Se movilizan opositores al Cecop contra la eventual liberación de Suástegui Muñoz

*Presentan el Comité de desplazados y Víctimas de la Violencia en Cacahuatepec, que acusa al vocero de los opositores a la presa de La Parota de agravios contra las familias, y piden al gobernador que no interceda por su libertad

Jacob Morales Antonio

Habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y un representante legal de la gravillera Kimbar, propiedad de Humberto Marín, pidieron a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que se apeguen a derecho para aplicar la ley contra el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Se espera que el viernes 14 de agosto el juez resuelva el amparo que interpuso la representación legal del vocero de los opositores a la presa, a cargo del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, contra la demanda de robo.
El lunes, organizaciones de derechos humanos de 21 estados exhortaron al TSJE a que se declare la libertad del vocero por las violaciones en las que se incurrió durante su encarcelamiento.
En conferencia de prensa ayer por la mañana en el Asta Bandera del parque Papagayo, habitantes y ex comuneros de los bienes comunales presentaron al Comité de desplazados y Víctimas de la Violencia en Cacahuatepec, que documenta agravios contra 60 familias desplazadas de 47 comunidades de la zona.
La abogada de la gravillera Kimbar, Marisol Benítez, pidió al gobernador Rogelio Ortega sacar las manos del proceso contra Suástegui Muñoz, acusado de robo contra esa empresa, “necesitamos saber si el gobernador va a dejar libre a su amigo Marco Antonio, sino que pague los daños, porque se acabó la empresa”.
La abogada subrayó que tienen las pruebas necesarias, “todo culpa a Marco Antonio Suástegui. Lo único que queremos es que todo sea conforme a derecho. Hay pruebas necesarias para que él permanezca detenido y el señor gobernador no puede dejarlo libre”.
Reprochó al gobernador que nada hiciera para que las 60 familias desplazadas de los bienes comunales regresen a sus casas, y de la falta de ayuda médica y psicológica para la joven de 19 años. María Guadalupe Ayala Zamora, quien resultó herida durante la balacera entre integrantes del Cecop y trabajadores de la gravillera el 15 de septiembre en la comunidad de La Concepción.
Al lugar llegó la joven cargada por familiares y otros desplazados sobre una colchoneta y sábanas, y demandó apoyo a Rogelio Ortega: “llevamos ocho meses pidiendo ayuda y justicia, que nos atienda el gobernador”.
Y la mamá de la afectada mostró las fotos de cuatro personas que murieron en la balacera.
Ayala Zamora dijo que no es justo que Suástegui Muñoz salga luego de los agravios que ha cometido contra las familias desplazadas. “Nuestras vidas están en riesgo, ya amenazó con matarnos si sale de la cárcel…tenemos por nuestras familias”.

Niegan que hayan amenazado a Suástegui en el penal de La Unión

Por su parte, los ex comuneros Jacinto Solís Vázquez y Domingo Baylón Dorantes negaron que hayan amenazado al vocero, que está preso en la cárcel de La Unión, a través de una carta.
El 8 de agosto, desde la prisión de La Unión, Suástegui Muñoz señaló a tres personas que encabezan la campaña de desprestigio contra él y el movimiento. Las mismas que él acusó de tráfico de drogas y armas en los bienes comunales ante el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero hace tres años y que el Ejecutivo se negó a investigar.
Solís Vázquez y Baylón Dorantes negaron tener nexos con integrantes de la delincuencia, como acusó el vocero. “Nosotros no sabemos ni quiénes son esa gente que se le llama sicario, nosotros somos trabajadores”, dijo el primero al ser abordado por lo reporteros.
“Si él conoce a los sicarios que diga quienes son, que denuncie” insistió Solís Vázquez. Recriminó que el vocero no denuncie que hay muchas armas en la comunidad de La Concepción, donde hay un retén por parte de un “grupo armado”, en referencia a la policía comunitaria que ahí funciona.
Otra de las personas a quien Suástegui Muñoz responsabilizó de la amenaza es al dueño de la gravillera Humberto Marín Molina.
En un boletín enviado por la tarde a la redacción, el Comité por la verdad de los bienes comunales de Cacahuatepec denunció a 41 personas, integrantes del Cecop, “dedicada a robar y anda drogada y amenaza a la gente”. Y se pronunciaron en contra de la liberación del vocero Suástegui Muñoz.
En texto, que está firmado por los voceros del comité, Pedro León, y María San Juan, y señalan que los integrantes de la Policía Comunitaria extorsionan a la población. “Tlachinollan ¿por qué defiende a estos rateros ladrones y delincuentes y no defienden al pueblo?”.