No hay infundio, hay sentencias contra el Ejército, responde Tlachinollan a comandante militar

*Recuerda Abel Barrera los casos de Rosendo Radilla, las indigenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, Bonfilio Villegas y la guerra sucia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Sobre las “voces de infundio” contra el Ejército, que denunció el comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que no son tales, y como ejemplo señaló cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados en el país.
El caso emblemático, indicó, es la sentencia por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en un retén militar en 1974, donde se señaló como responsable al Ejército y a la fecha no se ha dado con el paradero de su cuerpo.
Recordó que en los años 70, durante la llamada guerra sucia, se estimaron más de 600 personas desparecidas en Guerrero, “en un caudal de violencia, ejecuciones y desapariciones forzadas” donde fue documentada la participación de los militares.
El defensor fue consultado vía telefónica sobre el discurso del mando castrense en el aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero, que se realizó el domingo en Chilpancingo, a diferencia de siempre, que se celebraba con un desfile cívico y militar en Tixtla, de donde fue originario el líder de la Independencia.
Como para explicar el cambio de sede, Saavedra Hernández declaró que “hay voces de infundió que intentan separar al pueblo de Guerrero con sus fuerzas armadas”, ya que activistas, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y padres de los 43 alumnos detenidos y desaparecidos en Iguala, advirtieron que no permitirían la entrada de los soldados a la cabecera municipal.
En alusión a los activistas que exigen la investigación del Ejército y la búsqueda de los 43 desaparecidos en los cuarteles, dijo que hay jóvenes que “destruyen” y se oponen al desarrollo del estado.
Barrera Hernández insistió en que no hay infundios, y mencionó casos de violaciones a derechos humanos en Guerrero en los que está involucrado el Ejército, que siguen impunes.
Antes de que ocurrieran los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, señaló las detenciones de los ecologistas Rofolfo Montiel y Teodoro Cabrera, acusados por soldados de poseer armas y de tener vínculos con grupos armados, pero lo que se acreditó fue el delito de tortura contra ellos.
En ese caso la Coidh emitió una recomendación que a la fecha no ha sido atendida.
Recordó también las violaciones de las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, caso que llegó a una condena de la Coidh contra efectivos del Ejército, que el Estado mexicano aceptó por la presión internacional y por el valor y la entereza de las víctimas para concluir el proceso.
Se refirió a las acciones inconstitucionales de seguridad púbica “que no les competen”, y “obvio, como no hay un marco legal que le dé legitimidad a sus actuaciones, ha dado pie a que algunos elementos actúen contra el pueblo”.
Como referencia señaló el caso del joven indígena Bonfilio Villegas, que viajaba de la Montaña a la ciudad de México y en un retén militar fue asesinado por disparos de los soldados contra el autobús en el que iba.
Señaló que sin controles civiles, los soldados actúan como si estuvieran en una guerra, con resultados fatales.
Señaló que por el caso de Bonfilio Villegas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una recomendación para que los delitos de militares contra civiles se investiguen en el fuero civil.
Señaló que las investigaciones de soldados en el fuero militar sobre violaciones a los derechos humanos eran una garantía de impunidad.
El último caso, la masacre contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala, por la que sociedad y padres de los desaparecidos demandan que se investigue a los militares, insistió en que hay indicios en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la intervención de militares.
Sobre todo en la clínica Cristina de Iguala, donde un grupo de normalistas con uno de sus compañeros herido de bala buscó refugio, pero denunció que los mandos castrenses se niegan a entrevistarse con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está haciendo un seguimiento y recomendaciones para la investigación de la PGR.
“Esta confrontación entre ciudadanía y la institución castrense no es gratuita, es producto de de la historia de impunidad, porque no ha habido autoridad civil que los llame a cuentas”, dijo Abel Barrera.