Netzahualcóyotl Bustamante Santín

San Quintín, los migrantes que no volverán

San Quintín. El valle agrícola de esta región de Baja California es inmenso; en línea recta comprende una extensión de 250 kilómetros, equivalente a la distancia entre Taxco y Acapulco.
San Quintín representa el 50 por ciento del territorio bajacaliforniano y forma parte del municipio de Ensenada, el más grande en extensión territorial del país que abarca hasta el paralelo 28 en los límites con Baja California Sur.
Ubicado a cinco horas al sur de Tijuana, en el valle habitan unas 85 mil personas de las que la mitad son jornaleros y oaxaqueños. 20 mil son de origen guerrerense.
Esta es la segunda zona de mayor producción agrícola del país después de Sinaloa, no obstante que la diferencia de las áreas de cultivo entre ambos territorios es abismal. Aquí se produce jitomate, fresa, arándanos, espárragos en una área de 8 mil hectáreas (20 mil hace quince años), mientras que en Sinaloa se cosecha tomate, pepino, chile y otras hortalizas en una superficie de 100 mil hectáreas, 14 mil tan sólo en el valle de Culiacán.
La empresa agrícola más grande de San Quintín se ubica al sur de esta localidad; es el rancho Los Pinos, propiedad de Antonio Rodríguez Hernández quien en la anterior administración estatal en Baja California se desempeñó como titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario, nada menos.
En Los Pinos se siembra en una extensión aproximada de 3 mil hectáreas, en este enorme complejo de invernaderos donde el tránsito de tráileres cargados con jitomate que tienen como destino bodegas en San Diego es constante, se encuentra anexo el campamento El Vergel, donde viven más de 500 familias jornaleras bajo un estricto régimen de vigilancia por parte de los capataces del rancho. El campamento es propiedad de la empresa y por tanto el acceso es restringido y sólo se puede ingresar si se aceptan condiciones tales como no tomar fotografías.
A principios de julio arribaron aquí once autobuses procedentes de Guerrero con familias jornaleras. Es poco común ver la llegada de camiones procedentes del estado pues la mayoría de los paisanos que se emplean en los ranchos ya vive aquí desde hace por lo menos quince años.
Junto a El Vergel se encuentra Santa María Los Pinos, una colonia fundada en 2003 que no cuenta con ningún servicio básico como energía eléctrica, agua potable o drenaje.
De hecho ni suministro de agua potable ni drenaje existen en todo el valle, por ello casas, comercios y hasta hoteles cuentan con fosas sépticas. A San Quintín le azota una severa sequía pues no llueve desde hace por lo menos cinco años, y la única fuente de provisión de agua se obtiene de pozos subterráneos con el agravante de que están impregnados de salinidad, y encima de ello los escasos mantos acuíferos se encuentran contaminados.
Por eso las grandes empresas de San Quintín como San Vicente Camalú, Driscolls y Berrymex cuentan con laboratorios que a través de biotecnología diseñan plantas resistentes a la sequía, por eso en San Quintín se siembra dentro de invernaderos y no al aire libre, lo que permite además una producción intensiva y a gran escala por cada hectárea que se cosecha.
Al pie de las polvorientas e irregulares calles de Santa María Los Pinos se ubican algunas casas de block, pero en su gran mayoría están hechas de tablones y cartón. Aquí radican guerrerenses originarios de Metlatónoc, Chilapa, Copanatoyac y San Luis Acatlán, son cientos de familias hablantes de mixteco que han encontrado en esta colonia un pedazo de tierra para edificar una modesta vivienda y en el rancho próximo a la misma, un medio de subsistencia a través de la cosecha del tomate. Aquí han nacido sus hijos y ahora serán ellos quienes les acompañen en la faena cuando cumplan los 18 años.
Y es que, una reforma a la Ley Federal de Trabajo publicada el 12 de junio en el Diario Oficial de la Federación, lista una serie de labores que se consideran peligrosas entre ellos la agricultura (artículo 176, LFT). En virtud de estar en esa clasificación, la labor en el campo y más específicamente en los grandes consorcios agrícolas se encuentra restringida a menores de edad.
En la piel y la dentadura de los niños y adultos de Santa María Los Pinos se advierten las secuelas que provoca la salinidad del agua. No sólo la lluvia, también los tandeos de agua son un sofisma para esta gente.
