Ernesto Villanueva

El mundo al revés

* Tiro de gracia a la libertad de expresión

El homicidio del foto reportero de Proceso Rubén Espinosa no es el primero ni será el último en el país. La lista es larga a lo largo y a lo ancho del país y sigue en aumento. Quizá el caso de Espinosa llame más la atención por haber sido efectuado en la capital del país y en una céntrica colonia de clase media del Distrito Federal junto con otras personas. Este ingrediente le da mayor singularidad, aunque, sobra decir, todas y cada una de las vidas perdidas por informar y/o opinar valen exactamente lo mismo. Es una distorsión mediática pero se puede ver que un caso en el DF se vuelve “nacional” y otro exactamente igual en el interior del país goza, en el mejor de los casos, las páginas interiores de los medios impresos. No lo justifico, sólo lo explico. Al margen de ello, es lamentable volver una y otra vez al tema. Las cosas, empero, no permiten quedarse callados como cómplices silenciosos de lo que pasa en México.
Primero. El problema de ejercer la crítica no es nuevo; antes bien, es sinuoso y complicado. Es un terreno resbaladizo que no ha encontrado mecanismos efectivos de disuasión. La incompetencia, la colusión, la corrupción y la impunidad han sido los jinetes del apocalipsis del derecho a expresarse y del derecho a saber en este siglo XXI aquí y ahora. Hace nueve años se creó la Fiscalía para la Atención de Delitos contra Periodistas, después llamada Fiscalía Especial para Delitos en contra de la Libertad de Expresión, ambas de la Procuraduría General de la República. Primero, en el 2006, había dos grandes impedimentos para su labor: a) sus limitaciones legales. Valga decir que sólo podía conocer de 400 delitos y no de los mil 81 delitos federales existentes tanto en el Código Federal Penal como en distintas leyes especiales; y b) el perfil y la voluntad política para actuar conforme al mandato de la ley por parte del Estado. El primer rubro ha mejorado de manera sustantiva en el transcurso de estos años. Ha quedado, sin embargo, vigente la falta de perfil adecuado y la voluntad política. El caso más patético en estos años es el de la fiscal Laura Angelina Borbolla quien le ha dado a la sociedad mexicana atole con el dedo. En efecto, cito una parte de un texto que ya escribí sobre el tema que me parece fundamental retomarlo ahora: “en cinco años (la fiscalía y sus compinches) han hecho 126 consignaciones, pero no han ganado en tribunales ni un solo caso como cosa juzgada; es decir, sin posibilidad de apelación. Sin rubor, la FEADLE confiesa que tiene 659 asuntos pendientes. Del 2010 a la fecha doña Laura Angelina Borbolla le ha costado al erario 110 millones, 285 mil 888 pesos. ¿Qué ha hecho? Viajes internacionales y relaciones públicas para brindar seguridad psicológica y terapias de grupo.” (El texto completo puede consultarse en http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/03/01/criptocracia-pgr-fiscalia-para-atencion-a-delitos-contra-la-libertad-de-expresion.
Segundo. Ayer domingo 2 de agosto se ha designado un nuevo fiscal para el tema en la PGR. Eso, por supuesto, no garantiza nada. La curva de aprendizaje, los dudosos apoyos reales y, sobre todo, los compromisos políticos permiten augurar que difícilmente se podrán ver resultados diferentes a los que ha habido en los nueve años anteriores. Es probable que sea otra campaña de relaciones públicas, de simulación y del uso de recursos del erario para guardar las formas. No hay, ojalá me equivoque, esperanza alguna. Y eso que la esperanza es lo que al final queda. He señalado y lo digo de nuevo ahora que esos recursos públicos deben destinarse a las principales organizaciones sociales de defensa del ejercicio periodístico y la libertad de expresión para que puedan fungir como coadyuvantes y estén en posibilidades de realizar investigaciones paralelas (no juicios paralelos aclaro) que presionen a la autoridad competente (es un decir, me refiero jurídicamente, no que sea capaz en el sentido coloquial y común del término) para que la averiguación previa no se quede en un legajo de papeles destinados a la reserva sin resultados concretos, como ha pasado en todos y cada uno de los casos que la Fiscalía de la PGR ha “investigado”. No se puede otorgar un certificado de confianza a la PGR en éste y en ningún otro tema por su conocida debilidad institucional y su vinculación al Ejecutivo federal que le impide actuar con independencia y sus actuaciones están subordinadas a la política y a los criterios de marketing, relaciones públicas y timing para salir del paso. Eso ha pasado y no es posible pensar que pase otra cosa con la misma estructura jurídica que abreva de la corrupción como su motor principal de operación.
Tercero. En el hipotético caso de que los recursos destinados a la Fiscalía de la PGR para labores cosméticas se destinaran a organizaciones independientes se generaría una presión inédita, sistemática y difícil de obviar. Debe quedar claro que la PGR no se va a tomar una pistola y dispararse al pecho. Los investigados están éticamente impedidos de ser al mismo tiempo los investigadores de sus probables delitos. Eso es verdaderamente absurdo. Por lo anterior, me queda claro que una iniciativa como la que sugiero no tendrá cabida. Nadie va contra su propio interés, dice Luis Martín Guzmán en su clásica obra La sombra del caudillo y hoy no será la excepción a la regla de la política mexicana que necesita de las conductas delicitivas como aire para vivir. ¿Alguien en su sano juicio creerá lo contrario?

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