Los cuatro policías ciudadanos de Temalacatzingo fueron torturados en la PGR, denuncian

Los cuatro policías de Temalacatzingo fueron torturados en la PGR, denuncian

*Presentan hematomas, fracturas, inflamaciones, problemas de visión y de presión psicológica, no recibieron alimentos ni agua, afirma la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia. El juez los calificó de “delincuentes, sicarios”, y les dijeron que si no cooperaban iban a quemarlos con gasolina, agrega. Exige la destitución del alcalde interino, policías y otros funcionarios de Olinalá

Carmen González Benicio

Tlapa

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) de la comunidad de Temalacatzingo del municipio de Olinalá, exigió la destitución del presidente municipal interino, Armando Patrón Jiménez, de los trabajadores del Ayuntamiento, Antonio Cesmo Vázquez y Rogelio Hernández Aquino y de policías municipales por abuso de autoridad, porque encubrieron y promovieron la detención de seis policías ciudadanos este martes.
En un comunicado la organización denuncia que los cuatro que fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo, fueron torturados, “ya se encuentran en sus comunidades recuperándose, pues regresaron con secuelas de tortura física y emocional”.
Pide que se investigue y procese a Damián Vázquez Hernández, a Jaime Ramón Melchor y a Santiago López Ramón miembros de la priista Antorcha Campesina y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), organizaciones que “se oponen a desarrollo y paz de nuestros pueblos”.
Dice que el Ejército “al parecer tienen tratos con la delincuencia organizada”, y demanda respeto a su sistema de seguridad indígena y popular que los protege ante la ineficacia y corrupción de las fuerzas de seguridad del Estado, que sólo reprimen.
El comunicado de la PCP fue emitido porque el martes, seis de sus integrantes fueron detenidos por un grupo de 60 personas encabezadas por funcionarios del Ayuntamiento, líderes de Antorcha Campesina y de la UNTA, con el respaldo de policías municipales y del Ejército.
Los seis fueron golpeados, despojados de sus armas y amarrados por los agresores en el crucero de Metlatijka, cerca de la comunidad de Temalacatzingo y de la localidad de San Antonio, donde hay un conflicto por la comisaría, y luego fueron trasladados a la cabecera municipal, Olinalá.
De ahí cuatro fueron trasladados a la delegación de la PGR en Chilpancingo, acusados de portar armas de grueso calibre de uso exclusivo del Ejército, aunque llevaban escopetas.
Los otros dos fueron detenidos por los policías municipales porque sólo llevaban macanas, pero no se informó a los familiares ni a la PCP, hasta después de 18 horas de su detención, aproximadamente, por lo que fueron considerados desaparecidos.
La Policía Municipal no informó que tenía a dos policías ciudadanos, pese a que se le preguntó, alrededor de las 7 de la noche los liberó en las inmediaciones de dos localidades y éstos llegaron a su comunidad, donde avisaron que los otros cuatro estaban en la PGR, desde las 5 de la tarde.
Por esos hechos la PCP emitió un comunicado en el que dice que los seis policías, “ya se encuentran en sus comunidades recuperándose, pues regresaron con secuelas de tortura física y emocional” porque llevaban hematomas, fracturas, inflamaciones, problemas de visión y de presión psicológica ya que “fueron tratados peor que prisioneros de guerra, no recibieron alimentos, los mantuvieron sin agua, lo que causó una grave deshidratación”.
Describe que la actitud del juez fue incriminatoria al calificarlos de “delincuentes, sicarios” y les dijeron que fueron detenidos porque robaban chivos, dijeron que los amenazaron para que firmaran un documento, y que si no cooperaban los iban a incriminar en más delitos para meterlos a la cárcel, o iban a quemarlos con gasolina.
Los cuatro policías ciudadanos trasladados a la PGR minformaron que se les cuestionó ¿Por qué cargaban armas, quién se las había dado, y si los obligaron a hacerlo?, detalla el boletín.
Fueron fotografiados con las armas y el uniforme de la PCP, les recogieron sus pertenencias y la playera de su uniforme que no les devolvieron, por lo que temen que le den mal uso y los pretendan responsabilizar de algo ilícito.
La PCP considera que estas acciones del gobierno y sus funcionarios son una muestra del desprecio que tienen por la vida y las comunidades indígenas, promueven la violencia, la inseguridad y perturban la paz social.
Denunciaron que la detención de sus seis compañeros por la Policía Municipal y el Ejército fur por consigna de Antorcha Campesina, que se ha incrustado en el Ayuntamiento desde donde manipula,  utiliza y extorsiona a la gente.
Menciona que las comunidades que son parte del sistema de justicia están indignadas por la agresión que sufrieron, y pidieron respeto a sus derechos a existir, a la autodeterminación y al ejercicio de la soberanía popular en su  territorio.
El boletín menciona que la organización de seguridad y justicia es reconocida en los municipios de Olinalá, Cualac, Huamuxtitlán y Tlapa e incluso por los los gobiernos estatal y federal pese a que no quisieron recibirlos para dialogar.
“Conocen nuestros sistema de seguridad indígena y popular por lo que no somos un peligro para la seguridad nacional, sí para los delincuentes institucionales y comunes, y contribuimos a mantener la tranquilidad y la paz social donde tenemos presencia”, agrega.
Lamenta que en lugar de apoyar los procesos comunitarios las autoridades generen conflictos intercomunitarios e interétnicos infiltrando personas, organizaciones o grupos de choque para cometer delitos y culpar a los ciudadanos organizados.
Debido a ese tipo de acciones está la ruptura en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la golpiza de un grupo de choque a profesores el 7 de junio en Tlapa y el asesinato del activista Antonio Vivar a manos de policías federales, enumera.
Recuerda que las fuerzas de seguridad acostumbran ir en contra los ciudadanos, los detienen, encarcelan, torturan física y psicológicamente, los asesinan o desaparecen, como lo hicieron con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala.