Sanciona el INE a los gobernadores de Veracruz, Chiapas y Estado de México

Agencia Proceso

Ciudad de México

Con el voto en contra del consejero Benito Nacif, el pleno del Consejo General del INE aprobó sancionar a los gobernadores Eruviel Ávila, Javier Duarte y Manuel Velasco, del Estado de México, Veracruz y Chiapas, respectivamente, por violar la ley que prohibía que promovieran su imagen, a través de gacetillas, durante el pasado proceso electoral.
Por ello resolvió dar vista a los respectivos Congresos locales para que revisen si hubo tal violación a la ley, e informen a la autoridad electoral en un plazo no mayor a 15 días.
No obstante, el INE rechazó la propuesta del consejero Javier Santiago, en el sentido de que se sancione al PRI por no haber vigilado las acciones de los gobernantes surgidos de sus filas.
Incluso, Javier Santiago propuso enviar a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra los gobernadores señalados “para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución o inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que, en el ámbito de sus atribuciones, incurrieron en arbitrariedad y abuso de poder”, lo que también rechazó el Consejo General.
Nacif manifestó su desacuerdo con los tres proyectos sancionadores presentados por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, pues supuestamente violentan la libertad de prensa, pues no existen, en su opinión, elementos o pruebas de que las gacetillas sean propaganda pagada por los tres gobernadores mencionados.
En contraparte, el consejero Ciro Murayama explicó que las gacetillas no son producto del ejercicio de la libertad de prensa, sino de actos y relaciones mercantiles en donde la publicación de información va precedida de contratos o pagos aun sin contrato.
“Estos actos mercantiles… ¿están prohibidos? Pues no, es legítimo que se compre espacio en los medios de comunicación para difundir distintas cosas incluso por parte de los gobiernos. Lo que no es válido es usar los recursos públicos para la propaganda personalizada y, si se habían emitido medidas cautelares, pues a lo que están obligados todos los sujetos que son objeto de esa orden de la autoridad, más tratándose de servidores públicos, pero incluso los particulares deben acatar lo que dice la autoridad, pues debió de haberse cumplido y punto”, argumentó.
Para el consejero presidente Lorenzo Córdova esta discusión abrió la puerta para definir qué se puede difundir en etapa de campaña por parte de los funcionarios públicos, lo que se lograría con una ley de propaganda gubernamental.
“En suma, me parece que también este Consejo General podría tratar de hacer algún catálogo que estableciera los límites y los supuestos en los cuales los servidores públicos, sin violentar y acatando el espíritu del artículo 134 constitucional, pudieran estar realizando la propaganda gubernamental”, consideró.