A 30 minutos de Santa María se encuentra la delegación Vicente Guerrero, una de las 22 en que está dividido el extenso territorio de San Quintín. Este lugar fue escenario de choques entre fuerzas de la Policía Estatal y jornaleros agrícolas el 10 de mayo, con un saldo de más de 500 detenidos, un vehículo blindado de la policía destrozado, un almacén saqueado y la sede de la delegación vandalizada. Todo lo anterior causado por la inquina de los jornaleros contra las autoridades y empresarios por el incumplimiento de acuerdos ya pactados.
Aquí se ubica la sede de la compañía San Vicente Camalú, la tercera más grande del valle y que en sus 400 hectáreas llega a tener en su mejor época hasta 2 mil 800 jornaleros agrícolas, de los que la mitad son de origen guerrerense. Entre mayo y diciembre se produce jitomate y entre diciembre y julio, fresa.
San Vicente cuenta también con un campamento denominado Las Brisas ubicado en el ejido Díaz Ordaz que tiene una existencia de tres décadas. Dentro del campamento formado por cuartos construidos por block, se ubica una escuela móvil donde ocho profesoras bajacalifornianas forman a 130 niños desde educación inicial hasta secundaria en aulas con todo lo necesario para el aprendizaje.
En las Brisas vive Maurilia, natural de Alcozauca. Ella, menudita y muy activa es madre de cuatro hijos, una de ellas estudia la primaria en la escuela móvil y es muy participativa según pude constatarlo, mientras que su hijo mayor cursa ahora la preparatoria y no puede tramitar una beca porque no tiene hasta la fecha acta de nacimiento de su estado natal, Guerrero. Ha llegado a estudiar hasta ese nivel educativo sin ese documento de identidad. Dos hijos de Maurilia nacieron en Alcozauca y el resto en Baja California, cuando le pregunto cuántos años tiene viviendo aquí y si en sus planes está regresar pronto al estado, sin dudarlo responde negativamente. Es muy simple, aquí ella tiene una fuente de empleo y sus hijos acuden a la escuela.
En Las Brisas viven guerrerenses que antes laboraron en Sinaloa y que provienen de municipios que no son tradicionalmente expulsores de jornaleros agrícolas, como Marquelia, Coyuca de Benítez o Acapulco.
Ya sea en Ensenada donde se encuentra la delegación Maneadero con una fuerte presencia de originarios de Metlatónoc, o la Colonia 89 de la misma ciudad donde viven familias enteras de Copalillo o en Tijuana en la Colonia Valle Verde donde radican mixtecos, Baja California se ha convertido en un polo de atracción laboral para miles de familias guerrerenses, no sólo de aquellos municipios de alta marginación sino también de centros urbanos como Chilapa o Acapulco.
Los primeros migrantes arribaron hace tres décadas y hoy se encuentran colonias habitadas sólo por guerrerenses.
El 17 de marzo San Quintín fue epicentro de una noticia que trascendió las fronteras: trabajadores agrícolas del campo conocidos como jornaleros realizaron un paro laboral y cerraron la carretera transpeninsular para exigir a los patrones y empresarios mejor salario y acceso a seguridad social. Días después de la zacapela en Vicente Guerrero y ante la falta de cumplimiento de los acuerdos, el 13 de mayo se instaló una mesa de negociación entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social para resolver los 14 puntos de su pliego petitorio. Luego de doce horas de reunión y tras lograr algunos acuerdos, a la fecha quedan pendientes los temas que originaron la rebelión en San Quintín, entre ellos el incremento gradual del sueldo desde los 150, 165 y 180 pesos diarios (dependiendo la faena y la cosecha así como el tamaño de la empresa) y el acceso al seguro social.
Los líderes de la Alianza continúan atendiendo las convocatorias de la Segob pero las represalias por parte de las empresas agrícolas no se han hecho esperar. Desde que inició el movimiento hace cuatro meses han sido despedidos más de 3 mil trabajadores del campo, según datos proporcionados por la Alianza.
Los empresarios se defienden argumentando que el “descanso” es temporal porque hasta octubre se reactivarán las cosechas de frutos rojos e iniciarán de nueva cuenta las contrataciones.
Mientras tanto, Maurilia y sus hijos esperan al 29 de septiembre para encontrarse con su gente y celebrar en el ejido Díaz Ordaz al santo patrón de San Miguel el Grande, una comunidad de Alcozauca, en una fiesta que reúne identidad, arraigo y orgullo junto a la expectativa de contar con un empleo decoroso, permanente y mejor remunerado y una vivienda más amplia que los 9 metros cuadrados donde habitualmente viven hasta tres familias en este árido valle.