Se quejan en la Codehum policías ciudadanos detenidos y golpeados por municipales de Olinalá

Los policías municipales de Olinalá que detuvieron a los integrantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), los golpearon y tras una noche en prisión los entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) acusados de portación de arma.
En unas horas estuvieron en libertad y una semana después, los policías ciudadanos presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), por violaciones a sus derechos como pueblo organizado contra la inseguridad.
En el escrito de queja que entregaron este lunes a la coordinación regional de la Montaña, en Tlapa, se detalla la denuncia de acoso de los agentes municipales a los policías ciudadanos de Temalacatzingo, Miguel Agustín Dolores, Marcos Moreno, Rodrigo Castañeda Pérez y Tomás Dolores Vergara.
Explican que las acciones de los grupos de seguridad son de prevención del delito, que recorre Temalacatzingo y localidades aledañas, y el 27 de julio a las 11 de la noche, durante una acción de vigilancia fueron confrontados por los municipales.
Los policías de Olinalá les recriminaron que no tienen facultades para hacer labores de vigilancia en los caminos “que no valemos nada y que debemos estar pendientes sólo de lo que ocurre en nuestra comunidad”.
Sin mediar orden de aprehensión u otra orden judicial los detuvieron y a Miguel Ángel Agustín Dolores lo golpearon.
Esa noche estuvieron en la cárcel municipal, y el 28 de julio a las 8:30 de la mañana los trasladaron a la delegación de la PGR en Chilpancingo. Alrededor de las 12 de la noche fueron liberados mediante la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El lunes presentaron la queja formal contra los policías y el auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública de Olinalá, Antonio Cesmo Vázquez, Damián Vázquez Hernández y Rogelio Hernández Aquino, por violentar la Constitución, la Declaración Universal de Derechos y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que son el sustento legal de la organización comunitaria de los pueblos originarios y que sancionan los abusos de poder. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).