La exigencia de diputados del PRD y del PRI, sin nexo con su ratificación, dice Rogelio Ortega

*Con los audios sobre la petición de 10 millones en obras se hace “escándalo para confundirlo con corrupción”, afirma el gobernador. Nunca se dice que los recursos sean el pago de nada, señalan los secretarios Moyao y Hernández. Analizan demandar por espionaje

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobernador Rogelio Ortega Martínez respondió ayer mediante un boletín de prensa que su gobierno está abierto a que se le aplique cualquier auditoría, luego de que se dieron a conocer audios de una conversación entre los secretarios de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jesús Hernández Torres, que revelan que son presionados por diputados del PRD y del PRI para que cumplan un acuerdo y les asignen recursos por 10 millones de pesos para obras.
En el boletín se dice que el gobernador Ortega Martínez aclaró que ese audio que se filtró fue por un asunto de trabajo “y no como lo pretenden hacer creer personas que ocasionan escándalo para confundirlo con corrupción”.
En uno de los audios que se dieron a conocer ayer se escucha claramente cuando el secretario de Obras, Jesús Hernández Torres, le dice al de Finanzas y Administración, Moyao Morales: “Por eso, pero a mí tú me habías dicho cuatro (millones), ahora salen (los diputados) que tú les dijiste que 10 y pus no tienen llenadera esos cabrones”, en referencia a los diputados y presuntos beneficiados, los perredistas Bernardo Ortega, Amador Campos, Oscar Díaz Bello y Nicanor Adame y un número indeterminado de priistas cuyos nombres no se mencionan.
En el comunicado que el gobierno del estado hizo circular ayer a través de su página de internet se explica que Rogelio Ortega aseguró que el gobierno que encabeza está abierto a que se aplique una auditoría al tramo que le corresponde, “para generar una enseñanza de presente y futuro”.
Y luego insistió que el tema que tratan los funcionarios “nada tiene que ver” con su ratificación a través del Congreso del Estado en abril pasado, como se interpretó en la nota del corresponsal en Guerrero del semanario Proceso que fue la fuente de la información publicada en este y otros medios. Dijo: “A ningún diputado le iba a dar centavo alguno para que levantara la mano para mi ratificación”.
En el comunicado Ortega Martínez reprochó “que cada vez que se dan a conocer audios, primero viene el chantaje para sacar dinero y cuando no lo obtienen –como fue el caso– venden o regalan la información, pero en este gobierno eso no funciona”, lo que podría interpretarse como que atribuye a diputados la filtración de las conversaciones.
El texto del boletín sigue: “Es gente que salpica lodo, ¿qué les digo yo? El lodo ofende, lastima, te sientes incómodo y hasta vergüenza te da cuando te salpica, pero si inmediatamente te lo quieres quitar, lo untas y se pega más. Mejor hay que esperar a que se seque, se sacude y adelante”, dijo el gobernador.
Ortega dijo el el mismo comunicado que la realidad es que los diputados y diputadas hacen gestiones de obras para sus regiones, como calles, puentes, carreteras y esos recursos se etiquetan.
Y concluye: “Entonces cuando se hace la proyección del gasto, ese dinero está ahí y hay que liberarlo cuando vaya llegando y hay quienes están atentos, y a veces se acercan a decirme: gobernador, el recurso que gestioné ya bajó. Además ese recurso si no se ejerce, se pierde”, explicó.

Cuestionan secretarios la interpretación del corresponsal de Proceso a las conversaciones

Los secretarios de Finanzas y Administración (Sefina) y el de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Eliseo Moyao Morales y Jesús Hernández Torres, aclararon ayer mediante un desplegado que “nunca, en momento alguno, se dice (en la grabación que se filtró el lunes de conversaciones en donde son presuntamente presionados por diputados del PRI y del PRD para que les autoricen montos por 10 millones de pesos), que dichos recursos sean el pago de nada, ni que se otorguen o condicionen a cambio de algo”.
Aclaran en el mismo documento que de lo único que dan cuenta los audios, es de dos conversaciones que se tuvieron con el fin de concretar la ejecución de obras etiquetadas por los diputados, dentro de los trabajos de gestión y beneficio social que ellos hacen.
En el desplegado que los dos funcionarios enviaron a los medios de comunicación se refieren en su aclaración a la nota que el lunes pasado publicó la revista Proceso Digital sustentada en dos audios de una conversación que sostuvieron “como parte de nuestras actividades de trabajo, al ser funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero”.
Expresan que “el momento político y social que atraviesa Guerrero, no merece este tipo de calumnias que generan confusión y confrontación”.
Y luego acusan que “la grabación de audios como estos, hay que resaltarlo, constituye un delito grave consignado como tal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues evidencia una actividad de espionaje de quien quiera que esté detrás”.
Y en ese sentido consideran que no pueden solapar esas esas prácticas, “que son antesala de estados totalitarios y particulares que buscan perseguir, controlar o chantajear a través de información mal habida”.
Después advierten que analizan la posibilidad de demandar “por el uso de esta recurrente actividad ilegal”, pues aclaran que no es la primera vez que se espía telefónicamente a funcionarios de esta administración estatal.
Sin embargo expresan que “a pesar que sabemos que nuestros te-léfonos están intervenidos, no he-mos tomado precaución alguna de contraespionaje, ni tenemos teléfonos o códigos especiales para comunicarnos”.
Dicen que su único elemento para defenderse contra estas prácticas, “es la legalidad de lo que hacemos”, y, el texto sigue: “por eso enfatizamos que en las grabaciones que publica Proceso Digital a través del corresponsal en Guerrero, no existe una sola línea o expresión que sustente la interpretación que hace sobre dichas grabaciones”.
E insisten que de lo único que dan cuenta los audios, “es de dos conversaciones que se tuvieron con el fin de concretar la ejecución de obras etiquetadas por los diputados, dentro de los trabajos de gestión y beneficio social que ellos hacen”.
Explican que las pláticas que sostuvieron se trata de acuerdos y negociaciones con las dependencias responsables de su ejecución y financiamiento, “lo que es completamente legítimo en todo proceso de acuerdos entre miembros de ambos poderes, como ocurre en todos los estados del país e incluso a nivel federal”.
Moyao y Hernández también defienden a los diputados que, según estas grabaciones, les están pidiendo la autorización de recursos, pues en su documento subrayan: “la actuación de los legisladores como gestores de obra corresponde a una de sus funciones como representantes po-pulares en sus respectivos distritos”.
Y citan: “Nunca, en momento alguno, se dice que dichos recursos sean el pago de nada, ni que se otorguen o condicionen a cambio de algo”.
Y, finalizan con una advertencia: “A quienes intervienen las líneas telefónicas de manera ilegal, a quienes difunden su contenido a sabiendas de que su origen es ilícito, y a quienes las malinterpretan con fines tendenciosos y malintencionados, les pedimos que se abstengan de recurrir a estas prácticas ilegales y se conduzcan con responsabilidad”.