Tres redes de derechos humanos exigen a Peña Nieto la libertad de Nestora y de los presos de la CRAC

*Urgen, a casi dos años de su detención, la reparación integral del daño a la dirigente encarcelada en Tepepan y a su familia, garantías de seguridad y que el gobierno de Guerrero reconozca su responsabilidad en las detenciones ilegales de los luchadores sociales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A diez días de que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, cumpla dos años en prisión, activistas y defensores de derechos humanos exigieron al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la libertad inmediata de la luchadora social y la de los demás presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En un comunicado, urgen la reparación integral del daño a Nestora y a su familia, garantías de seguridad y que el gobierno de Guerrero reconozca su responsabilidad en las detenciones ilegales de los luchadores sociales, en un acto público.
El documento lo firman la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Redtdt).
Todas las organizaciones, también exigen que cese la criminalización a los defensores de derechos humanos en Guerrero.
En la misiva detallan las irregularidades en la detención de integrantes de la CRAC el 21 de agosto de 2013 y en los procesos judiciales, en particular el de Salgado García, internada en el hospital de la prisión de Tepepan en la ciudad de México, lugar al que fue trasladada de la prisión de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, tras una huelga de hambre de más de 30 días para exigir su libertad y la de los presos políticos de Guerrero.
En la detención de la líder de la CRAC en Olinalá hubo una absoluta falta de respeto y garantía al debido proceso, y otras violaciones a sus derechos. Fue detenida por agentes del Ejército, de la Marina, de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Olinalá sin orden judicial y nunca le informaron por qué se la llevaron, relata el documento.
Fue llevada a Chilpancingo donde no fue presentada ante un juez, no contó con asistencia consular a pesar de que es también ciudadana estadunidense. De ahí fue trasladada a Acapulco en donde estuvo algunas horas, y se le tomó su declaración preparatoria en indefensión e incomunicación, agrega.
“Es de nuestro conocimiento que desde antes de su detención existía orden expresa y escrita firmada por el entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, para detener a Nestora en el penal de máxima seguridad de Nayarit, y a tal efecto fue trasladada a ese lugar en un avión del entonces gobernador Ángel Aguirre”, se lee.
Se explica que de acuerdo con la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el único facultado para autorizar el traslado de un preso fuera de Guerrero es el fiscal estatal, Miguel Ángel Godínez Muñoz, con una razón debidamente fundada y motivada por el juez, pero el Código Procesal Penal del estado ni siquiera faculta a un juez que traslade a una persona sin condena a un penal de máxima seguridad, como se hace con Nestora y otros presos de la CRAC.
En ese penal las autoridades la calificaron, administrativamente y sin una revisión judicial, como a una interna “peligrosa”, la colocaron en un régimen de máxima seguridad y de confinamiento solitario, que imposibilitó su comunicación efectiva con sus familiares y su defensa, lo que tuvo graves consecuencias en su salud física y mental, se lee.
El día de su detención, policías y soldados irrumpieron en la Casa de Seguridad de El Paraíso en Ayutla, donde estaban sometidas a proceso de reeducación 44 personas de Olinalá. Ahí los uniformados detuvieron al coordinador, a consejeros y policías comunitarios y los acusaron de secuestro. Además se llevaron a los detenidos del sistema de seguridad y justicia indígena reconocido bajo la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
El 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, y ordenó la libertad inmediata de Nestora respecto de ese delito, ya que se reconoció la legalidad de las funciones de la Policía Comunitaria de Guerrero, a nivel federal.
La sentencia no fue tomada en cuenta en los procesos estatales que siguen su curso, “produciendo una violación del principio non bis in ídem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos), que dificulta su defensa y acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a la seguridad jurídica, así como el derecho de toda persona detenida a un proceso justo, imparcial y equitativo”.
En el documento se menciona que en enero, el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez aceptó que Nestora Salgado es una presa política y pidió el desistimiento de las causas al fiscal Miguel Ángel Godínez, pero no fue atendida. Luego impulsó una Ley de Amnistía ante el Congreso local que no se ha aprobado.
El 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la defensora Nestora Salgado, porque consideró que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía en su reclusión en Nayarit. Y ordenó investigar el origen de esta situación.
En mayo de 2015, en la implementación de las medidas ordenadas por la CIDH y ante la reticencia del Estado mexicano para trasladarla de penal para salvaguardar su vida, la defensora inició una huelga de hambre que duró un mes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que se produjeron graves violaciones de derechos humanos durante su detención y recomendó que fuera trasladada al penal de Tepepan en la ciudad de México.
Se activó el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y se ordenó incorporar a Nestora para adoptar medidas efectivas que atiendan su criminalización y privación injusta de la libertad.
El presidente del grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria y los relatores de la ONU sobre la violencia contra la mujer, la Tortura, Defensores de Derechos Humanos, Independencia de los Jueces y Abogados, Pueblos Indígenas y de la Salud han recibido información sobre la situación de la defensora y firmaron una acción urgente dirigida al gobierno mexicano, en la que piden la libertad de la defensora comunitaria.
Como ella, desde 2013 están detenidos los integrantes de la CRAC Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso. Además de Samuel Ramírez Galvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec, el vocero del Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Marco Antonio Suástegui, preso desde junio de 2014.
En este contexto, las organizaciones demandaron la libertad inmediata de estos luchadores sociales.