Protesta alianza internacional de taxistas en tres capitales en contra de Uber

EFE

Bogotá

Grupos de taxistas se manifestaron ayer en Bogotá, México DF y San José para exigir en nombre de una “alianza internacional” de profesionales del taxi la ilegalización de Uber y otras plataformas tecnológicas para servicios privados de transporte de pasajeros.
“A través de esta movilización internacional estamos haciendo visible que los taxistas en diversos países no permitiremos que pasen por encima de nuestros derechos ni continúen atentando contra nuestra fuente de trabajo”, señala una carta entregada ayer en la embajada de Colombia en Costa Rica por los manifestantes.
Las mayores manifestaciones tuvieron lugar, sin embargo, en la capital colombiana, donde se vivió una jornada complicada para la movilidad, pues también los conductores de autobuses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) realizaron protestas, en este caso en demanda de mejores condiciones de trabajo.
Uber, fundada en 2009 en San Francisco y presente en ciudades de 58 países, fue también motivo de protestas en San José y en México DF, ciudad donde este martes una multitud armada con palos y piedras causó daños a una decena de vehículos conectados a esa plataforma que estaban estacionados cerca del aeropuerto internacional.
En un comunicado enviado ayer, Uber, cuya sede para América Latina está en la capital mexicana, defendió el derecho de los individuos a “tomar sus propias decisiones sobre la forma en que se mueven dentro y fuera de sus ciudades para sentirse seguros”, pero se mostró a favor de un “diálogo abierto y transparente” para encontrar “soluciones que beneficien a todos”.
En México DF, además, los taxistas protestaron contra la medida anunciada hace cerca de dos semanas por el gobierno del Distrito Federal, el primero en América Latina en permitir por ley que empresas como Uber y Cabify operen.
La marcha de ayer responde a una alianza internacional con taxistas de Colombia, España, Francia, Brasil, Estados Unidos y Costa Rica, creada para “combatir la prestación de servicios ilegales” en el sector.