Humberto Musacchio

Inseguridad, rutinarismo, corrupción

Con un abrazo para Toño Helguera.

La primera obligación del Estado, de todo Estado, es brindar protección a la vida y los bienes de los ciudadanos y sus familias. Sin embargo, en México estamos muy lejos de que las personas podamos sentirnos seguras, protegidas por las leyes y quienes tienen la obligación de imponerlas, pues más bien sucede al revés: los delincuentes se benefician de la actuación o del disimulo de policías ineptos, de agentes del Ministerio Público indolentes y de jueces rutineros, todos ellos señalados por la sospecha de corrupción. Por supuesto hay excepciones que, ya se sabe, confirman la regla.
En ese reino del terror llamado Veracruz, el asesinato de periodistas es cosa frecuente, reiterada. Del año 2000 a la fecha van 14 colegas ejecutados y cinco “desaparecidos”. Denunciar los abusos policiacos, las corruptelas de “servidores” públicos o las tropelías de la delincuencia es ponerse en riesgo inminente de morir. Javier Duarte de Ochoa, quien cobra como gobernador del estado, lejos de proteger a los denunciantes los amenaza y hasta sugiere que esos periodistas incómodos están coludidos con las mafias.
Con esos antecedentes, es explicable que Rubén Espinosa Becerril, quien trabajaba para la revista Proceso, haya preferido dejar Veracruz y establecerse en la ciudad de México. Lo mismo hizo la promotora cultural Nadia Vera, una tenaz defensora de los derechos ciudadanos y denunciante insobornable de las iniquidades del poder. Golpeada por la policía, allanado su domicilio sin robo de por medio y amenazada por las autoridades que debían protegerla, optó también por refugiarse en la capital del país.
Hace unos días, en un departamento de la colonia Narvarte, Rubén Espinosa y Nadia Vera fueron asesinados junto con la modelo colombiana Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz y la empleada doméstica Alejandra Negrete. Las autoridades capitalinas primero filtraron la especie de que se trató de un robo, después, manejaron otras hipótesis y sólo por la presión de los medios voltearon a Veracruz y fueron a Xalapa a tomarle declaración al gobernador que había amenazado a dos de las víctimas. Por supuesto, Duarte negó toda responsabilidad. ¿Qué esperaban?
Hace unos días fue detenido en el aeropuerto Óscar Álvaro Montes de Oca, a quien le robaron una maleta y la policía mexicana le endilgó otra con 20 kilos de coca. Eso bastó para que el MP lo acusara y el juez mecánicamente lo mandara a la cárcel de Tepic. Sólo la presión social y la digna actitud del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México hicieron que la PGR se desistiera de las acusaciones.
Abundan los casos de culpables inventados en el aeropuerto. Son personas generalmente jóvenes a quienes la policía falsamente atribuye la propiedad de una maleta con droga. Lilia Angélica López, por citar sólo un caso, fue detenida con ese procedimiento el 31 de diciembre del año pasado y remitida a la cárcel de Santa Marta Acatitla. En buena hora su caso ha sido tomado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Ah, pero si el detenido tiene dinero, las cosas cambian. Al Chapo Guzmán le permiten hacen un túnel para fugarse, pero a otros delincuentes los exoneran y hasta los premian, como ocurrió con Víctor Garay Cadena, el comisario en jefe de la Policía Federal que hace siete años encabezó la operación para detener al colombiano Mauricio Harold Poveda en su residencia del Desierto de los Leones.
Cumplida la aprehensión, Garay Cadena dispuso para sí de más de medio millón de dólares, alhajas y otros bienes, lo que incluyó varios kilos de coca. El funcionario se quedó todo un día bebiendo, drogándose y disponiendo sexualmente de las mujeres que se hallaban en la casa. Fue tan escandaloso el asunto, que Garay resultó sujeto a proceso y sentenciado, pero hace unos días, un tribunal unitario de circuito revocó la condena y ahora, el ex comisario pretende cobrar 9 millones de pesos de salarios caídos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Para ilustrar como opera la llamada justicia mexicana, baste con decir que de cada cien delitos que se cometen, se investigan apenas once y menos de dos por ciento acaba en sentencia firme. A eso llaman justicia y además cobran mucho dinero por impartirla. Como que va siendo hora de suprimir ese Poder Judicial.