No saben del caso del asesinato de Antonio Vivar; les dijeron que lo atrajo la PGR, dicen familiares

El Ministerio Público no acudió a tomar pruebas a la colonia El Tepeyac de Tlapa, donde el activista del MPG fue asesinado por policías federales el 7 de julio, informan ayer en el Primer Encuentro de Lucha y Resistencia Social, a dos meses del crimen

Antonia Ramírez

Tlapa

En el Primer Encuentro de Lucha y Resistencia Social se informó que a dos meses del asesinato del activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Antonio Vivar Díaz, los familiares desconocen los avances de la investigación.
Ayer, en Tlapa, participaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, estudiantes de la escuela Normal Regional de la Montaña, una consejera estudiantil de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, y el MPG como organizador.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio relató que el cuerpo de Vivar Díaz fue entregado a los familiares la madrugada del 8 de junio porque se opusieron al traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en Chilpancingo, porque les dijeron que se lo llevaban para conocer las causas de muerte, pero que a su regreso estaría a cargo de los familiares y les costaría dinero del que no disponían, además “la familia dijo que no era necesario saber más, ya que las balas que lo habían matado eran de los policías federales”.
Denunció que en el homicidio de Vivar Díaz hay varias omisiones del Ministerio Público porque del 7 al 10 de julio no acudió ningún representante a la colonia El Tepeyac ni a la iglesia a dar  fe de los hechos, pese a que el homicidio se persigue de oficio.
Además no hicieron nada, pese a que en el lugar había casquillos, toletes, sangre en paredes y varias cosas que podían aportar a la investigación.
Fue hasta el 11 de junio cuando la hermana de Vivar Díaz, Alma, solicitó las diligencias de la investigación y lo que encontró fue una intimidación de los agentes ministeriales que pretendían culparla y le exigían que contara cómo había muerto su hermano, “cuando ella no había estado ahí y sólo sabía lo que le mostraban de Internet”, dijo la abogada.
Agregó que se sabe que un policía federal disparó desde el interior de la iglesia y mató al activista.
Mencionó que peritos del Semefo acudieron el 12 de junio al panteón de San Diego para hacer su trabajo pericial y exhumaron el cuerpo, del que extrajeron un proyectil, identificaron dos heridas, una en dirección al pectoral, que fue el que le arrebató la vida y el otro en el hombro  derecho “pero eso es lo único que sabemos porque estuvimos presentes, y de ahí no nos han dado más detalles pese a la solicitud”.
Comentó que el  fiscal del estado en días pasados dio una conferencia donde informó que la averiguación del homicidio del activista sería atraída por la federación, pero a ellos como coadyuvantes del caso no les ha dicho nada formal y eso ha sido una constante, pues  el 17 de junio hablaron con un agente del MP de apellido Gallegos, ante esa falta de información a la familia, y prefirieron solicitar todo por escrito.
Les respondieron que el caso había sido atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo, y la familia desconoce el contenido de los dictámenes de las diligencias, e incluso el número de averiguación.
Contó que el 27 y 28 de julio acudió personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH) para recibir la queja del homicidio de Antonio Vivar y de los ocho detenidos por los policías federales el 7 de junio.
Agregó que Tlachinollan pidió la visita ante la flagrante violación a los derechos humanos, privación de vida, trato inhumano, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y porque los agentes policiacos atentaron contra la libre organización.
Insistió en que jurídicamente no tienen información de la PGR del número de averiguación previa con que se consignó el caso.
Informó que se han promovido amparos para los activistas de la región, ya que hay órdenes de aprehensión contra Arnulfo Cerón, Juan Tenorio y otros, bajo la causa penal 21/2015 por delitos electorales, acusados de obstruir el trabajo de funcionarios electorales.

El MPG de Tlapa fue un foco rojo para el gobierno porque se opuso a los narcogobiernos: Abel Barrera

Ayer el director de Tlachinollan, Barrera Hernández dijo que se vive en un país donde aparte de enfrentarse a la desigualdad social ahora se lucha contra la  macro delincuencia.
Dijo que el MPG fue un foco rojo para el gobierno porque siempre mostró que era un bastión de resistencia contra las elecciones, que cuestionó a los narcogobiernos y a todo el sistema de partidos, y por eso el Instituto Nacional Electoral (INE) fue intocable porque ahí se centra el sistema de partidos.
Recordó que los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada acudieron al INE para buscar el apoyo de los consejeros, y se pronunciaran por la aparición de sus hijos, pero les contestaron que no podían por sus reglamentos y entonces, “las leyes de México no están para atender a los afectados, ni las instituciones cumplen su papel”.
Denunció que el INE que se dice institución democrática haya descalificado a los padres, al MPG y a las personas que protestaban contra el sistema de partidos y elecciones, cuando una de sus líneas es promover la ciudadanía.
Además interpuso denuncias penales contra los activistas “porque resulta que el camarada Toño tenía orden de aprehensión, quién dijera que el INE se prestara como informante de las fuerzas militares, marinas, federales y estatales porque desde ahí salieron los datos y las denuncias penales”, remarcó.
Criticó a las instituciones, dijo que no funcionan para atender a la población indígena y un caso es la Ciudad Mujer que no funciona y se echó a andar mediáticamente para que el gobierno federal justifique ante las instancias internacionales que hace algo para atender a las mujeres.
Resaltó que las autoridades no tocan a la delincuencia organizada porque no la consideran una amenaza, como sí se hace contra los movimientos sociales.
Se comprometió a que Tlachinollan los seguirá acompañando porque “alzaron su voz, por lo que muchos tienen orden de aprehensión”.
Agregó que no sólo buscarán justicia en México sino en el plano internacional, “ya que es lo que queda, porque lo único que hemos encontrado aquí es impunidad”.
Agregó que el grupo de expertos rendirá su informe en septiembre  sobre los acontecimientos de Iguala, donde  han encontrado muchas inconsistencias.
Afirmó que el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores no muestra voluntad para atender los problemas de los pueblos porque no ha mostrado disposición.
En el acto se leyó una reseña de Vivar Díaz. El integrante del MPG, Arnulfo Cerón dio la bienvenida al encuentro  y de manera general informó de las actividades a realizar.
El ponente sobre el tema de la reformas estructurales, Martín Rodríguez Rodríguez comentó que son cambios severos con fines de repartición del territorio para obtener ganancias, explotándolo, y respaldadas en el marco legal que ha sido cambiado con esos fines y como ejemplo mencionó, “tenemos que pagar el agua, ya no podemos sacarla de un pozo sin pagar”.