No hay lugar para el vandalismo en el primer aniversario del caso Ayotzinapa, advierte Ortega

No permitirá vandalismo en el primer aniversario del caso Ayotzinapa, advierte Rogelio Ortega

*La única forma de “cauterizar esa herida” es con justicia, afirma el gobernador. Detrás de la violencia en el estado, la disputa entre grupos criminales por el control de las plazas, insiste. “La narco-violencia es un problema que viene de muchos años atrás y se ha agudizado”, sostiene

Alejandro Guerrero

Iguala

El gobernador Rogelio Ortega Martínez advirtió ayer en esta ciudad que no se pueden permitir ni admitir actos de vandalismo durante la conmemoración del primer aniversario del asesinato y desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el próximo 26 de septiembre.
Consideró que la única forma de “cauterizar esa herida” es con justicia y con la aplicación de todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de ese drama.
Insistió en que la ola de violencia y de inseguridad en el estado es por la disputa por la “plaza” por parte de grupos antagónicos de la delincuencia organizada, principalmente en Acapulco e Iguala.
En gira de trabajo, el gobernador inauguró la remodelación del área de urgencias del Hospital General Jorge Soberón Acevedo, que tuvo una inversión de 2.5 millones de pesos, y la rehabilitación de la unidad deportiva de basquetbol con una inversión cercana a los 100 millones de pesos.
Además supervisó la rehabilitación del estadio de futbol Ambrosio Figueroa.
Las dos últimas obras iniciadas en el gobierno del defenestrado Ángel Aguirre Rivero, y cuya gestión se disputaban el diputado local Oscar Díaz Bello y el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Ayer en la inauguración de la rehabilitación de la unidad deportiva el gobernador Ortega Martínez dijo en el micrófono: “me dijo el diputado Oscar Díaz Bello que no se me olvidara decir que él fue el gestor de esta obra y por supuesto mi diputado… la gestión también es parte de ellos, y ahí están tocando la puerta e insistiéndole aquí al director de obras”; esto último lo dijo entre risas.
En declaraciones a reporteros y a una pregunta sobre las movilizaciones que se prevén para conmemorar el primer aniversario del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en esta ciudad, Ortega Martínez dijo que “será una fecha emblemática, a un año de esa tragedia, y todo lo que se realice como actividades de exigencia de justicia, de reclamo y de protesta, dentro del marco de la legalidad, pues sin ningún problema, es un derecho consagrado en la Constitución”.
Pero advirtió que “lo que no podemos nosotros permitir ni admitir como gobierno ni como sociedad, es que se vandalice, es que… con el pretexto de celebrar una fecha luctuosa, una fecha amarga en la historia y en la conciencia de Guerrero, se vayan a hacer acciones que lo único que ocasionan es malestar social, destrucción, enconos, violencia y se colocan además al margen de la legalidad”.
Dijo que su llamado a los liderazgos y los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos “es que en su pleno y justo derecho de manifestación, pero que consideren no realizar acciones que lastiman a la sociedad, que lastiman a la economía del estado de Guerrero”.
En su discurso, después de inaugurar las nuevas instalaciones de la unidad deportiva de Basquetbol, Ortega Martínez dijo que “estamos en el lugar donde se abrió una herida que todavía no sana en el estado de Guerrero, lo que yo le llamo la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014, todavía las madres, los padres y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos exigen justicia, y esa herida que se abrió en esa trágica noche habrá de cauterizar cuando llegue la justicia y cuando se aplique todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de ese drama, que nunca más en Guerrero ni en ningún lugar vuelva a suceder una tragedia como la que pasó en Iguala y para contribuir a resarcir la tragedia y para levantar a Iguala aquí están estas instalaciones”.

