La trata de personas es un delito con escasas sanciones en el país, indica informe

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

La persecución de la trata de personas arroja escasos resultados en el país.
De acuerdo con datos del gobierno federal, en 15 estados no se emitió ni una sola sentencia por ese delito durante 2014.
Las 17 entidades restantes sumaron en conjunto 130 sentencias en el ámbito local.
Chiapas y el Distrito Federal acumularon el mayor número de sentencias por trata, con 49 y 31, respectivamente; es decir, que “aportaron” el 80 por ciento del total.
Les siguieron Puebla, con 9; Jalisco, Estado de México y Tlaxcala, con 6 cada una; Hidalgo, con 5; Morelos y Veracruz, con 3; Baja California, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa, con 2 cada una.
En la parte baja de la tabla están Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro, con sólo una sentencia durante el año pasado.
El total de sentencias del fuero común involucran, según las cifras oficiales, a 185 responsables y 259 víctimas.
“Uno de los retos es impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas. Por ello se realizan acciones para la investigación y la sanción de los responsables de ese delito”, indica el Informe de Actividades 2014 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
El bajo número de sentencias emitidas por el delito de trata no sólo se da en el ámbito local, también en el federal.
Según los datos del documento, durante 2014 se dictaron apenas siete sentencias federales a ocho personas consignadas.
Si se suman las cifras locales y federales, el año pasado se dictaron un total de 137 sentencias a 193 tratantes.
El acumulado de sentencias por trata de personas entre 2009 y 2014 asciende a 410 en todo el país, añade el informe.
“El Estado mexicano, consciente del fenómeno de la trata de personas, se ha comprometido a realizar un despliegue de acciones de coordinación y enlace entre las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno. Para dar eficacia a los programas, estrategia, mecanismos y líneas de acción orientados a la prevención, investigación y persecución de estos ilícitos”, agrega.