Seis policías ciudadanos de Temalacatzingo están desaparecidos, denuncian

*Fueron agredidos por un grupo comandado por el secretario del Ayuntamiento de Olinalá y líder de Antorcha Campesina, Rogelio Hernández, señalan

*Después los entregaron a la Policía Municipal y ésta al Ejército, pero nadie sabe de su paradero, afirman

*Es imposible” el desistimiento de las acusaciones contra Nestora Salgado, afirma el fiscal del estado

*Alarma a Amnistía Internacional la crisis por desapariciones en Guerrero y el país

Detienen funcionarios de Olinalá a seis policías ciudadanos de Temalacatzingo; están desaparecidos

*Fueron agredidos por un grupo comandado por el secretario del Ayuntamiento y líder de Antorcha Campesina, Rogelio Hernández, denuncian. Después los entregaron a la Policía Municipal y ésta al Ejército, pero nadie sabe de su paradero

Antonia Ramírez

Tlapa

Funcionarios del Ayuntamiento de Olinalá y líderes de organizaciones afines al PRI detuvieron a seis policías ciudadanos de Temalacatzingo, los entregaron a policías municipales y éstos al Ejército, y ahora están desaparecidos.
La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) de Temalacatzingo, del municipio de Olinalá informó en un comunicado que a la medianoche del lunes, para amanecer martes, un grupo de choque se dirigía hacia Olinalá y justo al llegar al  crucero de la colonia Metlatijka y la carretera que va a Temalcatzingo se  encontraron con seis policías de la PCP, del grupo Kolotl, que venía de un recorrido de esa comunidad y tenía un puesto de revisión.
Los policías fueron agredidos por el grupo comandado por el secretario del Ayuntamiento de Olinalá y líder de Antorcha Campesina, Rogelio Hernández Aquino, su par Jaime Ramón Melchor y el dirigente de la  Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Santiago López Ramón quienes golpearon, desarmaron, amarraron  y trasladaron a los seis guardias a la cabecera municipal.
La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular exigió la liberación inmediata de sus seis integrantes y responsabiliza de la desaparición al secretario general del Ayuntamiento de Olinalá, Rogelio Hernández Aquino, al alcalde interino, Armando Patrón Jiménez, a la Policía Municipal de Olinalá y al Ejército Mexicano.
De acuerdo a los datos de la PCP, Rogelio Hernández, Jaime Ramón y Santiago López acudieron a la comunidad de San Antonio Coyahuacán, donde hay un conflicto interno por la Comisaría que recuperaron hace unos meses, e intentaron provocar a la gente, pero no se prestaron a ello.
Integrantes de Antorcha y la UNTA siguieron provocando a la población que no simpatiza con ellos con insultos verbales, y Hernández Aquino les mostró un cuchillo y dijo “si quieren sangre, sangre va correr”.
El boletín agrega que algunos de los integrantes de este grupo estaban alcoholizados, por lo que los vecinos menos les hicieron caso, y al verse ignorados siguieron bebiendo en el campo de futbol de la comunidad de San Antonio.
Aproximadamente a las 12 de la noche ese grupo de choque se dirigía hacia Olinalá y justo al llegar al  crucero de la colonia Metlatijka y la carretera que va a Temalcatzingo agredieron a los policías ciudadanos, les quitaron sus rifles, los amarraron y trasladaron a la cabecera municipal.
En el documento menciona que los policías fueron entregados a  la Policía Municipal y luego al Ejército que opera en el municipio, y ahora se desconoce en dónde están los policías detenidos y temen por su vida, su seguridad física y psicológica.
Los policías ciudadanos detenidos, y de quienes se demanda su presentación, son: Rodrigo Castañeda Pérez, Miguel Agustín Dolores, Tomás Dolores Vergara, Antonio Dolores Vergara quien es menor de edad, Felipe Moreno de Jesús y Jaime Moreno de Jesús.
La PCP considera a los seis policías como  “desaparecidos” ya que llamaron al Ayuntamiento de Olinalá para preguntar por sus compañeros y no les informaron nada, sólo les dijeron que el alcalde interino Armando Patrón “se encuentra de vacaciones y no los puede atender”.
Mencionaron que una comisión asistió a la agencia del Ministerio Público municipal y a las instalaciones del Ejército para exigir respeto y la presentación de los integrantes de la PCP, porque a más de 20 horas no sabían nada de ellos y las autoridades participantes no les informan nada.
Vía telefónica la coordinadora de la PCP, Citlaly Pérez comentó que desde que iniciaron la búsqueda de sus compañeros nadie les ha dicho en dónde o en qué condiciones están, lo cual es una violación a los derechos de los pueblos a organizarse y darse seguridad.
Acusó al gobernador Rogelio Ortega Martínez de ser el actor intelectual de los hechos, para desactivar los movimientos organizados.
Agregó que reciben apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan por el secuestro de sus compañeros y su desaparición forzada.
La CRSJ-PCP repudió “los actos de barbarie institucional” y reiteró que es una organización social que lucha pacíficamente y promueve la seguridad y la paz social.
Lamentó que desde el Estado se  ordenen este tipo de ilícitos “creen que desapareciendo torturando, encarcelando o asesinando van establecer la paz social”.
Afirma que no  cree en el gobernador ni en el presidente de las Republica, Enrique Peña Nieto, “quienes están interesados en desmembrar a los pueblos indígenas y terminar la tarea de exterminio que durante la colonia y políticas de discriminación y desprecio no han podido hacer”.
Afirma que el Ejército cobardemente se aprovecha de su poder militar para atemorizar, detener, secuestrar, torturar y desparecer a ciudadanos que participan en las organizaciones sociales.

