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Exigen organismos internacionales de derechos humanos la libertad de Marco Antonio Suástegui

Argumentan que el caso del vocero del Cecop se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa del territorio y la vida

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Redes internacionales de organismos de derechos humanos exigieron a los poderes del estado la libertad inmediata del vocero del Consejo Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, la tutela de su vida y el cese de las amenazas en su contra y de su familia.
En un comunicado que firman también el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Cecop, urgieron a la Segunda Sala Penal en Acapulco que de manera expedita, independiente y justa, contemple las pruebas presentadas en favor del luchador social para que se declare su libertad inmediata.
Sobre la trayectoria, recordaron que desde 2003 Marco Antonio participa en el movimiento opositor de la presa hidroeléctrica La Parota, y fue detenido  el 17 de junio de 2014 por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, ahora Fiscalía General.
A más de un año de encierro, organismos civiles internacionales se sumaron a su causa el pasado 12 de agosto, conocieron de voz de Suástegui en el penal de La Unión las violaciones a sus garantías desde su detención y las amenazas de las cuales ha sido víctima.
Por ejemplo, que el día de su aprehensión, sin que se le mostrara una orden en su contra, fue sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades que lo detuvieron, golpearon y le arrancaron tres uñas de de los pies.
En el traslado al penal federal de máxima seguridad de Tepic en Nayarit –que fue ilegal por incurrir en violaciones al derecho al debido proceso legal– el defensor de los derechos humanos fue privado de agua para beber durante dos días además de no contar con una revisión médica oportuna.
Denunciaron que en siete meses en la prisión federal, recibió muy poco alimento “que impactó y mermó su salud, derivando en actos de hostigamiento y discriminación”. El pasado 31 de junio fue trasladado al penal de La Unión, en la Costa Grande de Guerrero, donde recibió una carta anónima con amenazas de muerte, “acción que se suma a una serie de otras situaciones previas que le hacen temer por su vida y su familia”.
Consideraron que estas violaciones están estrechamente relacionadas con la lucha del Cecop y su vocero durante más 12 años a favor de la defensa de la tierra, el territorio y formas de vida de los campesinos que serían despojados de todo lo que tienen por la construcción de la presa La Parota.
Consideraron que el Cecop es piedra angular de la lucha en contra de las presas y en defensa de los ríos en México y fundador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
“El único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido demostrado”.
Pero el caso de Marco Antonio, se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa del territorio y la vida.
Entre ellos, está otra integrante del Cecop, María de la Cruz Dorantes, encarcelada por delitos similares a los que se imputan a Marco Antonio.
Ante las violaciones, urgieron a la Segunda Sala de lo Penal de Acapulco que analice las pruebas exhibidas por la defensa, que demuestran la fabricación de los delitos y ponen de relieve las violaciones al debido proceso que ha enfrentado, y otorgue la libertad a vocero del Cecop.
Firman el desplegado el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar), Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (Mab), International Rivers (IR), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (Comda), Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio Desc), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red tdtt).

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