Cuatro policías de Temalacatzingo estaban en la PGR; los liberan tras pagar una fianza

*Los trasladados a la delegación en Chilpancingo rinden su declaración tras ser acusados de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, aunque portaban escopetas, informa la Policía Ciudadana y Popular. Los otros dos fueron liberados en Olinalá porque llevaban toletes. La agresión, porque el 2 de agosto estarán en esa comunidad representantes del Congreso Nacional Indígena y padres de Ayotzinapa, considera la organización

Carmen González Benicio

Olinalá

De los seis policías ciudadanos de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) de la comunidad de Temalacatzingo, del municipio de Olinalá desaparecidos, cuatro fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo y liberados tras el pago de una fianza, y los otros cuatro fueron liberados por policías municipales.
La coordinadora de la Policía Ciudadana y Popular, Citlali Pérez Vásquez informó que los que fueron trasladados a la capital del estado fueron acusados de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y liberados tras el pago de una fianza de 29 mil pesos.
Precisó que de los seis policías ciudadanos detenidos por funcionarios del Ayuntamiento, líderes de organizaciones afines al PRI, policías municipales y el Ejército, cuatro fueron entregados por la Policía Municipal de Olinalá a la PGR a las 5 de la tarde, y liberados a las 12 de la noche, después de que rindieron su declaración.
Informó que los otros dos fueron detenidos en otra parte del municipio y liberados a las 7:00 de la noche sobre la carretera a Temalacatzingo, por agentes municipales.
Citlali Pérez Vázquez dijo que los policías fueron apresados con violencia por un grupo de 60 personas, liderado por el secretario del Ayuntamiento de Olinalá y líder antorchista, Rogelio Hernández Aquino, su par Jaime Ramón Melchor y el integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Santiago López Ramón, en el crucero de la colonia Metlatijka, cercana a la comunidad de Temalacatzingo.
Después fueron llevados a la PGR acusados de portar armas de uso exclusivo del Ejército.
Pidió que les devuelvan las cuatro escopetas que les quitaron, que no son de alto calibre y les fueron recogidas porque son armas que el pueblo les entregó para sus labores de seguridad, y consideró que dos de ellos no fueron detenidos porque cuando los agredieron llevaban macanas como armas.
La PCP, para exigir la presentación de sus compañeros, instaló puntos de vigilancia en la carretera a Tlapa, sobre el lado de la extensión del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña que va al municipio de Ahuacuotzingo, desde la tarde de este miércoles 28, y terminaron al medio día de este jueves, cuando les avisaron que sus cuatro compañeros salían de Chilpancingo tras su retención en la PGR.
La coordinadora de la organización de seguridad y justicia contó que se comunicaron con el secretario particular del gobernador Rogelio Ortega Martínez, Rufino Hernández, para que interviniera en la ubicación de sus compañeros, les dijo que estaba haciendo lo posible y que sabía que cuatro estaban en la PGR, que no serían procesados porque no había delitos y pronto los liberarían, pero que a los otros dos los buscara la organización en el municipio, lo que el funcionario dijo en tono molesto.
Agregó que una comisión de la PCP se trasladó a la dirección de Seguridad Pública del municipio, donde les dijeron que no sabían nada de los policías y fueron a la casa del alcalde interino Armando Patrón Jiménez para que los atendiera, pero nadie les abrió, y en el Ayuntamiento les dijeron que están de vacaciones, que regresaran en los primeros días de agosto.
Informó que como a las 5 de la tarde informaron a la organización que cuatro de sus compañeros: Miguel Agustín Dolores, Tomás Dolores Vergara, Felipe Moreno de Jesús y Jaime Moreno de Jesús estaban llegando a la PGR a declarar.
No sabían nada de Rodrigo Castañeda Pérez ni del menor de 17 años, Antonio Dolores Vergara, quienes fueron liberados por la Policía Municipal en las inmediaciones de las comunidades Lomalapa y Zumpango, “nos contaron que los subieron a una patrulla y ahí los dejaron al ver que había un punto de vigilancia, y ya eran las 7:00 de la noche cuando llegaron caminando”, relató la dirigente.
Mencionó que de los cuatro que estaban en la PGR, dos presentaron golpes en el cuerpo, Miguel Agustín Dolores y Felipe Moreno, al último no le paraba de sangrar la boca por los golpes recibidos, pero eso no fue asentado en las declaraciones, “eso no lo tomaron en cuenta, por eso consideramos que el atentado contra la PCP fue un acto planeado por el Ayuntamiento”.
Contó que los seis policías fueron sacados de la comunidad de San Antonio como a las 2:00 de la mañana, mientras la población se dispersaba porque debido a la provocación de los antorchistas, de la UNTA y de los funcionarios municipales, la gente se reunió tras el repique de campanas, ya que está latente el conflicto por la Comisaría municipal.
Pidió la destitución de los funcionarios municipales que intervinieron en los hechos y que el presidente interino asuma sus responsabilidades, porque con el argumento de que están de vacaciones “los de seguridad hacen lo que quieren, generando cosas violentas contra los pueblos indígenas”.
Acusó a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), de que tampoco ha hecho nada para atender las violaciones al sistema de justicia ciudadano de los pueblos nahuas de Temalacatzingo.
Agregó que el Ayuntamiento tiene conocimiento de la PCP y su Consejo de Seguridad para dirigirse a ellos cuando algún elemento incurra en acciones indebidas, pero “mejor usan las fuerzas de seguridad como la Policía Municipal o el Ejército para reprimir”.
Descalificó a la Policía Municipal, “no está capacitada, no puede presumir de certificación sí actúa contra la población, y el Estado promueve caravanas por la paz y por otro lado amedrenta a las organizaciones, pero lo que nos hace no nos detendrá”.
Consideró que la actitud del municipio contra la PCP puede ser considerada como una acción de intimidación hacía su forma de organización, porque el próximo 2 de agosto llegará a Temalacatzingo una comisión del Congreso Nacional Indígena, para abordar temas sobre violaciones a los derechos humanos y de organización en diversos estados del país, y estará una comisión de padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Lamentó que las fuerzas de seguridad intervinieran para sacar de manera ilegal a los policías ciudadanos, y se los llevaran a la PGR sin que hubieran cometido algún delito, porque las armas que portaban son de bajo calibre, sin embargo para que fueran liberados pagaron una fianza de 29 mil pesos por las cuatro personas, con la intervención del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el gobierno del estado.
Durante sus puntos de revisión mencionaron que no pasaron muchos vehículos, pero militares y la Policía Municipal se dio muchas vueltas por el lugar.