Antorcha Campesina hace el trabajo sucio del gobierno en Olinalá, acusa la PCP de Temalacatzingo

*Los antorchistas crean odio entre los pueblos, dividen y secuestran, y las autoridades además usan a las policías y al Ejército en contra de las organizaciones. “El gobierno y la delincuencia son uno mismo”, denuncia

Carmen González Benicio

Tlapa

“El gobierno y la delincuencia son uno mismo”, denunció la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) de Temalacatzingo, del municipio de Olinalá, porque los gobiernos municipal y estatal no intervinieron en el conflicto que mantienen con la organización Antorcha Campesina, a la que señalan de ser de la delincuencia.
En un comunicado la PCP dice que Antorcha Campesina es el brazo derecho del PRI y un grupo paramilitar creado para secuestrar, asesinar, desaparecer y fabricar delitos para llevar a la cárcel a todo aquel que no responda a sus intereses políticos- económicos, y que en tiempos electorales son los ejecutores del fraude.
Esa organización se encarga del trabajo sucio para crear odio entre los pueblos, dividir y secuestrar, como lo ha hecho contra las organizaciones comunitarias, políticas y autónomas, aunque el gobierno, además, hace uso de la policía y el Ejército, destaca la PCP.
Explica que Antorcha actúa a favor del gobierno priista de Olinalá por los beneficios económicos y políticos que recibe, y así el gobierno sale limpio de las actividades ilícitas y crea conflictos agrarios e intercomunitarios, además sus integrantes desconocen los problemas pese a que los tienen trabajando en el Ayuntamiento.
“Está más que claro que las autoridades tanto municipales como estatales trabajan en coordinación con el grupo delincuencial y paramilitar PRI-Antorcha Campesina, porque son los mismo”, agrega.
Dice que el acoso de Antorcha contra la PCP es evidente por las agresiones que han sufrido en los últimos días, y porque desde hace décadas los intentan exterminar, “quieren desmembrar a través de Antorcha Campesina a nuestro movimiento la CRSJ-PCP, lo cual no lograrán”.
Mencionan que los antorchistas no saben cómo justificar las agresiones contra el sistema de seguridad y pretenden que se interprete como una disputa de partidos, cuando la realidad es que pretenden imponer por medio de la fuerza a un comisario del PRI, como reconocieron sus dirigentes regional y estatal.
“El PRI-Antorcha se aprovecha de la ignorancia y pobreza de la gente para manipularla y golpear a todo aquel que no comparte su idea”, denuncia.
La CRSJ-PCP hace el recuento de las acciones de intimidación y hostigamiento de Antorcha Campesina en días pasados, luego de que esa organización se deslindó de los ataques en la comunidad de San Antonio del municipio de Olinalá, anexo de los bienes comunales de Temalacatzingo, y dijo que es un asunto de perredistas.
El día 27 de julio “primero intentan secuestrar a seis de nuestros compañeros”, a la medianoche de forma conjunta con la Policía Municipal y el Ejército, acusándolos de portar armas de grueso callibre, por lo que cuatro fueron trasladados a la PGR en Chilpancingo y dos mantenidos en la cárcel municipal, pero de ello no les dieron información hasta 12 horas después.
El 8 de agosto de 2015 alrededor de la medianoche, “nuevamente secuestraron a 23 personas, privándolas de su libertad, manteniéndolas secuestradas a las orillas de la carretera bajo el sol, sin agua y sin comer. Resguardada por aproximadamente 100 personas armadas con palos, machetes y armas que se encontraban resguardadas en el domicilio de Antonio Sesmo Vázquez”.
Detalla que todo lo constataron cuando fueron a rescatar a sus compañeros secuestrados, “ahí nos cercioramos de quiénes son los criminales y delincuentes que están al servicio de Antorcha Campesina”.
Agrega que a cambio de la libertad les pidieron entregar la comisaría municipal, y buscan someter al pueblo por la fuerza para que reconozca al comisario impuesto por el Ayuntamiento, José Aquino Catarino, militante del PRI y amigo del exalcalde, Eusebio Sánchez, ahora diputado electo.
Remarca que ha denunciado los vínculos del gobierno municipal de Olinalá con la delincuencia organizada, y en los hechos recientes quedó claro por qué les pidieron que para darles a sus escopetas, las radios, los celulares, municiones que les quitaron el 8 de agosto les dijeron que no denunciaran ante el Ministerio Público, y que la PCP se disolviera y dejara de hacer rondines sobre todo en la carretera Mestiopan-Olinalá.
Menciona que respondieron que no van a negociar nada con personas que se dedican a secuestrar legalmente, que la entrega de la comisaria no es decisión de ellos y que reconocer a un comisario ilegítimo tampoco, ya que la asamblea del pueblo de San Antonio Coyahuacan es la única facultada para ello.
Agrega que propusieron a los antorchistas que si tenían legitimidad que convocaran a una asamblea general y se determine si se reconoce a José Aquino Catarino como comisario legal, o eligen a uno que represente los intereses de la comunidad y no de un partido político ni organización.
Lamentan que Antorcha Campesina ni las autoridades municipales retomen las propuestas que consideran pérdida de tiempo, porque quien les da el poder y legalidad es el Ayuntamiento.
La CRSJ-PCP pidió que les señalen las arbitrariedades que supuestamente han cometido en contra de la población, “atendemos las demandas de apoyo de los comerciantes, ellos colaboran con lo que pueden, jamás hemos obligado a nadie a cooperar como lo hacen ellos”.
Resalta que Antorcha Campesina miente, que tienen pruebas de sus actos delictivos y de cómo su pequeño grupo presume sus cuernos de chivo de noche y día, y circula por caminos y barrancas sin que el gobierno diga algo.

