Emitir la resolución a favor del vocero del Cecop, piden organizaciones al TSJ

*En un comunicado enviado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan y firmado por más agrupaciones, se llama a la Segunda Sala Penal a que valore las violaciones en las que se incurrió durante el encarcelamiento de Marco Antonio Suástegui

Jacob Morales Antonio

Organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos instaron a los integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a emitir, sin “mayor dilación y en apego a la ley”, la resolución para que el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, sea liberado.
En un comunicado enviado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, firmado por 22 centros de derechos humanos y 75 organizaciones de 21 estados integradas a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, se llama a la Segunda Sala Penal a que valore las violaciones en las que se incurrió durante el encarcelamiento del vocero y se declare su libertad.
El exhorto se hace previo a la sesión que se realizará el sábado en la dependencia ubicada en Caleta, donde se emitirá la resolución del amparo interpuesto por parte de la defensa por la causa penal VI-459/2014, en la que se le acusa a Suástegui Muñoz del delito de robo en agravio del dueño de la gravillera Kimbar, Humberto Marín.
El texto indica que desde el arresto del vocero, en junio de 2014, “su traslado ilegal y la consolidación de diversos procesos judiciales integrados en su contra, se ha permitido reconocer que estos procesos son una clara acción para obstruir su labor como defensor”.
Las organizaciones firmantes agregan que se han utilizado mecanismos “ilegales e inconstitucionales –como el traslado a un penal federal de máxima seguridad en Nayarit– para obstruir su derecho a la debida diligencia y a una defensa adecuada”, como reconoció la jueza tercera de Distrito de Guerrero el día 28 de enero de 2015, dentro del juicio de amparo 649/2014, que permitió su traslado al estado.
“Por todo lo anterior estamos convencidos de que la persecución contra el defensor y otros integrantes del Cecop se debe a la amenaza de imponer el proyecto La Parota, hoy bajo el nombre de Proyecto Nuevo Guerrero”.
Las organizaciones exhortaron a la dependencia a valorar “con independencia” las pruebas que la defensa de Suástegui Muñoz presentó en la audiencia del 14 de julio, las que evidencian su inocencia y demuestran la fabricación de los cargos contra el defensor.
Reiteraron que la situación de los defensores sociales en Guerrero sigue siendo “preocupante” pues se tiene el mayor índice de amenazas, agresiones y constantes campañas deslegitimadoras en su contra, “violentando día con día la defensa de los derechos humanos, además de la criminalización desde el gobierno contra los dirigentes sociales y defensores”.
El 3 de agosto, comuneros y familiares de Suástegui Muñoz protestaron y tomaron las instalaciones del Poder Judicial en demanda de la libertad del vocero y de la comunera María de la Cruz Dorantes Zamora.
Ahí el hermano de Suástegui Muñoz, Vicente, leyó una carta donde el vocero denunció amenazas de muerte en el penal de La Unión.