Atribuye Suástegui el retraso a su libertad a presiones o chantajes sobre los magistrados

Considera que este lunes tendrían que resolver su caso que se apeló hace siete meses, porque no hay elementos de peso para seguir frenando el proceso

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por presiones o chantajes, los magistrados Edmundo Román Pinzón y Adela Román Ocampo están retrasando su libertad, denunció el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, cuando se enteró que pospusieron resolver su situación legal, por el delito de robo que lo mantiene en prisión.
Sin embargo, consideró que este lunes tendrían que resolver su caso que se apeló hace siete meses, porque no hay elementos de peso para seguir retrasando el proceso, del cual se comprobó que fue prefabricado. Aunque uno de los magistrados declaró el jueves que no tenían plazo para concluir el proceso.
En consulta telefónica desde la prisión de La Unión, Suastegui Muñoz advirtió que organismos internacionales de derechos humanos están observando la actuación de los magistrados y el Cecop radicalizará sus acciones si las autoridades insisten en mantenerlo en la cárcel.
Responsabilizó de las acciones de protesta a los magistrados que por línea política o presión del empresario gravillero de los bienes comunales de Cacahuatepec, Humberto Marín, están evadiendo su responsabilidad: impartir justicia.
Cuestionó el argumento de los magistrados para mantenerlo en prisión, las nuevas pruebas de cargo, que nada tienen que ver con el delito de robo agravado. Como prueba de que fue prefabricado, reveló que a la fecha no ha presentado las facturas de electrodomésticos, por un monto de 7 millones de pesos, que presuntamente robaron los integrantes del Cecop.
“Se están basando en la presión, el chataje de Marín, de los Bailón, de Jacinto Solís, de las mujeres que supuestamente fueron baleadas por el Cecop. Sabemos que es falso, desde que me tomaron preso, los Bailón tomaron las armas, las mujeres son cómplices, hoy, hay una línea de Estado, es una orden de allá arriba para impedir mi salida”.
Detalló que las pruebas en su contra son los amparos que solicitaron 40 opositores a La Parota que también fueron acusados de robo calificado. Precisamente indicó que la resolución de la segunda sala penal será determinante para sus procesos.
Recordó que el 14 de julio se llevó a cabo la audiencia de vista para que las partes presentaran sus pruebas, y el abogado de Marín presentó hace tres o cuatro días los amparos, fuera de tiempo y forma, por lo tanto no son válidas.
Confió en que a más tardar el lunes los magistrados resuelvan conforme a la ley su auto de libertad, haciendo valer su autonomía.
Aunque hay muchas irregularidades en esta apelación que debieron resolver en tres meses, pero han transcurrido siete meses desde que se presentó el recurso y un mes de la audiencia de vista.
El día de la audiencia de vista los magistrados pudieron resolver el caso, pero pospusieron la resolución y aceptaron nuevas pruebas fuera de tiempo, que no son de peso, sólo para alargar el proceso.
Si como prevén su defensa y Suástegui los magistrados dictan auto de libertad por delito de robo, el luchador social podría llevar el resto de las averiguaciones previas en libertad.
También fue acusado de ataques a las vías de comunicación, despojos, lesiones, que sí alcanzan fianza.
Lamentó que los magistrados “lo único que hacen es cuidar su chamba para que no los corran, reciben línea, órdenes”.
En un estado dónde la impunidad es grave, los magistrados deben actuar con honestidad y con forme a derecho “no por órdenes, no por cuidar su chamba… si no hay justicia hará otro tipo de acciones de más radicales”.
Recordó que desde su detención el proceso fue irregular y violentaron todas sus garantías, no lo presentaron ante un juez en las primeras 24 horas a su detención, lo torturaron en unas oficinas, lo trasladan al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde después de ocho días un juez pretendía que firmara una declaración donde asumía su responsabilidad en el primer delito que le fincaron.
Cuando lo detuvieron le dijeron que estaba acusado de tentativa de homicidio, ya en prisión lo acusaron de secuestro agravado para mantenerlo en prisión.
De regreso a una prisión de Guerrero, a partir de un amparo, presentó pruebas testimoniales, actas para desacreditar la denuncia de robo. Aclaró que si el proceso está avanzando es por la intervención de las organizaciones de derechos humanos y la presión social.
Rechazó que el gobernador, Rogelio Ortega Martínez, lo ayudó. Consideró que si reconoció que se está cometiendo una injusticia con él, debería exigir al poder judicial que actúe con rigor.