Los policías paristas tienen una demanda penal ante la Fiscalía, declara el Secretario de Seguridad

*También tienen un proceso administrativo por el paro laboral desde el 20 de julio, dice en conferencia de prensa Pedro Almazán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes, declaró ayer en conferencia de prensa junto con el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Victoriano Sánchez Carvajal, que los 32 policías paristas tienen una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por delitos que cometieron como servidores públicos.
La denuncia que enfrentan los 32 policías estatales (los paristas dicen que 31) es independiente al proceso administrativo que se abrió en su contra por el paro laboral que mantienen desde el lunes 20 de julio, y desde el miércoles 22 instalaron un campamento y un plantón afuera del Palacio de Gobierno.
Los policías estatales iniciaron sus movilizaciones el 20 de julio en demanda de la destitución del secretario Almazán Cervantes a quien acusan de pretender imponer la disciplina militar a la Policía Estatal que fue formada para ser de proximidad social, y de respeto a los derechos humanos.
También piden la desmilitarización de todas las áreas de la SSP, el pago del bono de riesgo de 4 mil pesos para todos los policías autorizados, equipo, uniformes, botas, y apoyo para créditos de vivienda.
La respuesta del secretario de Seguridad Pública y del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos se dio nueve días después de las movilizaciones, en sus declaraciones no dan respuesta a las demandas de los policías paristas, los funcionarios dicen que se violentaron los reglamentos de la corporación y que incurrieron en delitos e indisciplina.
Los policías durante el paro pusieron en riesgo la seguridad de los ciudadanos, por lo que no sólo existe un procedimiento administrativo en su contra para su despido, sino una demanda penal ante la FGE.
Antes de la conferencia de prensa en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (Unipol), antes Infocap, el secretario de Seguridad Pública y el subsecretario de Asuntos Jurídicos, hicieron un recorrido con los reporteros por las instalaciones.
El secretario Almazán Cervantes dijo que el Grupo Especial de Información y Análisis, al que pertenecen los policías paristas, “venía funcionando casi de manera autónoma, al no contar con ninguna regulación, dirección o supervisión por parte de los diferentes escalones de mando”, desde que tomó posesión en la Secretaría en noviembre de 2014.
Sin atender las demandas de los policías paristas, el secretario aseguró que “la verdadera inconformidad de este reducido y específico grupo surgió cuando una acción de mando ordenó la revisión de los procedimientos de trabajo, y el despliegue operativo de la fuerza, así como la concentración de los recursos humanos y materiales para optimizar sus resultados ante el reciente incremento de los índices delincuenciales en las ciudades de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, así como para el diseño de nuevas estrategias que permitieran frenar la violencia”.

La inconformidad es del líder de
los policías paristas

El secretario Almazan dijo que la inconformidad surgió del líder del grupo a quien identificó como Jonathan Arcos Moreno, “cuando se le ordenó la presentación de 24 vehículos oficiales con características civiles que tenía a su cargo, mismos que manejaba de manera centralizada y los asignaba a sus elementos de manera discrecional, sin darles los recursos económicos necesarios para su movilidad”.
El funcionario aseguró que la coordinación regional de Acapulco le asignaba un total de 170 mil 982 pesos para el suministro diario de 40 litros de gasolina para las camionetas, y 20 litros para los automóviles compactos, “sumando desde mi llegada hasta el pasado mes de junio, un total de unmillón 208 mil 272 pesos por concepto de gasolina”.
También acusó a los policías paristas de que sin justificación dejaron de cumplir con el deber de la Policía Estatal de proteger a la ciudadanía, al dejarla indefensa “como ocurrió el lunes 20 de julio, cuando dos grupos de transportistas locales protagonizaron una batalla campal en pleno centro de esta ciudad capital”, dijo en referencia al enfrentamiento entre los transportistas de la Confederación de Organizaciones y Sitios de Transportistas del Estado de Guerrero (COSTEG) y de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG).
El secretario dijo que el lunes 20 de julio, los 32 policías se habían declarado en paro laboral “a pesar de que un día antes de los hechos, los policías inconformes habían recibido la orden de incorporarse al contingente operativo de la región Centro con sede en Chilpancingo a fin de que estuvieran disponibles para el servicio que requiriera la sociedad; sin embargo, de manera indolente a las necesidades de la ciudadanía, ese mismo día de los hechos decidieron declararse en paro laboral frente al Centro de Control Comando y Cómputo C-4 ”.
El secretario de Seguridad Pública dijo que el grupo de policías paristas también lo privaron de la información que tenían, “como una medida preventiva y de control interno ordenó a la policía Julieta Catalán Téliz respaldar y proteger toda la información, y los archivos electrónicos para evitar que fueran borrados o mal utilizados por parte del oficial encargado del grupo, tomando en consideración la actitud antes descrita”.
Almazán Cervantes dijo que desde que los policías paristas iniciaron las movilizaciones ha sido tolerante, y que ha privilegiado el diálogo, aseguró que al siguiente día de iniciar las movilizaciones, “me reuní con todos los integrantes del grupo para concientizarlos de la apremiante necesidad y conveniencia de que retomaran con profesionalismo sus funciones, y aceptaran que se redireccionaran las actividades del grupo conforme a las nuevas directivas que se estaban emitiendo”, pero señaló que decidieron mantener su paro.
En cuanto a las acusaciones en su contra de imponer la disciplina militar, y tratar de manera arbitraria y con prepotencia a los policías aseguró que son señalamientos “infundados, absurdos y perversos”, y que tratan de “distorsionar la realidad y confundir a la sociedad y a sus propios compañeros con sus falsas declaraciones”.
En referencia a la petición de su destitución por violentar sus derechos humanos, aseguró que “jamás han sido ni serán violentados; por el contrario con tolerancia extrema, siempre se les ha invitado a conducirse bajo los principios de honestidad, legalidad, disciplina y transparencia que deben caracterizar la labor policial”.
El funcionario agregó: “como podrán darse cuenta, las demandas que presentan, nada tienen que ver con la presunta violación a sus derechos humanos, y mucho menos con el motivo que originó su inconformidad, principalmente la del líder del grupo que al ver afectados sus intereses personales, decidió arrastrarlos a una aventura desafortunada, y que ahora enarbolando demandas de beneficio colectivo como la asignación de un bono de riesgo, mejores salarios y mejor equipamiento, buscan confundir a la población y a la propia Policía Estatal”.
Acusó a los policías paristas de que “carecen de toda ética, y sus acusaciones resultan totalmente infundadas y fuera de contexto”.
El funcionario dijo que con base en la Ley 281 de Seguridad Pública del estado de Guerrero, y observando los protocolos correspondientes, “se les abrió un procedimiento administrativo que condujo a su inmediata suspensión como elementos activos de la Policía Estatal”.
El funcionario dijo que por medio de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SSP, “se consignaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado tales como la coacción de servidores públicos, el uso indebido del uniforme, ejercicio indebido de la función pública, abandono del servicio público e insultos a la autoridad, por citar los menos graves que han cometido y que se encuentran previstos y sancionados por el Código Penal del estado de Guerrero”.