Fue un error de dedo, dice Escobar de datos alterados de los cuatro desaparecidos

*Ante diputados, el secretario de Salud responsabiliza al médico que realizó la autopsia a los cadáveres hallados en la sierra de Chilpancingo

*Vieron media hora los cuerpos y no son de los médicos y profesionistas desaparecidos en Xolapa, insisten los familiares

*Responden al informe que llevó el fiscal  a la Comisión de Justicia del Congreso y señalan que Godínez desde el principio mostró la intención de dar carpetazo al problema

Error de dedo, las alteraciones en datos de los cuatro desaparecidos, dice el secretario de Salud

*Edmundo Escobar Habeica responsabiliza al médico que realizó la autopsia a los cadáveres hallados en la sierra de Chilpancingo. Compareció ayer ante la Comisión de Salud del Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

“Fue un error de dedo” la modificación de las características de los presuntos cuerpos de los trabajadores de Salud desaparecidos desde el 19 de junio, informó el secretario de Salud del gobierno estatal, Edmundo Dantés Escobar Habeica, en su comparecencia ayer ante la Comisión de Salud del Congreso local.
El diputado perredista Nicanor Adame Serrano preguntó casi al final de la reunión por el caso, y la respuesta del secretario fue que tras recibir el oficio del fiscal para que se presentara a declarar por el caso de la responsabilidad de los trabajadores del Semefo, que modificaron información que provocó la desconfianza y negativa de los familiares a reconocer que los cuerpos encontrados en una comunidad de Chilpancingo eran los que buscaban, explicó que “el error no fue de la secretaría, fue del Semefo y del forense especialista que en lugar de haber reportado que el cuerpo mide 1.79 y no 1.89 como se dictaminó en el acta de necropsia”.
Y al igual que el fiscal Miguel Angel Godínez Muñoz, también el secretario de Salud se deslindó del error y afirmó que fue del personal del área.
El secretario decidió responder por escrito a la fiscalía y comentó que buscó información a través del director estatal de los Semefos para responder, y dijo que contestó que el que tendría que declarar es el médico que hizo la necropsia.
Comentó que el dictamen es del médico Alfonso Ramírez Trinidad.
Dijo que el médico que realizó la necropsia ya compareció ante la Fiscalía y aclaró que fue un error en la transcripción de los datos y no en el proceso o una alteración intencional.
“Desde aquí le respondo al fiscal del estado, mi respeto por su actuación, pero la Secretaría de Salud también está haciendo lo que le corresponde y creo que hasta un error de dedo, porque aquí participan hasta los administrativos, pueden condicionar esta situación que ya debó haber quedado aclarada”, dijo Escobar Habeica.
Informó que en las cuentas de los médicos desaparecidos se continúa depositando su salario, con otros códigos de seguridad para evitar el uso indebido de sus cuentas, y afirmó que no se ha aplicado ninguna medida restrictiva a los trabajadores de la dependencia que han salido a manifestarse por la presentación de sus compañeros.
En la reunión de trabajo estuvieron  la presidenta de la comisión, Norma Yolanda Armenta, el secretario Roger Arellano Sotelo, Margarita Nava Muñoz, y otros diputados asistentes fueron Nicanor Adame Serrano y Banny López Rosas.