Violencia por la disputa de las plazas y venta de narcóticos

Sobre las ejecuciones y la escalada de la violencia en el estado a pesar de la presencia de fuerzas federales y militares, dijo que es por la disputa de las plazas entre bandas del crimen organizado.
“Cuando estaba el conflicto (por Ayotzinapa) en toda su intensidad, a mí me estaban informando de esta situación de criminalidad, pero eso no salía en la prensa, no se veía porque se visualizaba sólo el conflicto, yo dije cuando termine el conflicto, esto es lo que va a aparecer como primera nota y ahí la tenemos… es decir, no es de ahora”, expresó.
Señaló que “la narco-delincuencia, como yo le llamo, y la narco-violencia es un problema que viene de muchos años atrás y se ha agudizado”.
Señaló que es un tema muy grave, “porque el narcotráfico ha penetrado todo el tejido social, yo estoy enterado de que adolescentes y jovencitos de todos los niveles sociales son inducidos al consumo de drogas, prácticamente no hay familia en el estado de Guerrero que no haya enfrentado un problema de adicciones, de involucramiento de los muchachitos en el tema de las drogas, hay quienes se enganchan más y se comprometen y se enrolan en las bandas delincuenciales”.
Dijo que también cuando se detiene al líder de una banda (de la delincuencia), “esta se debilita, y entonces vienen los de otro lugar a quererse apropiar de la plaza. En Acapulco, cuando se detuvo a Víctor Aguirre, el líder del cartel del Cida, se debilitó el Cida en Acapulco, y entonces vinieron otras bandas a querer ingresar ahí y entonces hay una guerra delincuencial, hay una guerra entre bandas delincuenciales por la disputa del territorio y la venta de narcóticos”.
Celebró que “la narco-guerra, y los enfrentamientos entre bandas delincuenciales, no afecta de manera determinante al turista, afortunadamente, pero de todos modos nosotros tenemos un operativo de contención diseñado en el grupo de coordinación para que podamos en Acapulco tomar medidas suficientes de blindaje en la Costera al turismo y en las zonas de mayor incidencia permanente para inhibir y contener a la delincuencia organizada”.
Habló de invertir en educación, salud y cultura “para que nuestros jóvenes no se involucren en el consumo de drogas y en la actividad delictiva a la que son invitados y cooptados por los delincuentes, para convertirse en halcones, cobradores de piso, en extorsionadores, en secuestradores, en tratantes de personas y lo más grave, en sicarios”.
Se le preguntó si este fenómeno de la disputa de la plaza entre delincuentes es el mismo que ocurre en Iguala y que ha dejado 25 ejecuciones en 45 días, y Ortega Martínez sostuvo que es el mismo fenómeno.
“Es la misma, es la disputa de bandas delincuenciales por lo que coloquialmente se le llama la plaza, las pugnas territoriales entre grupos delincuenciales. Un dispositivo que hemos diseñado (para) inhibir y contener, que no llegue esta violencia a afectar a la población, a la sociedad civil, a la escuelas y los lugares donde la gente se reúne para convivir”, dijo.

La entrega-recepción y el déficit

Sobre el proceso de entrega-recepción, dijo que tiene un “acuerdo” con el gobernador electo Héctor Astudillo Flores “para convocar a un gran evento el 27 de agosto, justo para tener dos meses de trabajo intensivo de comisiones para la entrega-recepción, los libros blancos a los que estamos obligados todos los gobiernos en el proceso de transparentación y redición de cuentas, y luego también la parte final de la obra que nosotros dejemos sembrada para que también haya una ruta de continuidad”.
Reiteró que Guerrero tiene un déficit histórico de 13 mil millones de pesos acumulado durante muchos años, y las grandes problemáticas están en educación, “porque se fueron asignando plazas que no tenían techo presupuestal, no estaban reconocidas por la federación, y se pagaban por los gobiernos reteniendo ISR (Impuesto Sobre la Renta), ISSSTE, Fovissste y participaciones a terceros no institucionales, cada año se conciliaba con Hacienda y condonaba el no enterar estos impuestos a la federación”.
“A partir de enero esto cambió porque ya no paga Guerrero esta nómina, ahora se paga directamente desde la federación, ellos retienen, y fue entonces cuando negociamos con el apoyo del presidente de la República para que se conciliara y se resolviera un problema histórico, ya la federación a partir de abril paga la nómina del magisterio de plazas federales y el gobierno del estado con sus finanzas paga la nómina de las plazas estatales”, continuó.
Agregó que “ahora el problema (financiero) lo tenemos en salud, con alrededor de cinco mil plazas sin techo presupuestal que se han estado pagando con recursos de otros programas, como el Seguro Popular, y ahí es la parte de donde viene toda la parte deficitaria que nosotros tenemos y que hay que informarle a la población, a la ciudadanía y a los medios, para que no se oculte la realidad que tiene el estado de Guerrero”.
Declaró, sin dar a conocer la cifra, que solicitó a la Secretaría de Hacienda que ese dinero, con el que el estado paga la nómina magisterial, de enero, febrero y marzo, “con eso nosotros alcanzamos a salir bien, agosto, septiembre y octubre, y no dejarle un déficit financiero a Héctor Astudillo, porque él va a enfrentar los dos meses de cierre del año fiscal, entonces es una acción responsable de mi gobierno anunciar esta situación y transparentar”.