Divulgan lista de presuntos extorsionadores de comerciantes

En el texto la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia Policía Ciudadana y Popular responsabiliza a varios ciudadanos de lo que les pase a sus integrantes en la comunidad de San Antonio, porque tienen antecedentes penales y otros ya han sido retenidos por robo, fraude y amenazas de muerte como Miguel Flores Aquino, Pedro Carrasco, Antonio Sesmo Vázquez, Jaime Ramón Melchor, Sebastián Ventura Dolores, Damián Vázquez de Jesús, Juan Vázquez Rosendo, José Gustavo Aquino Vázquez, José Aquino Catarino, Julio Remigio Flores, y Francisco de Jesús Hernández.
Dice que se apostan en las entradas de la comunidad para esperar a los comerciantes y exigirles una cuota de piso para que puedan vender, y si no la dan los corren y los amenazan, “para corroborar esto pregunten a los comerciantes, y si no lo creen vengan a cerciorarse con sus propios ojos para que chequen nada más, quiénes son los delincuentes que cobran piso”.
“Por eso están en desacuerdo con la PCP, dicen que les irrita la PCP, no les gusta que pongan puestos de vigilancia en las salidas de la comunidad, piden que no se les revise, que se les dé paso libre”, se lee en la misiva.
En el texto señala también a integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de ser parte de las acciones que emprende el gobierno contra la organización de seguridad.
Recuerda que el 11 de agosto en el Ayuntamiento, el síndico de Olinalá José Alberto Jiménez Patrón, el presidente municipal interino Armando Patrón Jiménez, el secretario general Omar Jiménez Patrón, el abogado asesor el antorchista Rogelio Hernández Aquino y el director general de Gobernación, Moisés Alcaraz Jiménez abogaron por los antorchistas, y este último tuvo la misma posición del 3 de febrero del 2013 en que se retuvo por amenazas de muerte y daños físicos a tres ciudadanos antorchistas reintegrados a la comunidad de San José Amoltepec.
El también llamado Movimiento por la Soberanía Popular (MSP) llamó a los pueblos indígenas y no indígenas a alzar la voz frente a los atropellos de los derechos humanos y si se quiere paz, seguridad, justicia, libertad y desarrollo se debe de empezar a construir desde abajo, como la única esperanza para preservar la vida y armonía de las comunidades y la naturaleza.