Seis mil 300 plazas sin techo presupuestal

Por otra parte, el funcionario informó que el déficit anual de la dependencia es de 600 millones de pesos y el adeudo histórico es de 3 mil 500 millones, que empezó en 2007.
En la reunión de trabajo informó que parte del déficit es generado por la plantilla laboral que no tiene techo presupuestal porque sus plazas no están reconocidas.
Detalló que hay un total de 18 mil 828 médicos, especialistas, enfermeras y paramédicos, y que la demanda se incrementa cada año y en los últimos es “exorbitante”.
Dijo que el techo presupuestal de la dependencia es para unos 13 mil trabajadores y que son 6 mil 300 los que no tienen techo presupuestal y que eso es lo que va generando el déficit en la dependencia, que se va sumando al total del gobierno estatal.
Precisó que todas esos espacios de trabajo sin techo presupuestal son necesarios por la demanda de salud en el estado, pero apuntó que han tenido que pagarlas “estirando el billete, con economía, con recursos propios de la dependencia”.
Manifestó que está tratando de contener el problema haciendo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reconozca que la demanda en servicios de salud en el estado es real y que no se está inventando, y que eso se traduzca en mayor inversión en obra y equipamiento.
Los trabajadores sin techo presupuestal “son el verdadero problema de la Secretaría de Salud”, dijo el funcionario, y adelantó que no se despedirá a ninguno porque todos hacen falta.
Afirmó que con “alquimia y con magia se cubre el pago de esa plantilla”, pero el objetivo de la dependencia es que sean reconocidos para poder detener el incremento de los pasivos que se generan.
Porque han tenido que tomar dinero de programas de atención en salud “y esto no está bien, esto está observado”, y recordó el déficit “bastante significativo”, porque no se puede pagar a 6 mil 300 trabajadores que están fuera del techo presupuestal. Adame Serrano preguntó por la sustracción de medicamento de los centros de salud, y el funcionario reconoció “el robo, perdón, la sustracción hormiga”, que es una práctica que ha ocurrido y que sigue pasando.
Dijo que es necesaria una fiscalización de medicamentos y supervisión directa de todas las recetas y sancionar penalmente a los médicos que utilicen de manera particular medicamento del sector Salud.

Un guatemalteco trajo la chikungunya

De la epidemia de chikungunya  dijo que según las investigaciones que han realizado, los primeros casos ocurrieron en Juchitán, en la Costa Chica, y que fue un hombre de origen guatemalteco el que portaba el virus y al ser picado por un zancudo infectó a la familia de la casa donde se quedó, y esos fueron los primeros casos registrados.
Dijo que las zonas más afectadas son las regiones Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, este último considerado como foco rojo.
Hasta ayer había 17 mil 223 casos sospechosos y sólo 925 casos positivos.
También explicó que no en todos se realiza la prueba para confirmar la enfermedad porque es muy cara, pues el costo por cada 125 pruebas es de 250 mil pesos.
Comentó que hubo municipios y colonias en las que no pudieron entrar a realizar fumigaciones y con la campaña de contención del virus, como Coahuayutla, “por cuestiones de seguridad”.
En ese caso, dijo que los amenazaron de muerte si intentaban entrar, así como otra comunidad de “otro municipio de la Costa Grande”.
Señaló que a la dependencia le han quitado “muchas” camionetas y el último caso ocurrió en Acapulco, en la Costera, donde hombres armados los despojaron del vehículo.
Negó que hubiera muertes por la enfermedad porque no es mortal, y que podría llevar a complicaciones de salud a enfermos crónicos recién nacidos, mujeres embarazadas y de la tercera edad.
Dijo que en el caso de Acapulco hay colonias en las que es imposible entrar y se refirió a la Jardines, porque apuntó que están controladas “por los amigos (en referencia a la delincuencia organizada), cómo lo hacemos, si no nos dejan entrar”, ese es un foco rojo dentro del foco rojo que ya representa el municipio.
Dijo que hubo irregularidades y mal trabajo de los vectores y de las jurisdicciones, que informaron en los primeros meses de año que el problema estaba contenido pero que no fue cierto y ese fue el motivo por el que se complicó la epidemia.

Vieron media hora los cuerpos y no son de los médicos desaparecidos, insisten familiares

*Desde el principio Miguel Ángel Godínez mostró la intención de dar carpetazo al asunto, porque se adelantó a informar sin realizar estudios forenses ni genéticos, señalan

