Familiares de presos políticos se reúnen con diputados; los urgen a aprobar la ley de amnistía

*El presidente de la Comisión de Gobierno y dos diputadas les prestan poca antención. El petista Jorge Salazar dice que en el Congreso desconocen la propuesta de las organizaciones sociales, que no alcanzan los tiempos legislativos y que faltaría una propuesta federal

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Familiares de presos políticos urgieron de forma muy sentida la libertad de sus detenidos por medio de una ley de amnistía a un grupo de diputados displicentes. Dos diputadas se retiraron antes y el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, atendió otros asuntos en medio de la audiencia que comenzó después de hora y media de espera.
Tras escuchar las intervenciones, algunas con traducciones de tún savi (lengua mixteca) a español, y reclamos por la desatención, el diputado del PT, Jorge Salazar Marchán, consideró que los familiares fueron llevados con engaños al Congreso, y el propio gobernador Rogelio Ortega Martínez, engañó a los diputados, si como dijeron en la mesa, envió al Congreso una iniciativa de ley de distinta a la que elaboró con las organizaciones y familiares.
Además, explicó que una ley de aministía local obliga a la creación de una ley de amnistía federal y en este sentido dijo: “seguro (la federación) tiene agarrado al gobernador… de los centavos”.
Notablemente incómodo, opinó que la discusión de ayer comenzó “muerta” porque los diputados no tienen el documento original de la propuesta de ley de las organizaciones, y no pueden hablar de lo que no conocen, aunado a que la legislatura termina su periodo de gobierno en un mes con 13 días.
“No dan los tiempos (legislativos) como está manejando la Secretaría General de Gobierno”, dijo. No obstante, agregó que con voluntad política, en un solo día y en sesión extraordinaria se podría hacer. Es factible, esta legislatura se ha caracterizado por aprobar varias leyes en uno y hasta dos días consecutivos.
En la mesa, el luchador social Bertoldo Martínez Cruz aclaró que ningún familiar acudió engañado, están pidiendo algo muy claro, “aunque no sepan leer ni escribir, saben que quieren la libertad de sus familiares”.
Sobre la inciativa que envió el Ejecutivo al Congreso y que no reconocen como suya las organizaciones, el luchador social consideró que el gobernador “de plano no lee” lo que manda al Congreso, “o sus aserores lo están haciendo pendejo”.
Por su lado Ortega Jiménez reconoció que es “complicado” aprobar una ley de amnistía en este momento, pero confió en que el gobernador pronto envíe más información, “espero que salga”, dijo, y en el Congreso serán respetuosos y responsables, para que se beneficien quienes piden la amnistía y no otros.
Asisitieron unas 50 personas, entre luchadores sociales y familiares de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) –salvo del promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina González–, de cinco activistas de Coyuca de Benítez, integrantes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, acusados de la muerte del líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zatapa, Raymundo Velázquez.
Asimismo, familiares de Maximino Mojica Delgado, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), su esposa, María de los Ángeles Hernández Flores, y Santiago Nazario, detenidos en septiembre de 2008, pero encarcelados hasta enero de 2009, en la prisión de Tecpan de Galeana, y familiares e integrantes de los presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui y María de la Cruz Durantes Zamora.
Martínez Cruz puso en la mesa el caso del perredista Jorge Astudillo, que espera sentencia hace 11 años en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México. En general, las organizaciones difundieron el 16 de junio una relación 54 presos políticos para que sean beneciados con la amnistía que se discute con el gobierno del estado, desde que Ortega Martínez asumió la gubernatura.

