Debe declarar en la PGR y la Fiscalía, dice el gobernador Rogelio Ortega

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

El gobernador Rogelio Ortega Martínez afirmó que el alcalde perredista electo de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, deberá ser llamado por la Pro-curaduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) “para que aclare este tema”, en referencia al video en el que aparece en tratos con jefes de un grupo delictivo.
Consultado a la salida de una entrevista en una radiodifusora, el gobernador señaló que “si ya salió este video, cuántos más habrá en esta situación”.
Se le preguntó si él ya se había comunicado con el alcalde electo, y respondió que no le corresponde al Ejecutivo hacer el trabajo de procuración de justicia.
Sobre la inseguridad en Iguala y Acapulco, reconoció que el gobierno del estado no cuenta con los recursos necesarios para la lucha contra el narcotráfico que actualmente impera en Guerrero.
Señaló que “necesitamos re-solver de raíz el problema, yo tengo otra política, el día en que todas las drogas estén reguladas en México, ya no habrá negocio y ahí acabará la narcoviolencia, mientras no suceda, sólo haremos los esfuerzos de inhibir y contenerla”.
A pregunta expresa sobre los asesinatos, desapariciones y ejecuciones en Iguala pese a la presencia de fuerzas federales, aco-tó que no sólo en esta ciudad hay hechos violentos sino también en Acapulco donde “cerramos el semestre con más de 470 asesinados, fundamentalmente personas vinculadas con la delincuencia organizada, al narcotráfico”.
Reconoció que es un hecho grave que afecta a Guerrero, y dijo que se tomarán medidas “propis que corresponden al gobierno, una estrecha coordinación con las instancias de seguridad”.
En un corto análisis realizado por el gobernador sobre la situación, dijo que “más bien la pregunta debería ser ¿cuál es la causa y cómo se está atendiendo el fenómeno?”, y se respondió que “la causa es la narcoviolencia, las bandas de la delincuencia involucradas con el narcotráfico y vinculadas al secuestro y trata de personas”.