Sin acuerdos, reunión de la Policía Ciudadana de Temalacatzingo y Antorcha Campesina

*Pide la organización filial al PRI que se disuelva la de seguridad a cambio de regresarles las armas que les quitaron, informan. Apoya a los antorchistas el director de Gobernación estatal, Moisés Alcaraz, denuncia Citlali Pérez

Carmen Gonzalez Benicio

Tlapa

Una reunión de ayer entre integrantes de Antorcha Campesina, organización filial del PRI, ciudadanos de la comunidad de San Antonio del municipio de Olinalá y del consejo de gobierno de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) terminó sin acuerdos, porque los primeros quieren que se disuelva la Policía Ciudadana, les entregue la comisaría y se reconozca a su comisario, a cambio de devolverles sus armas y pertenencias.
La integrante del consejo de gobierno de la PCP, Citlali Pérez Vázquez informó que no hubo acuerdos porque los antorchistas y el comisario reconocido por el Ayuntamiento del PRI, no cumplieron la entrega de las armas de fuego y otras pertenencias que les quitaron a los policías y ciudadanos el 9 de agosto cuando los retuvieron en el crucero de la entrada a la comunidad de San Antonio.
Dijo que otro de los obstáculos fue que les pedían que entregaran la comisaría y reconocieran a su comisario José Aquino Catarino, ya que en la comunidad hay dos, y que sólo así les regresarían sus armas y terminarían los conflictos por el control de ese espacio.
Pérez Vázquez agregó que la PCP y los ciudadanos que reconocen como comisario de San Antonio a Sebastián Simón Dolores propusieron que mejor se hiciera una nueva elección comisario, ante la existencia de autoridades paralelas, pero no fue aceptado.
Agregó que en la reunión se les condicionó para entregarles las armas, las pertenencias y el fin del conflicto, por ejemplo, que se disuelva la PCP en la comunidad de San Antonio, a quienes sus retractores acusaron de que cometen arbitrariedades y no son reconocidos por toda la población.
También les exigen que no interpongan demandas contra quienes, el 9 de agosto, retuvieron a ciudadanos e integrantes de la PCP, a quienes desarmaron, golpearon y amarraron con las manos a la espalda “por quienes se ufanan de ser integrantes de Antorcha Campesina y del PRI, porque fueron reconocidos como tal por el ahora presidente interino de Olinalá, Armando Patrón Jiménez”.
Agrega que los ciudadanos de la PCP cedieron en algunos puntos, como no ejercer acciones penales contra los responsables pese a que atentaron contra la integridad de los retenidos, se violaron sus derechos humanos y ninguna autoridad intervino para constatar los hechos, “del gobierno estatal dijeron que estaban de fiesta y los de la Coddehum no llegaron, al igual que el municipio”.
Dijo que plantearon que la PCP podría hacer recorridos perimetrales en Temalacatzingo y no entrar a otras comunidades, pero que no se va a disolver, porque eso sólo lo pueden determinar los ciudadanos en asamblea.
Agregó que en la reunión estuvo como representante del gobierno estatal el director de Gobernación, Moisés Alcaraz “quien se puso de su lado al decir que se entregara la comisaría, porque se estaba ocupando un bien municipal y eso era usurpación de funciones, ya que el Ayuntamiento no reconoce al comisario Sebastián Simón Dolores, sólo vino amenazar”.
Dijo que la intervención de Moisés Alcaraz no sirve para la solución del conflicto porque él no cumple lo que se acuerda y apoya al grupo de Antorcha, al PRI y al Ayuntamiento municipal “como muestra está lo que ocurrió en el 2013 con la detención del compañero José Maximino y sus hijos”.
Pérez Vázquez dijo que al no ponerse de acuerdo les pidieron que los de la PCP salieran de la reunión porque era un asunto de la comunidad y no del Sistema de Justicia, “nos salimos y ahí amenazaron a la gente del pueblo de que aceptara al comisario impuesto por el Ayuntamiento, pero ellos también consideran que es mejor una nueva elección”.
Remarcó que hay varias contradicciones en la atención del conflicto por la comisaría y tienen varios oficios que lo comprueban.
Reiteró que el proyecto de la PCP es por la vía pacífica que busca la soberanía de las comunidades donde se implementa el sistema ciudadano.

A principios de 2015 y por la comisaría se desató el conflicto

El conflicto por la comisaría en San Antonio se recrudeció al inicio de 2015, Antorcha y el PRI irrumpieron de manera violenta al lugar y quemaron documentos históricos, se apoderaron del inmueble con la anuencia del Ayuntamiento y se reconoció oficialmente a de Aquino Catarino.
En mayo los de la PCP y ciudadanos simpatizantes de su proyecto recuperaron la comisaría municipal y los enfrentamientos ocurrieron de manera frecuente porque se dice que hay dos comisarías paralelas. Éste grupo reconoce a Simón Dolores.

Los lesionados

La dirigente de la PCP informó de una mujer lesionada, Antonia Victoriano Bello, quien fue golpeada el 9 de agosto, fue dada de alta este martes aún con hematomas visibles, delicada y con los pies hinchados.
Denunció que el centro de salud se negaba a entregarle su certificado médico y le preguntaba para qué lo quería, y contestó que si no se lo daban se violaban sus derechos, y en cuanto al uso que se le daría al documento médico no les correspondía saberlo.
Otras personas tienen huellas de los golpes, pero como son sólo externos, las autoridades no los consideran graves.
Ayer la dirigente recordó que sus compañeros fueron retenidos el 8 de agosto como a las 11 y media de la noche del horario de verano, y que estuvieron privados de su libertad a la orilla de la carretera cerca de 15 horas, con las manos atadas a la espalda.
Dijo que fueron retenidos por Antonio Tesma y sus seguidores que estaban alcoholizados. Participó gente de San Antonio pero después se replegó.
Antonio Tesma llamó a pobladores de Zicatlán, Zontecomatlán, Amatitlán y de colonias cercanas para retener a sus compañeros, “ahora las autoridades vienen y dudan que les hayan hecho eso, cuando les pedimos que vinieran a constatar las condiciones en que los tenían, el gobierno estatal ni el municipal llegaron, mucho menos la Codehum, pero de eso tenemos pruebas”, reiteró.

No es asunto de partidos

En su documento la CRSJ-PCP reiteró que los que participan en el conflicto por la comisaría, que ha derivado en detenciones del Ejército y de policías municipales y retenciones entre los mismos ciudadanos donde han salido a relucir armas largas y amenazas de muerte son de Antorcha Campesina, organización filial del PRI y trabajadores de Ayuntamiento, “así lo han hecho saber, así se presentan para realizar atropellos contra el sistema de justicia”, dijo Citlali Pérez.
Mencionó que los conflictos no son entre partidos políticos, porque la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia Ciudadana no pertenece a ninguno, y ofrece sus servicios a la ciudadanía que los solicita y todo es mediante oficios, “piden que se vaya a resguardar la seguridad en las fiestas patronales o particulares porque la municipal no llega”.
Dijo que los actores locales son antorchistas y si esa organización se deslinda “desconoce lo que hace su gente o se hacen, porque ellos se presentan como tales y con documentos, con logotipos”.