Es “una burla para los pueblos” el convenio de una parte de la CRAC con el gobernador, dice Gonzalo Molina

Ante las versiones de que están considerando un presupuesto para la Policía Comunitaria, aclaró que el alma de esta institución es el servicio social y que el dinero volverá a dividirlos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González consideró “una burla para los pueblos y una cachetada para los presos políticos” el convenio que firmó la casa de justicia de San Luis Acatlán con el gobernador Rogelio Ortega, que anunciaron representantes de las Casas de los pueblos fundadores de Cirino Plácido Valerio y otras de la Costa Chica.
Desde la prisión de Chilpancingo, Molina González insistió en que los representes de las casas de justicia de la CRAC deben exigir a los tres poderes de gobierno respeto a la Ley 701 de derechos y cultura indígena, ya que con eso bastaría para obtener la libertad de coordinadores, consejeros, comandantes y policías comunitarios encarcelados, en lugar de negociar a puerta cerradas con las autoridades.
Ante las versiones de que están considerando un presupuesto para la Policía Comunitaria, que anunció el mismo Ortega Martínez en enero, cuando firmó el convenio con la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, y que dejaron ver en las últimas pláticas los grupos de Santa Cruz del Rincón, Juchitán y Cochoapa, con funcionarios de gobierno, aclaró que el alma de esta institución es el servicio social, y que el dinero volverá a dividirlos.
Consideró que a quienes están negociando a nombre de los pueblos no les interesa la comunidad, al contrario, cayeron en la estrategia del gobierno para terminar con todos los movimientos organizados, “los están comprando”.
Aseguró que la CRAC ya está infiltrada por operados del gobierno, y que la Casa de Justicia de San Luis Acatlán está jugando el mismo papel que jugó el ex coordinador Eliseo Villar Castillo, en el gobierno de Aguirre Rivero en 2013, cuando aprehendieron a todos los integrantes de la CRAC.
Aunque San Luis Acatlán encabeza la demanda de creación de una ley de amnistía, durante dos años no hicieron nada por la libertad de sus compañeros. Recordó que hace dos años decían que los detenidos habían cometido errores y no los defendieron. “¿Por qué hasta ahora?”, cuestionó, el interés de los operadores de San Luis Acatlán, cuya cercanía con el ejecutivo es notoria.
No descartó que la ley de amnistía sea una salida política para conseguir la liberta de 11 integrantes de la CRAC presos en distintos penales del estado y en la ciudad de México, pero implica que serán perdonados, sin tener culpa.
También consideró que pueden seguir en prisión, porque hay una estrategia federal para atemorizar a la población, para que la sociedad no se movilice contra la implementación de las reformas estructurales, contra la operación de las mineras que están ganado terreno en las comunidades.
Sin embargo, insistió en que las autoridades no podrá encerrarlos a todos, “tenemos que luchar contra la descomposición de la clase política”. Añadió que el gobierno no está infiltrado por el crimen organizado, porque “la delincuencia ya está gobernando”.

Acusa a la Asamblea Municipal Popular de ser parte de la estrategia del gobierno

Al referirse al movimiento social por la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, dividido en dos bloques –la Asamblea Municipal Popular y el Comité Promotor del Concejo Popular Municipal–, Gonzalo Molina González acusó a la Asamblea de ser parte de la estrategia del gobierno para confrontar y dividir, respaldó al Comité Promotor, donde participa la Policía Comunitaria de El Fortín, que él fundó.
Los dos movimientos buscan la creación de un Consejo Popular Municipal para suplir al Ayuntamiento como gobierno, sin embargo reconoció que su integración implicará más tiempo del que tenían contemplado. Debe surgir del voto directo del pueblo, en asamblea y a mano alzada.
Cuestionó la prisa de la Asamble Municipal Popular de conformar un concejo para el siguiente periodo de gobierno, y vaticinó que si no lo consiguen, van a postular a un candidato independiente en las elecciones extraordinarias para alcalde que convoque el órgano electoral. En este sentido, señaló que cayeron en el juego electoral que impugnaron en un inicio.
Convocó a la Asamblea a no desviar los propósitos del movimiento, que la elección de consejeros se realice en asambleas amplias de los pueblos, con la participación de mujeres y jóvenes de 17 años de edad y mayores.
Sobre las casas de justicia de la CRAC, precisó que ninguna, por primera o por muy casa matriz que haya sido, puede decidir ni intervenir en las demás, sí deben tener coordinación, pero todas tienen el mismo valor, en franca alusión a la casa matriz que se asumió como cabeza de la institución.