Marcial Rodríguez Saldaña

Ayotzinapa-Iguala y la CNDH

Este 23 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe del estado que guarda la investigación del caso de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, quienes fueron sujetos de desaparición forzada el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala.
1.- El informe de la CNDH resulta muy interesante toda vez que en esencia desvirtúa la investigación ordenada por Enrique Peña Nieto, realizada a través de la Procuraduría General de la República (PGR) que concluyó el 28 de enero del 2015, con una supuesta “verdad histórica”, en el sentido de que los jóvenes desaparecidos habían sido calcinados en un basurero ubicado en Cocula y con ello pretendieron dar carpetazo a la averiguación y dar por cerrado el caso, como ha sido la intención reiterada del gobierno federal.
2.- La CNDH por el contrario, plantea al igual que lo ha hecho el grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la investigación se debe mantener abierta ya que los hechos que ocurrieron en Iguala constituyen por su naturaleza el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos de cuanto se tenga memoria reciente en México, además de un cúmulo de crímenes de todo tipo, que significa un capítulo ominoso en la vida nacional, respecto de las cuales las investigaciones aún no tienen una respuesta concluyente en virtud de mantenerse en curso.
3.- La CNDH emite un conjunto de recomendaciones a diversas autoridades entre las que destacan a la PGR: integrar fichas de identificación; continuar con acciones de búsqueda que pudieran dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos; agotar todas las líneas de investigación sobre las versiones de la posible ubicación de los estudiantes; cumplir con los mandamientos judiciales de detención pendientes de ejecutar y profundizar en sus investigaciones; coordinar acciones tendientes a ejecutar órdenes de aprehensión; realizar todo tipo de pruebas genéticas y científicas; solicitar información a instancias certificadas sobre las condiciones climatológicas los días posteriores a los hechos; profundizar las investigaciones y recabar declaraciones de los militares destacamentados en Iguala el día de los hechos, algo a lo que Peña Nieto se ha negado sistemáticamente.
4.- A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CNDH , le recomienda: realizar un estudio de impacto psicosocial colectivo familiar e individual generado por los hechos ocurridos en Iguala; observar que las acciones de atención a víctimas se desarrollen dentro del Plan Integral de Reparación del Daño, articulándolo de forma armónica y acorde con los objetivos y estrategias establecidas en el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018, publicado el 16 de julio del 2015 en el Diario Oficial de la Federación y prestar atención a la reparación colectiva.
5.- La CNDH también emite recomendaciones en sus ámbitos de competencia que están vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y al Ayuntamiento de Iguala. El informe concluye señalando que los hechos ocurridos en esa ciudad, deben ser plenamente esclarecidos, que todos los responsables independientemente de su grado de participación deben ser sancionados, que el caso no ha concluido y que en su oportunidad emitirá un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del caso en el campo de las violaciones a los derechos humanos que permitan conocer la verdad histórica.

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