Policía comunitaria

Anunció que en próximos días convocará a todos los líderes y representantes de las policías comunitarias de Guerrero a que “entren en un marco institucional, credencialización, uniformación, qué tipo de armamento tienen que tener, su territorio donde pueden moverse y el nivel de coordinación con el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Gendarmería, la policía estatal y las municipales, y respeto a la ley, a la legalidad y la autoridad establecida”.
Dijo que pretende institucionalizar a las policías comunitarias del estado, “porque ya institucionalizada, el Congreso habrá de asignar un presupuesto para que este órgano de seguridad de los pueblos funcione, no con la discrecionalidad del gobernante en turno, que quiera darle a unos y a otros no, sino que todos parejos y todos institucionalizados”.
Se le recordó que este proyecto lo intentó su antecesor, el defenestrado Ángel Aguirre Rivero con la oposición de los comunitarios, a lo que respondió que “es un intento que yo voy a hacer más, y tengo ya acuerdos con la mayoría de los lideres… yo digo voy a convocar a todos, el que no quiera, se pondrá al margen de la institucionalidad, el que no quiera, pero están invitados todos”.
Sobre la pérdida de cultivos a consecuencia de la sequía en la zona Norte y Tierra Caliente, Ortega Martínez dijo que en el campo hay tres grades problemas: la sequía, la roya del cafeto y el fertilizante insuficiente, de lo cual dijo son programas que están solicitando apoyos a la federación a través de la Sedesol y la Semarnat para apoyar a los productores.

Preparan expertos de la CIDH otro informe sobre Ayotzinapa y no pudieron entrevistar a militares

*Acude un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a la Normal Rural y se reúne con familiares de los 43 desaparecidos; otros cuatro van con la procuradora  Arely Gómez. Este mes concluye el convenio de colaboración pero puede ampliarse, menciona el vocero de los padres, Felipe de la Cruz

Lourdes Chávez

Tixtla

El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Alejandro Valencia Villa, se reunió con padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, como parte de los preparativos de su último informe de trabajo que concluye en agosto.
Después del encuentro privado en el auditorio de la escuela, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, informó que esta semana habrá una reunión con funcionarios federales para que se les informe de las investigaciones de los ataques y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y que podrían plantear su ampliación porque está considerada en el convenio de creación del grupo de trabajo que auspicia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El periodo para el que fue creado es de seis meses, de marzo a agosto, con la posibilidad de ampliarlo otro periodo igual que se debe de discutir con el gobierno.
Consideró que este periodo fue insuficiente porque aún hay pendientes por resolver, como la entrevista con mandos de la 27 Zona Militar en Iguala, que solicitaron en varias ocasiones los especialistas y no tuvieron una respuesta formal.
“Hay mucho por hacer pero desgraciadamente es un convenio, un contrato que traen ellos de seis meses. Se han cumplido y esperamos resultados sustanciosos, si hubiese posibilidad de la reunión será el momento de pedir la ampliación de la permanencia, sabemos que ya no se van a dedicar a este trabajo”, expuso.
En su cuenta de Facebook, la procuradora de la República, Arely Gómez informó de una reunión con integrantes del GIEI, pero sólo mostró fotografías con cuatro de ellos en sus oficinas de la Ciudad de México. No hubo detalles del encuentro.
En la Normal Rural de Ayotzinapa, De la Cruz dijo que esta semana podrían tener una nueva reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), con la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, para exigir respuestas.
“Siempre lo hemos dicho, no confiamos en el gobierno, pero es la instancia que tiene que darnos repuestas y si hay la probabilidad los vamos a escuchar, si no, exigimos que cumpla su responsabilidad, nadie lo va hacer”, agregó.
Recordó que la procuradora tiene la misma postura que su antecesor Jesús Murillo Karam, que van a seguir las investigaciones porque faltan personas por detener antes de cerrar el caso, pero de los 43 normalistas desaparecidos opina que todos fueron asesinados por un grupo de narcotraficantes encabezados por el exalcalde de Iguala y su esposa.
No obstante, los cuatro informes del GIEI evidencian inconsistencias en la investigación de la PGR y pusieron en tela de juicio la versión oficial, que tampoco avaló el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAA) que acompaña a la Procuraduría en la investigación.
Luego de la reunión los padres participaron en un encuentro de organizaciones que preparó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), para recibir a la comisión de la Caravana Sur de padres y familiares que visitó varios estados de la República, y que llegó el domingo en la madrugada a la Normal Rural.
De la Cruz informó que la caravana recibió una buena respuesta de las organizaciones en los estados, que se comprometieron a participar en las acciones globales del 26 de agosto y el 26 de septiembre, si llegadas esas fechas no tienen información de los desaparecidos.
Dijo que por la crisis económica muchos activistas no tienen dinero para acompañar las acciones en la Ciudad de México, pero quienes no puedan trasladarse a la capital van a movilizarse en sus entidades. Para el 26 de septiembre, advirtió que habrá acciones para convulsionar a la ciudad de México y al país.
“No podemos permitir más violencia, impunidad y delincuencia, esta lucha no sólo es por los 43, es por todos, a diario hay muertos en Acapulco, Iguala y Chilpancingo, llegaron gerdarmes y federales y su presencia no se refleja en seguridad”, se quejó.
Participaron en la reunión representantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán, del Sindicato de Trabajadores Unidos del Colegio de Bachilleres y algunos egresados de las normales públicas.
El vocero recordó que la caravana del norte llegará el 13 de agosto, y el 14 juntos encabezarán una marcha en Acapulco.