“Es imposible” el desistimiento de las acusaciones contra Nestora, afirma el fiscal del estado

El fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, afirmó que no hará desistimiento en las acusaciones contra la comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García.
Esto, a pesar de que reveló, se lo ha pedido el gobernador Rogelio Ortega Martínez.
En declaraciones después del informe que presentó ante los diputados locales, se le recordó que Nestora Salgado podría salir libre sólo si la fiscalía y sus denunciantes se desisten en las acusaciones en su contra.
Pero el fiscal afirmó que no se desistirá de las acusaciones contra la líder de la policía comunitaria porque su actuar en el caso debe ser completamente jurídico, afirmó.
“A mí el gobernador me pide: ‘desístete de la acción penal’, yo analizo el caso y como no he reparado a las víctimas, eso está fuera de mi jurisdicción”.
Insistió en que no es su responsabilidad el que Nestora Salgado continúe en la cárcel, a pesar de que sólo falta que la FGE se desista junto con las presuntas víctimas de secuestro que la acusaron.
Recordó que Nestora Salgado tiene siete procesos penales del fuero común por secuestro agravado y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. En agosto cumplirá dos años de detenida.
Se le preguntó si en esos casos la fiscalía no se puede desistir, pero afirmó que sería “imposible” porque en ambos casos “hay suficientes elementos y no se ha reparado el daño a los víctimas”.  (Rosalba Ramírez / Chilpancingo).

Alarma a Amnistía Internacional la crisis por desapariciones forzadas en Guerrero y el país

*Propone la creación de una base de datos de ADN de personas desaparecidas, así como un registro oficial de las desapariciones

Redacción

La prestigiada organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional consideró que las últimas noticias sobre el descubrimiento de fosas comunes durante la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ponen de manifiesto la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en el país.
Este lunes distribuyó un boletín titulado México: Aterrador descubrimiento de fosas comunes en Guerrero pone de manifiesto las constantes fallas en el caso de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“Esta espeluznante revelación confirma lo que ya habíamos descubierto: la enorme crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y el resto de México es realmente alarmante”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las américas de Amnistía Internacional.
“Si no fuera por la determinación y persistencia de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, así como de las personas defensoras y periodistas en exigir a las autoridades mexicanas una respuesta integral a la desaparición forzada de estos jóvenes, probablemente nunca hubiéramos sabido acerca de las fosas comunes y las dimensiones de la crisis”, se lee en la misiva.
“Falta mucho por hacer para descubrir y hacer pública la verdad sobre el destino y paradero de los 43 estudiantes que fueron sujetos de desaparición forzada en septiembre del año pasado, y de todas las desapariciones sin resolver en todo México. Estas acciones deben incluir la creación de una base de datos de ADN de personas desaparecidas, así como un registro oficial de las desapariciones”, propone.
A raíz de una petición de información que hizo Associated Press, la Procuraduría General de la República (PGR) ha admitido que desde el mes de octubre se han hallado 60 fosas comunes con los restos de al menos 129 personas al sur del estado de Guerrero. Ninguno de los cuerpos, que incluyen 20 mujeres y 109 hombres, pertenecía a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala durante el mes de septiembre, menciona.
“Medios de comunicación locales también informaron sobre otras fosas comunes que han sido encontradas en otros estados de la República”, agrega.
Expone que el 23 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) publicó un informe que pone de manifiesto las fallas e irregularidades en la investigación del caso de los 43 estudiantes.
El informe considera que las investigaciones oficiales llevadas a cabo por la PGR no proporcionan respuestas contundentes del caso, y que es necesario continuar con la búsqueda de las víctimas.
“No obstante, los 43 estudiantes son un caso emblemático de una larga lista de personas que han desaparecido. De acuerdo con cifras oficiales, más de 257 mil personas han desparecido en México en los últimos años y, casi la mitad de dichas desapariciones han ocurrido durante la actual administración del Presidente Peña Nieto”, informa.
Amnistía Internacional ha hecho campaña para exigir al gobierno mexicano toda la verdad sobre lo ocurrido a los estudiantes de Ayotzinapa, para que se establezca su paradero y se lleve ante la justicia a los responsables, recuerda.