Raymundo Riva Palacio

ESTRICTAMENTE PERSONAL

*La peor crisis de Peña (I)

Hace escasa una semana, un juez federal atendió la petición de la PGR y halló elementos para enjuiciar a dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como presuntos responsables de no haber emitido de manera oportuna la alerta para que se activaran los protocolos de emergencia que impidieran la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin el spin gubernamental en los medios, se difundió que un juez federal los dejó en libertad. La PGR apeló el fallo y se está en espera de su resolución. Los funcionarios regresaron al Cisen donde pasarán por el polígrafo, por lo que para efectos públicos, el caso está casi cerrado.
La realidad es muy diferente. Este episodio es uno de los mejores ejemplos para explicar el colapso de los sistemas de seguridad y penitenciarios que sumió al presidente Enrique Peña Nieto y su triada de poder –el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el de Hacienda, Luis Videgaray–, en la peor crisis política del sexenio.
El porqué el Cisen tiene que ver con los reclusorios, se responde con la decisión de Peña Nieto de cambiar el diseño institucional del gobierno, cuando durante el periodo de transición, aprobó que la Secretaría de Gobernación absorbiera la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Gobernación y represión en la misma mano es una receta tóxica, pero la concentración del poder –la zanahoria y el garrote– influyó en la decisión. Sin que pareciera haber existido una mayor reflexión, se involucionó en materia de inteligencia y policial 20 años, cuando tras la corrupción de la vieja policía política, la Dirección Federal de Seguridad, se fusionó en 1985 con la Dirección General de Investigaciones Política y Sociales, que dependía de Gobernación, en lo que fue la placenta del Cisen, que nació cuatro años después.
El Cisen fue creado como un órgano de inteligencia civil para recopilar información y procesarla para que aportara análisis, diagnósticos y opciones al presidente. Las tareas policiales dejaban de ser su función y responsabilidad, que recayeron en una Subsecretaría dentro de Gobernación, que durante el gobierno de Vicente Fox se elevó al rango de Secretaría. Pese a sus altibajos en la conducción y la insuficiencia de presupuesto, el Cisen se mantuvo fuera de la contaminación natural de las tareas policiales. Al llegar Peña Nieto y su triada al poder, volvieron a juntar todo. Políticos jóvenes con olor a naftalina y visión de Estado corta, nunca quisieron aceptar –porque críticas hubo en los medios–, que esa decisión era equivocada.
En el nuevo diseño institucional, Peña Nieto creó la Comisión Nacional de Seguridad integrada a la Secretaría de Gobernación. Al absorber toda la parte operativa y táctica policial, se fueron simplificando los procesos y desmantelando los protocolos inherentes a la seguridad pública. Para efectos de este texto, una externalidad fue la desaparición de la llamada escuela de custodios, que se había separado de la Policía Federal para minimizar los riesgos de corrupción orgánica. Una segunda externalidad fue que los protocolos en las cárceles de máxima seguridad se empezaron a ver bajo una óptica política –en otras columnas se detallará el desmantelamiento de ellos– y no meramente policial. La tercera es que le asignaron al Cisen en los hechos –que no por decreto–, la responsabilidad de inteligencia dentro de los penales. De esta forma profundizaron más el retroceso de dos décadas, donde la inoculación del aparato de inteligencia civil de la inteligencia policial desapareció al quedar integrada bajo la misma dirección.
El presidente Peña Nieto designó al frente del Cisen, por petición de Osorio Chong, a Eugenio Imaz, con nula experiencia real en temas de inteligencia, pero cuya carrera política fue de la mano del ex gobernador de Hidalgo. Imaz tomó el control de la inteligencia en los penales de máxima seguridad, como El Altiplano, de donde se fugó El Chapo Guzmán, por lo que para efectos prácticos se puede argumentar que la evasión es también responsabilidad de él y del Cisen.
El Cisen desplazó al Ejército de las tareas de inteligencia en el exterior del penal, y de la vigilancia en el primer perímetro exterior de la cárcel. Tomó el control de una de las tres áreas de video monitoreo de una forma ilegal, porque no está en sus funciones y responsabilidades esa tarea, pero aún así –bajo la argumentación de que podría ser un tema de seguridad nacional–, falló en las tareas de contrainteligencia. El Cisen no se percató –o no quiso ver– el desmantelamiento de los sistemas y protocolos que comenzó el primer comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, que permiten que una cárcel sea de máxima seguridad, y le pasaron de largo las decisiones que tomó en los procedimientos y las personas con las cuales los llevó a cabo. Hubo alertas sobre lo que estaba sucediendo y no se atendieron. La fuga de El Chapo Guzmán no se consumó el 11 de julio. La fecha es anecdotaria. Las condiciones para que la realizara se construyeron aún antes de que lo capturaran.

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