Se deslinda el Ayuntamiento de Cochoapa de la denuncia a un policía de la CRAC que está preso

Samuel Ramírez no es dueño del arma por la que lo detuvieron, le fue dada por la Casa de Justicia para el servicio de seguridad, insiste el abogado Rogelio Téliz. Los policías municipales que presentaron la denuncia ante la PGR ya no están servicio, informa

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los policías municipales de Cochoapa que acusaron al policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez de portación de arma sin licencia, ya no forman parte del Ayuntamiento, y el gobierno municipal se deslindó de la denuncia en contra del integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que lleva un año y diez meses en prisión.
No obstante el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García aclaró que se deben de agotar las diligencias para concluir el proceso legal, es decir, que la parte acusadora, los ahora expolicías que estando en funciones presentaron la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), declaren ante el juez.
Se les citó en dos ocasiones y no se presentaron, fueron notificados en el Ayuntamiento, por tercera vez fueron citados para el 4 de septiembre, ahora en sus domicilios, como civiles. Confió en que esta vez sí se presenten porque algunos ya fueron ubicados en los poblados.
En caso de que hayan cambiado de domicilio, por la constante migración en la región Montaña, indicó que hay otros medios de notificación, a través de edictos publicados en los diarios.
Gálvez García cumplió 20 años de edad hace dos meses, y fue detenido durante su servicio como policía comunitario con seis policías más de la Casa de Justicia de la CRAC, los demás salieron en libertad bajo fianza, para seguir el proceso en libertad.
Del joven policía, con base en la Ley de Armas de Fuego se señaló que su arma, una carabina 30-30, es de alto poder y se le dictó auto de formal prisión.
El abogado añadió que de acuerdo con la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Samuel no es dueño del arma, le fue dada por la Casa de Justicia para el servicio de seguridad, por lo tanto no se configura el delito de portación ilegal del arma.
Dijo que ya presentaron las actas de asamblea en las que consta que es policía comunitario, que daba un servicio honorario en la comunidad indígena, y que el arma pertenece a la comunidad. Ahora hay un proceso de apelación en trámite.
Aunque los policías municipales por orden de sus superiores presentaron la denuncia ante la PGR, informó que estas personas ya no están servicio, tampoco el entonces director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cochoapa. Estimó que el juzgado tendría que agotar esta diligencia.
En tanto el Ayuntamiento de Cochoapa se desentendió de la denuncia contra el policía comunitario, el abogado indicó que sólo dice que los policías ya no son sus trabajadores, para que las instancias judiciales se encarguen de buscarlo.
Del asesor de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, que estuvo preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México, y ahora en la prisión de Ayutla, indicó que hay dos procesos de apelación por los autos de formal prisión, de robo en agravio del Ayuntamiento de Ayutla y de secuestro.
El secuestro es el mismo del que fueron acusados la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, el coordinador, consejeros y policías de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Del coordinador de El Paraíso, Bernardino García Francisco y cinco integrantes más de la CRAC, también presos en Ayutla, indicó que hay un amparo contra el auto de formal prisión que se retrasó mucho porque se debía notificar a 43 personas, presuntas víctimas de secuestro.
Aclaró que desde el 3 de agosto, hace doce días, el caso  fue turnado para su estudio al Juez sexto de distrito, para su resolución.