Comienzo difícil

Familiares y luchadores sociales llegaron a las 11:30 de la mañana al Congreso local, y después de unos momentos les permitieron el paso a la sala José Francisco Ruiz Massieu, donde esperaron a los diputados de la Comisión de Gobierno y la de Justicia, responsables de analizar la propuesta y llevarla al pleno.
La reunión comenzó a las 1 de la tarde, con la presentación de los diputados, en primer lugar, del diputado de Movimiento Ciudadano, Evencio Romero, que fue uno de los principales promotores del proyecto de la presa La Parota. “Traidor”, “mañoso”, “vende patrias”, gritaron los integrantes del Cecop.
Luego, presentó a las diputadas Karen Castrejón y Delfina Oliva Hernandez, que se retiraron a media reunión para instalar la sesión ordinaria, que en los hechos comenzó hasta que terminó la audiencia de los familiares.
Mientras esposas, madres, hermanas y activistas explicaban la injusticia contra sus familiares y su condición de pobreza, Romero Sotelo escuchó en silencio, y el presidente de la Comisión de Gobierno revisó en su celular, un documento, levantaba la vista ocasionalmente, y antes de concluir la reunión habló constantemente con el oficial mayor.
Los activistas llamaron su atención en tres ocasiones. Particularmente, la esposa del policía comunitario, Ángel García García, Minerva Donaciano Díaz, una joven na savi, que vistió un humilde huipuil blanco con listón y una enagua rosa brillante.
De pie, solicitó al diputado Ortega que la escuchara, porque en su casa dejó a su hijo pequeño, para estar en la capital, y pidió dinero como limosna para el traslado.
Insistió en que saque a su esposo de prisión, porque es tiempo de siembra y lo necesita a su lado para que cultive maíz, “si no qué voy a comer, ¿plátanos?”. (Los plátanos se usan como masa cuando no hay suficiente maíz).
Aclaró que no tiene un empleo, ni salario como el de los diputados, tampoco tiene una casa digna, “¿creen que ahí van a vivir los secuestradores?”, dijo sobre su pobreza.
Agustina, esposa del integrante de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, preso en Ayutla, pidió a los diputados que respondieran si ¿es injusto luchar por su pueblo?, para explicar de alguna manera el encarcelamiento de su marido el 1 de diciembre de 2013. Señaló que sin él, ella se encarga de la manuención de seis hijos pequeños, haciendo limpieza en las casas, por 60 pesos al día. Lo necesita a su lado.
La esposa na savi del policía comunitario Florentino Díaz Castro, denunció en español atropellado que su marido fue detenido en la redada del 21 de agosto en la Casa de Justicia de El Paraíso, por el delito de secuestro. Insistió en la libertad de todos los presos.
Asimismo, la esposa del coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, indicó que tienen una hija enferma en casa, que necesita atención especializada. Otras mujeres na savi denuciaron sus casos con el apoyo de un traductor.
De Coyuca de Benítez, esposas y madres de cinco detenidos en Acapulco señalaron que confiaron en el gobernador Ángel Aguirre Rivero, votaron por él y los encarceló. Todos señalaron a los diputados que están ahí por el voto de la población, y deben responder al pueblo.
Aún convaleciente, Bertoldo Martínez Cruz denunció que los casos de los presos de Guerrero son una aberración. Afirmó que Máximo Mojica, su esposa y un activista fueron secuestrados por la delincuencia organizada y despúes sometidos a un proceso judicial y fueron sentenciados a más de cien años de prisión cada uno. Al perredista “de hueso colorado” Jorge Astudillo, se le han dictado tres sentencias y aún no termina el proceso judicial, en 11 años de reclusión.
En la comunidad de la Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, pueblo desplazado por la violencia, tienen registros de 27 muertos, 36 desaparecidos, y un detenido “y nos mataron a uno (otro) en prisión”.
Recordó que a los que protestaron por la masacre de Aguas Blancas y El Charco, “nos cobraron a los muertos”, incriminándolos en distintos delitos. Ahora que piden verdad y justicia para los asesinados y desparacidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, “a ver si no nos quieren cobrar los muertos”, advirtió.
Antes de que los diputados fijaran sus posturas, el diputado del PAN, César Quevedo Insulza justificó la actitud de Ortega Martínez. Aseguró que estaba atendiendo temas que son tan importantes como el de los presos políticos, entre ellos mencionó los preparativos de la sesión del Congreso ese mismo día.