento 32 observaciones y propuestas que surgieron del examen al que sometió el trabajo de la PGR, observaciones que se sintetizan en la conclusión de que la investigación oficial no fue exhaustiva ni integral. La CNDH recomienda por ello a la PGR sustentar la “verdad histórica”, según la cual los 43 jóvenes hasta ahora desaparecidos fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.
El estudio de la CNDH, resultado de casi diez meses de trabajo, mereció solamente ese superficial comentario del secretario de Gobernación y una respuesta igual de burocrática y simplona de la PGR, que se limitó a comunicar que mantiene “su compromiso de continuar con una investigación profunda, exhaustiva y transparente, tendente al esclarecimiento puntual de los hechos”, cuando el organismo defensor de los derechos humanos le cuestiona precisamente eso, que no realizó una investigación “profunda, exhaustiva y transparente”.
Frente a la actitud evasiva e indolente del gobierno federal, carente de la “integridad” que proclama Peña Nieto, debe subrayarse la postura comprometida que asume en este caso el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. “No es momento de callar ni de olvidar. En los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento y complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada’’, dijo. Y exigió a la PGR acatar las observaciones y demostrar voluntad política para esclarecer y castigar los hechos, pues “la insuficiente actuación de esa autoridad ministerial afecta el derecho de conocer la verdad, acceder a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición del acto”.
Resulta crucial para el futuro de las investigaciones que la CNDH haya solicitado al gobierno y establecido la importancia de que sean interrogados los militares que estuvieron de servicio aquella noche, pues coincide en ello con el grupo de expertos enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar el caso.
A esa diligencia, de evidente sentido común y jurídicamente indispensable, el gobierno se ha negado sin explicar las razones. Hace tres meses la misión de la CIDH hizo la petición formal para reunirse e interrogar a algunos oficiales y efectivos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y en un comportamiento remiso hasta ahora el gobierno ha respondido varias veces que analiza la solicitud. Sin decir no, y sin decir sí.
En una posición que sólo despierta suspicacia, es notorio que los altos mandos del Ejército se niegan a que los soldados queden expuestos al riesgo de ser acusados, como sugieren los hechos. En esa postura el Ejército ha sido incondicionalmente respaldado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien cuando se trata de las Fuerzas Armadas olvida su “mística de integridad en el servicio público”.
En una más de las defensas que acostumbra hacer el presidente de las fuerzas armadas, hace siete días dijo en Tlapa que “por más que a veces algunos se empeñen por manchar el esfuerzo que realizan nuestras Fuerzas Armadas, es de reconocer como mexicanos que nuestro Ejército, nuestra Marina Armada de México, integrada por mujeres y hombres del pueblo, que han surgido del pueblo mexicano, trabajan todos los días con esmero, con sacrificio, con dedicación diaria en favor de los mexicanos”.
La CNDH y el grupo de la CIDH, los padres de los normalistas desaparecidos y la opinión pública en general consideran indispensable que la investigación incluya a los militares, pero no lo piensa así el presidente Peña Nieto, quien parece decidido a sostener cueste lo que cueste la endeble y cuestionada versión oficial de la PGR. Todo lo cual significa que diez meses después de la agresión contra los estudiantes, las cosas están igual que al principio y la única certeza es la de la impunidad.

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