Aplazan magistrados resolución que podría haber dejado libre al vocero del Cecop

*Afirma el magistrado presidente Edmundo Román Pinzón que las partes demandantes han estado presentado nuevas pruebas que se analizarán. Revela Fernando Ríos, de la Red Nacional Todos los Derechos Para Todos y Todas, que hubo presiones de la Gravillera Kimbar, que es parte acusadora

Jacob Morales Antonio

Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), informaron a integrantes de cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos, y al abogado del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, Rogelio Téliz García, que se aplazará la resolución prevista para hoy (viernes), en la cual se podría haber dictaminado la libertad del defensor social.
Ayer el secretario ejecutivo de la de Red Nacional Todos los Derechos Para Todos y Todas, Fernando Ríos; la representante de la Coalición Internacional para el Hábitat oficina para América Latina (HIC-AL), María Silvia Emanuelli; de los Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Rocío Eslava, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Meyatzin Velasco, se entrevistaron con los magistrados Edmundo Román Pinzón y Manuel Rodríguez Guerrero. No acudió Adela Román, a pesar de que se le vio en las oficinas.
Al encuentro privado también asistió el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y los abogados de la organización, Vidulfo Rosales Sierra y Téliz García. Los representantes de las organizaciones demandaron a los magistrados que la resolución sea conforme a derechos y sin presiones políticas. Ayer los integrantes de las organizaciones visitaron al vocero del Cecop en la cárcel de La Unión.
A su salida, en declaraciones, el magistrado presidente Román Pinzón informó que los integrantes de las organizaciones pidieron que la resolución sea a favor de Suástegui Muñoz. El magistrado contó: “vamos analizar íntegramente lo que conforma tanto la causa penal como el toque penal que aquí se desarrolló”.
Indicó que la fecha de la resolución no será hoy (viernes) como se tenía previsto, porque “las partes” han estado presentando pruebas que no quiso precisar ni abundar en la entrevista.
Justificó que el retraso de la resolución se da porque se tiene que notificar a las partes involucradas y no hay una fecha definida para una nueva resolución, además de que aún no se tiene integrado el proyecto que se analizará.
“Los magistrados están siendo presionados”

En declaraciones Fernando Ríos, indicó que los magistrados les hicieron saber que “están tomando las diferentes consideraciones” del caso. No obstante, reveló que los magistrados están siendo presionados por la parte demandante. “Hemos tenido noticias que son un grupo empresarial que ha sacado recursos (pétreos) de manera ilegal de la comunidad”.
Afirmó que “reconocemos que él (Suástegui Muños) es inocente de todo lo que se le acusa”. Indicó que hay fallas graves al debido proceso desde el día que fue detenido el 17 de junio del 2014, hasta en la actualidad. Además de que la detención se da en el contexto de la reforma energética encaminada al despojo de las tierras de las comunidades.
El representante de la Red Nacional Todos los Derechos Para Todos y Todas, expresó: “nos pronunciamos que estamos atento sobre su situación. Nos preocupa la situación de criminalización y judicialización que hay hacia personas que defienden derechos humanos”, porque son vulnerables. En el caso de Suástegui Muñoz, recordó que lleva más de diez años defendiendo la tierra contra la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
En este contexto dijo: “tenemos una preocupación porque en Guerrero ocupa el primer lugar en asesinatos a defensores de derechos humanos en todo el país”, y que en tres años de 21 casos que han documentado en México, 13 han sido en contra de activistas del estado.
Luego de la visita del miércoles en el penal de La Unión, y de saber de la amenaza en contra del vocero del Cecop, manifestó se encuentra en un estado de vulnerabilidad en el penal, “sabemos que así actúa el crimen organizado con empresas, de mandar amenazas que después se pueden cumplir”.

No se prueba el delito de robo: Vidulfo

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que no fueron al encuentro para presionar a los magistrados, sino a una interlocución, para decirles que dentro del expediente contra Suástegui Muñoz “no hay elementos de prueba. Hoy por hoy, de acuerdo a la legislación de Guerrero se tiene que probar por aquella persona que diga que le robaron esos bienes y tiene que probar que era propietaria de los mismos”.
Abundó que en el caso del dueño de la Gravillera Kimbar, Humberto Marín que acusa al vocero del Cecop de robo, en ninguno de los bienes reportados como robado ha comprobado su propiedad. Indicó que no han aportado notas de remisión o facturas de los bienes, pero sí una enumeración de las cosas que suman unos seis millones de pesos.
Señaló que la resolución de la sala penal debe de ser ajena a las expresiones de presión a través de protestas que realizan integrantes de la Gravillera Kimbar. Abundó, “queremos decir que así como ellos trajeron a una persona que está herida (María Guadalupe Ayala Zamora) producto de una violencia que se dio (el 15 de septiembre pasado), por el otro lado está el señor Salomón Hernández de 80 años de edad que también está incapacitado por las balas”, además de que también murió un integrante del Cecop el día de la balacera.
Indicó que la violencia en las comunidades y los bienes comunales de Cacahuatepec, es producto de la violencia provocada por “entes externos” por  la extracción de materiales pétreos, “si no fuera así la gente viviera tranquila.