Grecia negocia un tercer rescate; prevén más medidas de austeridad

DPA

Atenas / Bruselas

El gobierno griego comenzó ayer las negociaciones con los acreedores internacionales para lograr un tercer programa de ayuda por hasta 86 mil millones de euros, insistiendo que ha adoptado todas las medidas acordadas para llegar a un acuerdo.
Una delegación de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) comenzó las conversaciones a un nivel técnico con una visita a la Oficina General de Contabilidad griega y al Banco de Grecia, informó ayer el Ministerio de Finanzas. Este miércoles está prevista la llegada a Atenas de los jefes de esas delegaciones.
Según círculos de ese Ministerio de Finanzas, las conversaciones fueron muy “intensas”.
“Sigue habiendo avances (…) La cooperación con las autoridades griegas transcurre sin roces”, dijo por su parte una portavoz de la Comisión Europea en Bruselas.
Uno de los temas centrales es ahora si Atenas tendrá que aprobar otra ronda de controvertidas medidas de austeridad antes de que concluyan las negociaciones.
El Parlamento griego ya aprobó dos paquetes de reforma para cumplir las condiciones acordadas el 13 de julio en Bruselas a cambio de negociar el tercer paquete de ayuda.
Funcionarios europeos creen que el gobierno griego debe ir más lejos, mientras Grecia argumenta que ya ha adoptado las medidas requeridas que prometió y asegura que no se están debiendo nuevas reformas.
Sin embargo, la portavoz de la Comisión Europea Mina Andreeva reiteró ayer que sí “se esperan más reformas de las autoridades griegas, como parte de la declaración del 13 de julio, antes de permitir un rápido desembolso del MEDE”.
El gobierno griego intenta concluir las negociaciones antes del 18 de agosto, dos días antes de que venza un pago de 3 mil 200 millones de euros al BCE.
Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo transfirió ayer al Parlamento griego una demanda contra el ex ministro de Finanzas Yanis Varufakis por su “actuación durante la negociación” con los acreedores, que en su opinión podría constituir un delito de “alta traición”.