Abel Salgado

Familiares de los dos médicos y otros dos profesionistas desaparecidos respondieron al fiscal del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, que ellos vieron los cadáveres que les presentaron como los de sus parientes, y no los reconocieron y que desde el principio intentó darle “carpetazo” al caso.
Padres de los médicos Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas, del trabajador administrativo de la Jurisdicción Sanitaria 07, Julio César Mejía Salgado y del licenciado en administración Osvaldo Ortega Saucedo, vía telefónica dijeron que no se sorprendieron por las declaraciones del fiscal ante la Co-misión de Justicia del Congreso, en la que acusó a los médicos del Servicio Médico Forense (Semefo) de alterar las medidas de los cuerpos y que eso creó confusión.
La madre de Marvin Hernán-dez, Cecilia Ortega Solórzano precisó que tuvieron media hora para identificar visualmente los cuerpos que les presentaron, y no eran a quienes buscan.
A pesar del estado de descomposición, manifestó que eran reconocibles y no encajaban con la fisionomía de los cuatro desaparecidos.
Uno de los cuerpos, revisado escrupulosamente no era de ellos, porque tenía un tatuaje en el cuello, seña particular que ninguno de los desaparecidos tiene.
Dijo que desde que encontraron los cuerpos el fiscal mostró la intención de “dar carpetazo” al problema, porque se adelantó a informar sin realizar estudios forenses ni genéticos, y sin la presencia de los familiares, que los cuerpos encontrados en Santa Bárbara, municipio de Chilpancin-go eran de ellos.
“Desde el 24 de junio, ya no hemos creído nada de lo que él diga o deje de decir”, subrayó.
Recordó que cuando entraron a ver los cuerpos, un médico del Semefo, de apellido Aguirre, los acompañó y otros trabajadores en todo momento les prohibieron tocar y fotografiar los cadáveres.
Manifestó que le parecía “increíble” cómo en menos de una semana la Fiscalía les entregó los resultados de los exámenes comparativos de ADN, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) aún no se los entrega.
Agregó que después de lo que dijo el martes, se demuestra que Godínez está tratando de hacer que todas las inconsistencias en la investigación  se ajusten, “hay cosas que no cuadran y ellos están haciendo que todo cuadre”.
Recalcó que los cuatro desaparecidos son de estatura baja o me-dia y los cuerpos que vieron eran altos “no cabían en las planchas que miden 2.10 por 80 centímetros”.
Afirmó que a través de la geolocalización del teléfono celular de Marvin, días después de haber encontrado el vehículo abandonado en Xolapa, el aparato tuvo su último registro en Acapulco, en el centro comercial la Gran Plaza, y cuando le marcaron quienes lo tenían apagaron el equipo y no volvieron a saber de él.
Indicó que el celular que tuvo mayor registro fue el de Osvaldo Ortega Saucedo que estuvo encendido mas días en más lugares.
Esas pruebas se las mostraron a la Policía Científica estatal, “se les dijo donde habían estado, tomaron nota y hasta ahí, no más”.
Aseguró que mientras no aparezca el cuerpo, su hijo Marvin seguirá desaparecido.
La esposa del médico Ray-mundo Tepeque, María Guadalupe Reséndiz Abarca, comentó que desde el inicio vio irregularidades, porque los agentes de los ministerios públicos no aceptaron la denuncia por desaparición, y pidieron que dejaran pasar 72 horas.
De los estudios de ADN, dijo que no confía en el fiscal porque cuando encontraron el automóvil donde viajaban los cuatro desaparecidos, había sangre y en la investigación se especifica que no se pudo hacer el estudio del plasma, porque no había el equipo para identificar el tipo sanguíneo. “Si no tienen el material para una prueba tan sencilla ¿cómo se explican que en dos días ellos tenían las pruebas ya listas de ADN?”, preguntó.
Por su parte, el padre de Osval-do Ortega Saucedo, José Enrique Ortega Martínez dijo que desconoce la comparecencia del fiscal, “yo no sé lo que haya dicho el baboso ese, porque eso es lo que es”.
En tono molesto precisó que a diferencia de los otros tres desaparecidos, la familia Ortega Saucedo tuvo un mayor registro del desplazamiento del teléfono de su desaparecido.
Afirmó que fueron dos los equipos telefónicos de los que informaron al fiscal que tenían registro, el de Marvin y el de su hijo, y el de Osvaldo fue el que mayor actividad tuvo.
“Yo le di las ubicaciones (al fiscal) del teléfono de mi hijo y según ellos fueron a ver  y no había nada, y al otro día aparece la ubicación del teléfono, arriba de la comunidad Garrapatas. Para mí están involucrados y algo saben, no nos quieren decir la verdad”, enfatizó.
Recriminó que los Ortega Saucedo con conocimientos básicos en tecnología lograron dar con la localización del teléfono, mientras que la Fiscalía no podía rastrearlo, según le dijeron.