Raymundo Riva Palacio

ESTRICTAMENTE PERSONAL

* La peor crisis de Peña (II)

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano no se dio antes porque no lo habían capturado. Esto no es un galimatías. La evasión se dio porque estaban creadas todas las condiciones para que se diera, y se empezaron a construir desde el periodo de transición, antes aún de que Enrique Peña Nieto asumiera la Presidencia. Durante este sexenio se dio, por diseño institucional, el desmantelamiento sistémico de la seguridad en los penales, el relajamiento de las barreras legales contra los criminales, y el otorgamiento de privilegios inexplicables. Fueron tantos los cambios que al final contribuyeron a la fuga, que sólo el hecho de que afecta directamente al presidente Enrique Peña Nieto y metió a su gobierno en una crisis política profunda, elimina la posibilidad de que fuera una evasión pactada.
La crisis política se entiende a partir de que la fuga exhibió el desastre de diseño institucional que escogieron, y la frivolidad con la que actuaron en su construcción. En la génesis de esta crisis se encuentra Manuel Mondragón, reclutado como comisionado Nacional de Seguridad mediante una encuesta de popularidad –no un análisis de capacidades–, y a quien su jefe, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le permitió durante casi dos años la destrucción del aparato de seguridad. Mondragón es uno de los responsables políticos de la fuga, pero no se manejaba solo. Todo lo que hizo, necesitó aprobación superior.
Por ejemplo, la contratación de Celina Oseguera para coordinar los Centros Federales de Readaptación Social, que fue destituida tras la fuga de Guzmán. Oseguera trabajó con Mondragón en el gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, y fue señalada como responsable de una red de prostitución en los penales de la ciudad de México, corrupción y abusos de autoridad. Oseguera fue quien permitió que Sandra Ávila, La Reina del Pacífico, recibiera tratamientos estéticos en la cárcel, y durante la administración pasada, pidió formalmente –sin éxito– a la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, la liberación de varios narcotraficantes.
Oseguera no pasó desapercibida cuando fue reclutada por Mondragón. El comisionado del órgano que manejaba los penales federales –también destituido tras la evasión–, Juan Ignacio Hernández, protestó por la contratación, pero no le hicieron caso en Gobernación. Los jefes del Cisen, que debieron haber alertado a Osorio Chong sobre Oseguera antes de ser nombrada, no hicieron nada. Una llamada de atención abierta se dio cuando en menos de media hora le dio la salida de la cárcel a Rafael Caro Quintero, el ex jefe del Cártel de Guadalajara, a mediados de 2013, sin darle tiempo a la PGR para que interpusiera un recurso que impidiera su liberación.
Durante el primer medio del gobierno peñista, los sistemas se fueron relajando. Mondragón pidió, por ejemplo, que se redujeran las revisiones físicas a los visitantes en El Altiplano, argumentando que violaban los derechos humanos. Flexibilizó también las aproximaciones al penal, que dejaron de ser retenes inhibitorios para convertirse en entradas como en un reclusorio normal. Como se desmanteló parte de los sistemas de Plataforma México, la detección en tiempo real de identificaciones falsas en los visitantes al penal, no funcionó, como pasó con una legisladora del PAN que semanas antes de la fuga, visitó a El Chapo en la prisión. Se eliminó el monitoreo espejo desde la ciudad de México y se canceló el audio de las imágenes. La Policía Federal, que escuchaba todo lo que sucedía dentro de los penales con fines de contrainteligencia, dejó de oír, y el Cisen, que escuchaba dentro y fuera de las cárceles, también dejó de hacerlo.
Mondragón tiene una enorme responsabilidad en el relajamiento sistémico de los protocolos y procedimientos de seguridad, como se detalló en este espacio en textos anteriores, pero cuando renunció en octubre del año pasado, no cambió nada. El Chapo Guzmán fue ganando mediante amparos el acceso irrestricto de sus abogados al penal, que tuviera una televisión, el pelo largo y hasta un canario en la celda, sin que en Gobernación lo frenaran. No sólo se le dejó en la misma celda –antes de irse, Mondragón reveló un secreto de Estado al declarar a la prensa en cuál se encontraba–, sino que contra todo protocolo, varios de los principales capos del narcotráfico, estaban juntos en el mismo pabellón.
Después de la salida de Mondragón, las cosas no cambiaron. Conagua, por ejemplo, pidió hacer nuevas obras del Cutzamala por debajo de El Altiplano, a lo cual se negó la Policía Federal, que permitió no obstante que las hicieran a un costado, lo que viola también protocolos de seguridad. Durante las obras se desconectaron los sensores subterráneos –que vigilaban hasta una profundidad de 20 metros–, y cuando se concluyeron, no se reconectaron. En política, tantas coincidencias no son coincidencias.
Pero hay que insistir que por el golpe al presidente y la crisis en la que lo metió, no se trata de una fuga pactada. Esto no le quita responsabilidad alguna. Tanto él como los miembros de su equipo más cercano son responsables de esta evasión por construir un diseño institucional fallido, sin sistemas de inteligencia y contrainteligencia, cuyos resultados propiciaron la fuga. Culpables, en todo caso, de incompetentes. La fuga de El Chapo es la prueba de ello.

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