Se confirma que el fiscal tiene consigna para mantener encarcelada a Nestora, dice el esposo

*No sabe a qué intereses responde, pero cada vez que el funcionario habla surge una nueva causa penal en contra de la promotora de la CRAC en Olinalá, declara José Luis Ávila

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las declaraciones del fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz en el sentido de que es “imposible” el desistimiento penal a favor de la coordinadora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García, y que ha acumulado siete procesos penales del fuero común, demuestra que existe una consigna para mantenerla encarcelada, declaró ayer vía telefónica su esposo, José Luis Ávila Báez.
Dijo que la postura del fiscal pone de manifiesto que no se sabe a qué intereses obedece.
“La mera verdad es que yo ya no sé qué está pasando, cada vez que habla el fiscal de Guerrero surge una nueva causa penal. Nosotros sabíamos que había tres causas penales en curso, y supuestamente le habían inventado tres más, y ahora resulta que en vez de tener seis ya tiene siete”, denunció Ávila Báez.
Informó que los familiares de la coordinadora de la CRAC están verdaderamente sorprendidos por el interés que existe del fiscal Godínez Muñoz por mantener en la cárcel a Salgado García, “yo no sé la mera verdad cuál es el juego del fiscal, no sé la mera verdad de qué intereses depende él, pues ahora no sabemos cuál es la séptima causa que él dice que tiene Nestora”.
El martes pasado después de que el fiscal compareció ante el Congreso local, en entrevista declaró que Nestora Salgado tiene siete procesos penales del fuero común por secuestro agravado y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Cuando uno de los reporteros le preguntó si en esos casos la Fiscalía no se puede desistir, afirmó que sería “imposible” porque en ambos casos “hay suficientes elementos y no se ha reparado el daño a los víctimas”.
Al respecto, Ávila Báez contestó que es preocupante la persecución que existe en contra de su esposa, “pero de antemano sabemos el tipo de corrupción que hay en el Gobierno del estado de Guerrero, y la mera verdad el gobernador (Rogelio Ortega Martínez) ha hablado mucho, ha dicho mucho, pero sus acciones han dicho lo contrario”.
Explicó que el gobernador podría decir que logró su traslado del penal de Tepic, Nayarit, al de Tepepan del Distrito Federal, pero aclaró que el traslado se realizó por las medidas cautelares que exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recordó que, incluso, después de su traslado en la reunión con funcionarios federales y estatales acordaron que se volverían a reunir para tratar el caso de su libertad, “pero hasta ahora no se nos ha vuelto a convocar a ninguna otra reunión, seguimos esperando esa reunión pero las puertas siguen cerradas”.
Agregó que “por supuesto” que se sienten engañados “porque todos hablan de que sí están en la disposición de intervenir para su libertad, pero en los hechos no hacen nada, los hechos han demostrado lo contrario y eso es preocupante para nosotros como familia”.
Informó que en las próximas semanas habrá un nuevo pronunciamiento de la ONU, “y esperamos que con éste tengamos respuesta favorable por parte del gobierno en cuanto a su libertad”.
Recordó que su esposa está a punto de cumplir dos años de un encarcelamiento injusto e inhumano (se cumplen el 21 de agosto), “y la mera verdad no sé que pretenden”.
Para poner en evidencia que existe una persecución en contra de su esposa, dijo que por las mismas causas penales que le han imputado a su esposa hay involucrados por lo menos otros 10 integrantes de la Policía Comunitaria de Olinalá, que no han sido detenidos.
Aclaró: “yo no estoy sugiriendo que vayan y los detengan, no, simplemente estoy tratando de evidenciar que sí existe consigna y una persecución en contra de mi esposa, si no ¿Por qué a los demás líderes comunitarios de Olinalá no los han arrestado?